Trabajadores de la Administración Pública denuncian declaraciones "políticas" contra la amnistía
La Academia Española de Administración Pública ha emitido este lunes un comunicado en respuesta a las declaraciones de jueces, abogados, notarios y letrados contra los acuerdos de investidura firmados por el PSOE y sus futuros socios de gobierno, en los que se alerta de supuestas amenazas al Estado de Derecho y al Orden Constitucional.
Consideran que estas asociaciones se han excedido del ámbito “estrictamente profesional” y que, además, “sientan un peligroso precedente en la Función Pública”, por razones “puramente políticas”. Alertan desde la Academia de que se están poniendo en cuestión “los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad”, a los que deben obedecer todos los empleados públicos, de acuerdo a lo que establece la Constitución.
“Ni en el pasado, ni tampoco ahora, corresponde al colectivo profesional de empleados públicos emitir juicios con carácter preventivo y motivación política, para influir, obstaculizar o alterar el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático”, afirman en el comunicado, en el que insisten en que “cualquier declaración o escenificación previa podrá perseguir otros fines, pero desde luego no el de garantizar la vigencia o integridad de un Orden Constitucional que, en este momento, no está amenazado ni puesto en entredicho”.
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La Junta Directiva de los funcionarios públicos recuerda que el Estado de Derecho cuenta con las herramientas e instituciones adecuadas para garantizar “el pleno respeto a la Constitución”, así como “la legalidad vigente”, y reafirman su compromiso con los valores y principios de la Carta Magna, en especial con aquellos que exigen el, respeto de las decisiones adoptadas por los “legítimos representantes del pueblo español”.
Instan al resto de profesionales de la Función Pública a continuar “por la misma senda que hasta ahora”, sin adentrarse en el “nuevo camino por el que algunos pretenden adentrarse”, en el que se confunden “las legítimas opiniones políticas en cuanto ciudadanos, del papel de imparcialidad y neutralidad que deben desempeñar los empleado públicos de una Administración que, según la Constitución, es dirigida por el Gobierno elegido democráticamente por las Cortes Generales.
Este comunicado llega después de la oleada de comunicados en contra de la amnistía y de la inclusión del término lawfare, incluido en el acuerdo de Junts y el PSOE. Organizaciones de jueces, abogados, notarios y letrados se han opuesto, además de varias asociaciones de la Policía y la Guardia Civil. A ellos se han sumado estos días medio centenar de diplomáticos jubilados, los inspectores de Hacienda, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y varios rectores de universidades españolas.
