Qué es el 'lawfare', la palabra que envenena el acuerdo con Junts y que ha puesto en pie de guerra al mundo judicial
Noviembre de 2001. Solo han pasado un par de meses desde los brutales atentados de Al-Qaeda en suelo estadounidense. Y Charles J. Dunlap, general de división de la Fuerza Aérea de EEUU, ofrece una conferencia en la prestigiosa Universidad de Harvard en la que trata de concienciar al personal militar de la necesidad de incorporar el derecho al ámbito operacional. Para ello, pone sobre la mesa el término lawfare, un cruce entre law (ley) y warfare (guerra). La expresión no es novedosa, ya había sido utilizada anteriormente en alguna ocasión. Pero él la populariza dentro de los círculos militares. Y lo hace con la siguiente definición: "El uso de la ley como arma de guerra". Una explicación que ha ido completando con el paso de los años: "Es la estrategia de utilizar (o abusar) de la ley como sustituto de medios militares tradicionales para alcanzar un objetivo operacional".
Con el paso de los años, el uso de este concepto se ha ido extendiendo a otros ámbitos fuera del contexto bélico. Entre ellos, el político y el judicial. Tanto es así que la utilización de este término en el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha provocado la reacción unánime de magistrados y fiscales. Todas las asociaciones de jueces han señalado que dichas expresiones "no son aceptables" en cuanto "traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial". Un rechazo al que se han sumado también los colectivos de representantes del Ministerio Público. "Supone la asunción por los firmantes de que la actividad jurisdiccional desarrollada ha servido a fines espurios", ha lanzado la Asociación de Fiscales en un comunicado.
A nivel político, lawfare se refiere al uso de los tribunales para hacer caer a un rival. Aunque este término aún no aparece recogido en el diccionario de la Real Academia Española, la Fundación del Español Urgente –la Fundéu– lo define concretamente como "el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político". Esta concepción comprendería, según señala la catedrática de Derecho Constitucional Paloma Biglino en "Los retos a la independencia judicial", la existencia de una "justicia cómplice", unos "medios de comunicación afines" y la "implicación de líderes políticos que participen en la ofensiva".
"Han existido, y siguen existiendo casos en los que la combinación de acciones judiciales, campañas en los medios de comunicación y acerbas críticas por parte de ciertos dirigentes han generado resultados similares a los que antes sólo se conseguían mediante golpes de Estado", señala Biglino. La jurista centra el foco, especialmente, en América Latina. Es allí donde se recurre con mayor intensidad a esta estrategia de acoso y derribo. El caso más destacado es el de Inácio Lula da Silva. Primero, fue condenado a varios años de prisión por corrupción, lo que le dejó fuera de la carrera presidencial de 2018. Y luego, el Supremo anuló sus condenas y declaró que el juez Sérgio Moro, el que le metió entre rejas y que luego sería ministro de Jair Bolsonaro, había actuado de manera parcial.
Poco a poco el uso de este concepto se ha ido extendiendo. Lo ha utilizado hasta el mismísimo papa Francisco. "Con el fumus delicti, el olor del delito, a veces el humo te lleva al fuego del delito. Otras veces es un humo que se pierde porque no tiene fundamentos. El lawfare usa el humo del delito como realidad y empiezan con los medios de comunicación a dejar a la persona en offside", decía en abril en una entrevista en el canal argentino C5N. En la charla hizo mención al caso de Lula da Silva. Y también al de quien fuera su sucesora, Dilma Rousseff. "Empieza a través de los medios de comunicación, que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen esos sumarios grandísimos y, para condenar, basta el volumen de ese sumario, aunque no se encuentra el delito", apuntó.
También a este lado del Charco, en el Viejo Continente, el uso de esta expresión se ha ido normalizando a lo largo de los últimos años. Y, de hecho, la Unión Europea lleva ya un tiempo trabajando para tratar de poner freno al uso torticero que partidos, políticos o grandes empresas hacen de los tribunales para intentar silenciar a periodistas o activistas sociales. Se trata de una modalidad de lawfare conocida como SLAPP –demandas estratégicas contra la participación pública, por su traducción al español– de la que ha sido víctima este diario en alguna ocasión. Hace justo un año, la Comisión Europea dio luz verde a una directiva contra este tipo de ofensivas en los juzgados. Pero, a día de hoy, el texto todavía está en proceso de negociación.
Del juez Alba a las acusaciones de Puigdemont
El abogado penalista y mediador de Sumar, Jaume Asens, ha salido este viernes al paso de las críticas por la inclusión de este término anglosajón en el acuerdo político de investidura. En una entrevista radiofónica, el letrado ha señalado que no se puede negar que en nuestro país también se han vivido casos de lawfare. Y ha puesto como ejemplo el que afectó a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que se vio obligada a dar un paso al lado en su carrera política como consecuencia de una causa fabricada.
