¿Una huelga general ilegal? Feijóo deja a Vox el trabajo sucio pero Abascal quiere que se manche las manos

No, pero sí. Sí, pero no. El PP volvió este lunes a responder con evasivas a las iniciativas que Vox está tomando para aumentar la presión contra Pedro Sánchez. Sin desautorizarlas, pero tampoco alentándolas expresamente. La última, la huelga general convocada para el próximo 24 de noviembre por Solidaridad, el brazo sindical de la ultraderecha, apenas una semana después de la previsible investidura del presidente del Gobierno.

“No hemos tenido tiempo de hacer una valoración adecuada”, trató de excusarse Miguel Tellado, el siempre locuaz vicesecretario general del partido y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en Génova, que este lunes oficiaba como portavoz tras la reunión del Comité de Dirección del PP. “En cualquier caso”, añadió para negarse a emitir un opinión en nombre del Partido Popular, “en este país las huelgas generales las convocan las organizaciones sindicales, no los partidos. Y, por lo tanto, habrá que escuchar qué es lo que dicen los distintos sindicatos que existen en nuestro país”. Hasta la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró inusualmente cautelosa. Hay que medir y ver qué consecuencias traería, dijo, en un momento en el que “muchos ciudadanos que no se pueden permitir estas huelgas, que tienen daños colaterales”.

La prevención de los de Feijóo tiene que ver con varios factores. En primer lugar, con el temor a que la convocatoria sea un fracaso y se vuelva contra sus convocantes, sobre todo porque ni UGT ni CCOO tienen intención alguna de apoyarla. Y, en segundo lugar, porque las huelgas generales de inspiración política, como esta, son ilegales en España.

De ahí que el líder de Vox, Santiago Abascal, cuya formación es la que está detrás de la iniciativa del sindicato Solidaridad, tratase este lunes de envolver la convocatoria con la idea de que también servirá para defender a los trabajadores. Y que aprovechase además para pedir apoyo a otros representantes sindicales que considera contrarios al Gobierno: “Espero que se sumen otros sindicatos profesionales, sindicatos de funcionarios y muchos españoles”. La huelga “tiene una motivación política”, reconoció, “pero también laboral, y lo político y lo laboral están estrechamente unidos. Sobre todo en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez”, que según él son a la vez “un golpe de Estado y un ataque brutal a los derechos de los trabajadores. Esta huelga es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar”.

El PP no hace lo mismo, pero tampoco se opone. Exactamente igual que con las movilizaciones frente a las sedes del PSOE, hacia las cuales Génova se ha mostrado más que comprensiva, pese a no apoyar esas convocatorias. Y en las que casi a diario participan elementos violentos con símbolos y cánticos franquistas, con los que el PP apenas ha tomado distancia. Son “noches y noches de resistencia ante un golpe de Estado”, elogió este lunes Abascal. Y los “seguimos alentando”, confirmó.

Comprensión

El modus operandi es similar al que rige a la hora de juzgar las declaraciones de sus dirigentes más extremistas, como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Tellado no sólo evitó desautorizar su afirmación de que España ha entrado en “una dictadura” sino que se mostró comprensivo con las expresiones de la baronesa madrileña. “Concuerdo con la presidenta Ayuso. Hoy la democracia española es más débil, los cimientos de nuestra democracia se encuentran amenazados por el Gobierno de España”.

Seguir a Vox, para no verse desbordados por los ultras, es lo que motivó en septiembre la decisión del PP de abandonar la prioridad que inicialmente había dado a la oposición institucional a Sánchez por la movilización en la calle. Y lo que ha hecho que Génova sea indulgente con los cada vez más frecuentes desafíos a la legalidad de sus socios de Gobierno. Nada ha dicho el PP, por ejemplo, sobre la apelación de Abascal a que la policía desobedezca órdenes y desproteja las sedes socialistas para dejarlas en manos de los violentos.

Los de Vox, sin embargo, no se resignan a hacerle el trabajo sucio al PP y han decidido aumentar la presión para obligar a Feijóo a mojarse. Primero, y con toda urgencia, exigiendo a los barones territoriales del Partido Popular con los que comparten gobierno (Jorge Azcón, María Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras y Carlos Mazón) que sumen sus respectivos gobiernos a la movilización en la calle contra Sánchez. Llamando a los ciudadanos a la protesta y también rompiendo relaciones con el Gobierno de España.

“Pasamos de solicitar a exigir [al PP]”, advirtió, allí “donde compartimos gobiernos, que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales por encima de los partidos, que llamen al conjunto de la sociedad a protestar masivamente”, explicó el líder de Abascal. 

Lo que Vox pretende es que el PP sume las instituciones autonómicas y locales que controla a la disputa política sobre la amnistía para intentar parar la previsible decisión que va a tomar el Congreso de investir a Sánchez. “Que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales”, insistió Abascal. “Es urgente” que se celebren “esta misma semana”, antes de la investidura.

Desafiar la legalidad

El PP, según el líder de Vox, está a favor de esa estrategia, pero no acaban de ponerla en práctica. Y a los ultras se les acaba la paciencia. Quieren que Feijóo se ensucie también las manos. Por eso exigen también que el PP desafíe la legalidad utilizando su mayoría absoluta en el Senado para rechazar la tramitación de la ley de amnistía cuando el proyecto llegue a la Cámara Alta. “Existe una clara mayoría en el Senado que se puede utilizar para paralizar la tramitación”.

La decisión de la extrema derecha de oponerse a la amnistía y a la investidura de Sánchez incluye cada vez más desafíos implícitos al orden constitucional. “Vox no va a parar” aunque salga adelante “la investidura golpista”, confirmó Abascal en rueda de prensa. “Va a seguir alentando las movilizaciones frente a las sedes” y “no va a volver a la normalidad, como espera el PSOE”. “No va a aceptar esta nueva normalidad, no va a aceptar un gobierno ilegal. En las calles, los tribunales y los gobiernos que dependen de nosotros”, resumió.

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En esa línea”, advirtió Abascal, el PP debe abandonar los “complejos”. “Si estamos ante un golpe de Estado, no es la hora de la movilización de los domingos. Es el momento de la movilización permanente. No es el momento de mirar las diferencias partidarias o de mirar si el que está al lado nos cae un poquito mejor o un poquito peor”. 

De momento, UGT ya ha rechazado la huelga general convocada por el sindicato de Vox. Su secretario general, Pepe Álvarez, recordó además la limitada representatividad de Solidaridad, que no negocia ningún convenio colectivo en España y que, según dicen ellos mismos en su página web, cuentan con una representación de 250 delegados, cuando el total de España es de 250.000.

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), en cambio, no sólo la apoya, sino que ha pedido expresamente a la CEOE que la respalde.