Sánchez sella con Junts su investidura sin moverse del no al referéndum y a cambio de amnistiar todo el 'procés'

De madrugada el jueves llegaba el pacto. Uno de los movimientos políticos más trascendentales y arriesgados en los últimos tiempos en España. El PSOE y Junts unían sus caminos, pero no simplemente para la investidura. Es el paso más importante para intentar cerrar la década del procés que puso a Cataluña y a España al borde del abismo.

Los socialistas y Junts ya tienen firmado su acuerdo político. Cuatro páginas que han hecho sudar a los negociadores y que se han rubricado con la intención de “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”. Y que de facto suponen la vuelta del espacio posconvergente a hacer política a nivel nacional y a apelar a la Constitución como marco.

El acuerdo con Junts era el escollo principal para la investidura de Pedro Sánchez, que necesita sí o sí los votos de los de Carles Puigdemont. La firma del documento en Bruselas por parte del número tres del PSOE, Santos Cerdán, y del secretario general de Junts, Jordi Turull, despeja el camino para que el socialista siga conservando el Palacio de La Moncloa. De esta manera, Ferraz ha atado ya los votos de ERC, Junts, BNG y EH Bildu, a la espera de cerrar el último pacto con el PNV.

La investidura, la semana que viene

La intención del PSOE es ir a la investidura la semana que viene (previblemente los días 15 y 16, aunque tiene que convocar todavía oficialmente la presidenta del Congreso, Francina Armengol). De ahí saldrá un nuevo Gobierno de corte progresista, integrado por los socialistas y Sumar, y con apoyo externo de los nacionalistas e independentistas, con vocación de durar los cuatro años de la legislatura.

Las negociaciones entre el PSOE y Junts se habían ralentizado la última semana, a pesar de las prisas de Pedro Sanchez por cerrar el acuerdo la semana pasada. El principal escollo estaba en delimitar el entorno de la ley de amnistía. Al final hubo fumata blanca con un Carles Puigdemont que apretó para abrir el abanico de posibles casos aplicables dentro de la norma.

Esta proposición de ley, cuyo texto no se ha hecho público todavía, debe ser ahora revisada por el resto de actores en el pacto en el Congreso con la idea de que se registre de manera conjunta antes de que se celebre esa sesión de investidura. Se ha mirado hasta la última coma para afinarla lo máximo posible jurídicamente y que no sea tumbada por el Tribunal Constitucional, hasta donde llegará por el recurso anunciado por el Partido Popular.

Laura Borràs, excluida

Sí desveló Santos Cerdán que esta ley no citará ningún nombre en concreto y que se aplicará en los casos relativos al procés desde 2012 hasta 2023. El acuerdo entre el PSOE y Junts materializa este compromiso: “Debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”.

“En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, añade el documento.

Este punto se convirtió en los últimos días en el gran fleco con Junts intentando introducir casos abarcables por la amnistía en calidad de lawfare (la instrumentalización de la justicia por motivos políticos). Finalmente, según recoge el texto, no estará incluida dentro de la ley, sino que se emplaza a futuras comisiones de investigación para detectar esos casos y que se pueda introducir posteriormente a través de cambios legales. Pero esto excluye de la norma en estos momentos casos reivindicados por Junts como el de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por el caso de los contratos troceados.

Fuerte malestar en la judicatura

La firma ha provocado un fuerte malestar dentro de la judicatura y las cuatro principales asociaciones de magistrados, incluida la progresista Juezas y Jueces para Democracia, emitieron un duro comunicado por esa referencia al lawfare y sus “consecuencias”. “Podría suponer en la práctica someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. “Estas expresiones son inaceptables, el Poder Judicial en España es independiente”, consta en el texto.

Los negociadores socialistas, por su parte, inciden en el texto de amnistía que ahora revisan todos los grupos tras el acuerdo con Junts cabe perfectamente en la Constitución. Y, además, como explicó el propio Cerdán, la última palabra corresponde a los jueces, que tienen aplicar caso por caso esta ley sobre los implicados.