El primer intento para hacer caer a Rosell se produjo cuando apenas quedaban dos semanas para las elecciones generales del 20D. La Fiscalía decidió entonces abrir una investigación contra la jueza tras la aparición de un contrato entre Productora Audiovisual UD Las Palmas y la empresa del marido de la entonces candidata morada al Congreso de los Diputados. Rosell no dudó en poner el foco sobre el exministro de Industria José Manuel Soria, que respondió con una querella por injurias y calumnias. Sin embargo, aquellas pesquisas quedaron en nada. De hecho, el TSJ de Canarias llegó a sentenciar que el fiscal había vulnerado los derechos de Rosell ya que no podía ni investigarla ni difundir lo que estaba haciendo.
Fue entonces cuando dio comienzo la segunda conspiración. El 16 de marzo de 2016, nueve días después de que el tribunal superior cerrase definitivamente el paso al Ministerio Público, el juez Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC), se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Rosell. La declaración sirvió a Soria para ampliar su querella contra la juez, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retraso malicioso, prevaricación y cohecho.
Aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, fue el comienzo de todo: el Supremo admitió a trámite la querella y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Pero también el final. En cuanto el audio se filtró, comenzó la caída a los infiernos de Alba. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le condenó a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. El Supremo confirmó el fallo con una sentencia en la que consideraba probadas las maniobras "para introducir en la causa aquellos datos y documentos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio" de Rosell. Hace justo un año, el exjuez ingresó en prisión.
Parte de la literatura apunta al timing como uno de los elementos esenciales del lawfare. En resumen, el asunto se hace público en momentos de alto coste político. En Junts, por ejemplo, no han dudado en calificar esta semana como una maniobra de este tipo la decisión del magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, de imputar un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Un pronunciamiento que cayó como una bomba en plenas negociaciones para la investidura. Y que ha sido muy cuestionado tanto por la propia Fiscalía, que considera "insuficientes" los indicios que existen, como por algunos juristas.
"Activados por partidos políticos"
En La guerra de los jueces. El proceso judicial como arma política (Catarata, 2022), el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín señala que "en la mayoría de las ocasiones" los jueces no actúan por "iniciativa propia", sino "activados por partidos políticos" que estiman que "les resulta más rentable judicializar cuestiones que no podrían alcanzar por las vías establecidas en los sistemas parlamentarios". Ahora bien, continúa, quien viste la toga tiene "la responsabilidad de rechazar las pretensiones" que "exceden del campo de sus competencias" e invaden espacios "reservados a la confrontación y el debate propio de la vida política". "En España este problema está adquiriendo dimensiones preocupantes", completa.
Biglino, por su parte, señala que no es posible "excluir" que, incluso en los Estados de derecho "más asentados", existan "jueces que antepongan su propia ideología a las obligaciones que impone el principio de imparcialidad". Pero recuerda que no tienen "la última palabra" y que "los sistemas democráticos" contienen "garantías" para evitar que prosperen . "El derecho a la tutela judicial, especialmente en materia penal, obliga a la doble instancia, por lo que es posible esperar que, mediante el sistema de recursos, los órganos jurisdiccionales superiores reparen los posibles abusos cometidos por los inferiores", recuerda la constitucionalista. Y en casos excepcionales, siempre "queda" la protección de los tribunales internacionales, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La catedrática de Derecho Constitucional, no obstante, señala en su artículo que la idea de lawfare "pone en cuestión la independencia de los jueces y genera desconfianza de la neutralidad y autonomía que es preciso reconocerles". "En vez de considerar que los casos en que se hace un mal uso de esa posición pueden ser aislados y que el Estado de Derecho ha de contemplar medios para corregirlos y castigarlos, la excepción se eleva a regla general", completa. En España existen actualmente más de cinco millares de jueces. Por eso, Martín Pallín también deja caer en su obra que "no se puede generalizar la extensión" de esas "conductas intervencionistas a todo el cuerpo judicial". Pero eso no quiere decir, sin embargo, que no existan o hayan existido.
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En el acuerdo suscrito con Junts, el término lawfare sale a flote en el apartado relativo a la futura Ley de Amnistía. Ahora bien, con una redacción bastante confusa: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
En el mundo judicial –jueces, fiscales o abogados– se ha entendido que con este párrafo lo que se pretende es revisar en vía parlamentaria las decisiones adoptadas por los tribunales, una "flagrante vulneración del principio de separación de poderes", en palabras de los presidentes y presidentas de las Audiencias Provinciales. "Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", apuntaban de forma unánime todas las asociaciones judiciales en un comunicado conjunto que lanzaron este jueves.
El PSOE, sin embargo, ha negado que lo que se pretenda es crear comisiones de investigación para detectar casos de lawfare. A lo que se refiere el acuerdo, han señalado los socialistas, es a la creación de las dos que se habían pactado con Junts y ERC: una relativa a la Operación Cataluña y otra sobre el espionaje de Pegasus. "Por tanto, lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier otra, contengan recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho", han tratado de explicar desde el PSOE.
