Un tsunami de 76.000 desahucios pende de que se extienda la moratoria más allá de este año

Hay gente obligada a vivir en puro presente, soñando en ocasiones que la vida vuelva a ser lo que fue. En la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) son conscientes. Por ello un grupo de representantes del colectivo de toda España ha puesto rumbo a Gijón, ciudad asturiana que acoge la reunión informal ministerial de Vivienda y Desarrollo Urbano, presidida por la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en funciones, Raquel Sánchez, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. ¿Su misión? “Denunciar públicamente la emergencia habitacional” que, a su juicio, “sufre” el país, aprovechando la visita de los ministros europeos del ramo. “Creemos que es pertinente que conozcan todas las carencias que tenemos en el territorio español sobre la vivienda”, asevera rotunda Lucía Delgado, una de las portavoces de la PAH.

En la retina tienen una ausencia: en el acuerdo de gobierno que rubricaron el pasado octubre PSOE y Sumar “no se habla de desahucios”, pese a que se recogen hasta 14 medidas en materia de vivienda, algunas ya anunciadas en la legislatura que se escurre. Y tienen un temor de cara al futuro. El Gobierno ha extendido hasta final de año la suspensión de los desahucios para reforzar el derecho a la vivienda y proteger a los hogares vulnerables, en el marco de la extensión de la vigencia del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En concreto, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó en junio ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Desde los movimientos sociales advierten de que la finalización de esa moratoria supondrá un punto de inflexión que provocará una oleada de salidas de familias sin recursos de sus casas, opongan o no resistencia.

Desde la PAH explican que en la actualidad, “se producen 174 desahucios al día, según los datos de lanzamientos en el segundo trimestre de 2023 ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, aunque mantienen que la información oficial no incluye a todas las personas expulsadas de sus hogares, sólo los casos que pasan por los juzgados, con lo que se quedan fuera de ese radar los “desahuciados invisibles” a causa de situaciones como “subidas de alquiler” o “acoso inmobiliario”, apunta un miembro de la plataforma. Aún así, 174 desahucios diarios es una cifra nada desdeñable, sobre todo, si se tiene en cuenta que se produce, “a pesar del escudo social que lleva en vigor desde 2020 y cuyo objetivo era, según el Gobierno, no dejar a nadie atrás”, enhebran.

Si nada cambia, “a partir del 31 de diciembre este escudo social decaerá” y provocará “una crisis social muy parecida a la que sufrimos durante la post-burbuja en 2009”, avisan. “Consideramos que puede producirse un tsunami de desahucios de familias que los tienen paralizados”, manifiesta Delgado. Preguntada sobre el número que estiman podría llegar a producirse, responde que no lo tienen cuantificado al detalle, pero añade: “Si en 2022 hubo más de 38.000 desahucios en el Estado, calculamos que mínimo serán el doble”, es decir, alrededor de 76.000.

En ese escenario, tildan de esencial que “el Gobierno que se está conformando en estas semanas deje de prorrogar estas medidas, lo que al final es una condena, y que la moratoria se convierta en una medida estructural”, resume la portavoz de la PAH. Han puesto empeño en desplazarse hasta Gijón para “exigir esta medida”, a su entender, “la más urgente” que debe tomar el nuevo Ejecutivo central, ya que “se debe legislar antes de que acabe el año”. 

“Muchas familias están haciendo un sobreesfuerzo para poder pagar su vivienda y necesitamos voluntad política para que en la nueva legislatura, en 2024, realmente se garantice el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía de España”, remarca Delgado. Ese recogido en el artículo 47 de la Constitución española.

Una ley histórica, pero incompleta

Otras fuentes de la PAH lamentan la falta de reflejo de las propuestas que desde la órbita de los movimientos sociales se han hecho para “solucionar esta crisis” habitacional la ley por el derecho a la vivienda a la que se dio luz verde en mayo, la primera de la democracia. En ese sentido, se quejan de que siga sin abordarse la cuestión de fondo: entender que la vivienda es “un derecho básico” de los ciudadanos y no “un activo de mercado”. Reclaman políticas valientes que pongan freno real a “los fondos buitres sin escrúpulos”. Acabar con Goldman Sachs o Blackstone de caseros, como ha sucedido, “te puede complicar mucho la vida”, denuncian.  

La PAH critica que, pese a lo dicho, “no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la SAREB siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus, y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose", ya que "en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea”. En opinión de los integrantes de esta entidad, el estado de esta problemática es "insostenible” porque “la vivienda asfixia a 3 millones de hogares” y “6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa”, deslizan. Unos números que vendrían a corroborar otros de la propia PAH en los que se asegura que “3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión”. 

Piden acción para dejar atrás los desahucios de una vez y obligar a bancos y a fondos de inversión a facilitar alquileres sociales, dado que “acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación”, proclaman.

Las viviendas habituales copan las ejecuciones hipotecarias

La PAH pone deberes al Gobierno que todavía está por definirse por miedo a una nueva explosión de dramas humanos, mientras las estadísticas oficiales confirman un panorama actual en cierta calma tras lo actuado. Las del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre de 2023 es de 5.386, lo que supone un 4,2% más que el trimestre anterior, pero un 26,0% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 2.697 son habituales en propiedad, esto es, un 16% menos que en el mismo trimestre de 2022; y 563 no son la residencia cotidiana de los propietarios, un 19,8% menos.

Del trabajo de INE se desprende también que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 68,3% del total en el segundo trimestre del año y el 50,1% del global son viviendas habituales de personas físicas, las 2.697 mencionadas. El 7,7% está ligado a personas jurídicas y el 10,5% a otras moradas de personas físicas. En el primer caso son 417 ejecuciones, un 46,3% menos en tasa anual; y en el segundo son 563, un 19,8% menos. Por lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias de locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos, cabe mencionarse que suponen el 24,1% del conjunto.