Los partidos llevan al Congreso la ley de amnistía para "garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho"
Tras varias semanas de tiras y aflojas, la ley de amnistía ya es una realidad. El PSOE y las distintas formaciones que apoyarán esta semana la investidura de Pedro Sánchez han cerrado este lunes la tan esperada norma de olvido jurídico [puede consultarse aquí]. Bajo el nombre "Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", el texto, que previsiblemente se registrará este lunes en el Congreso de los Diputados, busca la anulación de los "actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable" en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, siempre y cuando los mismos hubieran sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023. Todo, completa la norma, en "aras de un interés general" consistente en "garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho".
La ley de amnistía cuenta con más de una veintena de páginas, de las cuales una docena están dedicadas en exclusiva a justificar la promulgación de la misma. Una exposición de motivos en la que, entre otras cosas, las fuerzas políticas defienden la constitucionalidad de la medida de gracia y su necesidad. "Una ley de amnistía solo puede fundamentarse en la solidez del sistema democrático, que demuestra así su capacidad de conciliación a través de un acto soberano de las Cortes Generales, cuya legitimidad encuentra fundamento en dos pilares de distinta naturaleza: por un lado, la constitucionalidad de la medida y, por otro, la necesidad de abordar una situación excepcional en pro del interés general, apostando por un futuro de entendimiento, diálogo y negociación entre las distintas sensibilidades políticas, ideológicas y nacionales", recoge la norma.
Con la aprobación de esta norma, lo que el legislador pretende es "excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general", consistente en garantizar la "convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político".
"Además, y en relación directa con lo anterior, debe tenerse presente que en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento. Las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales. No obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional", continúa el texto, en el que se recuerda que una sociedad que trata de avanzar desde "un punto de vista democrático" debe tener la capacidad de "favorecer y ubicar entre sus prioridades" la convivencia, el diálogo, el respeto y el eventual entendimiento entre las diferentes posiciones y reivindicaciones políticas democráticas.
De la norma, compuesta por 16 artículos, se podrán beneficiar, entre otros, los líderes independentistas ya condenados por el Tribunal Supremo. La misma también cubriría a los dirigentes huidos de la justicia que aún tienen una causa abierta en el Alto Tribunal por el procés, así como a todos aquellos dirigentes independentistas sobre los que aún pesan procedimientos en otros tribunales por su participación en el otoño caliente catalán de 2017, como puede ser el caso de Josep María Jové y Lluís Salvadó, ex secretario general de Vicepresidencia y ex secretario de Hacienda, respectivamente, enredados en la causa centrada en la arquitectura del 1-O.
Del mismo modo, la amnistía también es aplicable a "las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo". Esto beneficiaría, por ejemplo, a más de siete decenas de agentes que mantienen causas abiertas por su actuación tanto el día de la consulta independentista como en jornadas posteriores a la misma.
La amnistía, en principio, también desplegaría sus efectos en los casos de Tsunami Democràtic o los Comités de Defensa de la República (CDR). En ambos procedimientos, el delito que ha sido puesto sobre la mesa es el de terrorismo, algo que complicó en los últimos días la negociación de la norma. Sin embargo, el texto final trata de esquivar ese escollo excluyendo de este olvido jurídico sólo los actos tipificados como terrorismo "siempre y cuando haya recaído sentencia firme", algo que aún no ha sucedido en ninguno de estos dos procedimientos.
Al margen de la amnistía quedaría, en principio, la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por trocear contratos. O la corrupción vinculada a la familia Pujol.