Mediador internacional, referéndum fuera del acuerdo

El otro gran acuerdo concreto que supone este documento es la creación de un mediador internacional, que se circunscribe a una mesa de partidos entre el PSOE y Junts (distinta a la creada con Esquerra y que también tendrá un verificador). La primera reunión de ese nuevo ámbito de negociación tendrá lugar este mismo mes de noviembre y será fuera de España para que pueda participar Carles Puigdemont, como explicó el propio expresident en la declaración que hizo tras la firma del documento.

La eterna reivindicación de un referéndum por parte de los soberanistas no tiene ningún tipo de concreción en lo acordado. El texto sólo recoge que Junts lo propondrá en las reuniones y se añade: “amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Esto supone una novedad en el espacio posconvergente, que había dado por amortizado el texto de la Carta Magna y vuelve a citarla. Esa referencia supone de facto un rechazo a la unilateralidad. 

El texto también recoge la postura del PSOE: “Defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”. Pedro Sánchez, por tanto, rechaza esa consulta y apuesta por profundizar la ley aprobada durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero, sometida a referéndum entre los catalanes y posteriormente recortada en la polémica sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 (a raíz de un recurso presentado por Mariano Rajoy). 

En materia económica, el texto no tiene acuerdos concretos, sino que marca posiciones de salida. Por parte de Junts, se pide que en la futura ley de financiación autonómica se reconozca la excepcionalidad de Cataluña a fin de conseguir recaudar el 100% de los tributos por parte de la Generalitat. En cambio, el PSOE apela al diálogo singular sobre el impacto de la financiación de Cataluña, su ayuda para su autonomía en los mercados (actualmente su deuda depende del Estado) y la intención de fomentar que vuelvan las sedes sociales de las empresas que se marcharon. Esta parte del pacto es mucho más vaga que la que alcanzó el PSOE la semana pasada con ERC, que estaba obsesionada con medidas tangibles. Entonces se rubricó el traspaso total del servicio de Rodalies y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda (con un ahorro de 1.300 millones en concepto de intereses).

Lo que sí tiene el pacto con Junts es las plasmación por escrito de que se busca el acuerdo político a pesar de las “discrepancias” entre las dos partes. Y se detalla: “Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. Todo bajo esta filosofía que no se había practicado hasta ahora: “Se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.

La carpeta catalana era la más compleja para el PSOE en un acuerdo en el que ha trabajado directamente Santos Cerdán en Bruselas, pero que ha tenido la firma intelectual de los ministros en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, y de Presidencia, Félix Bolaños, bajo la supervisión siempre de Pedro Sánchez. Los socialistas se preparan para hacer pronto una fuerte labor pedagógica para que se entiendan bien sus pactos de cara a sus votantes y ciudadanos.

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El acuerdo se produce de manera simbólica un 9 de noviembre, que es una fecha señalada dentro del independentismo porque supuso el primer gran referéndum ilegal convocado entonces por Artur Mas, y que sería uno de los primeros movimientos masivos durante el procés. Supone además que el espacio posconvergente vuelva dentro del cuadrilátero parlamentario. El propio Puigdemont reconoció que la amnistía es “una forma de devolver a la política lo que es de la política”. El hombre que impulsó una declaración unilateral de independencia y que huyó de la Justicia española regresa a la participación de la política dando sus votos para la investidura de un presidente español. De manera paralela, en el Parlament este jueves ERC y Junts se desvincularon de la propuesta de la CUP de un referéndum unilateral.

Y, además, el pacto entre el PSOE y Junts llega en un momento de tensión social después de varios días de protestas en la sede socialista en la madrileña calle de Ferraz y en otras casas del pueblo. Durante varias noches se han congregado miles de personas frente a las oficinas protagonizando ataques violentos y coreando consignas como “Viva Franco”, “Pedro Sánchez traidor”, “Marlaska maricón” o “Felipe VI masón”.

La derecha política salió en tromba para desacreditar el pacto y se prepara para seguir en las calles; el domingo el PP ha impulsado manifestaciones en todas las capitales de provincia. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, lanzó en una declaración en la calle Génova: "Estamos ante un desafío a la democracia española que requiere la reacción de los demócratas españoles, sin distinción de ideología". Asimismo, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó de “ilegal” y “golpista” el futuro Gobierno progresista del PSOE y Sumar.