Dos investiduras en solo dos meses forzarán una prórroga de los Presupuestos pero no afectará a los fondos UE

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) exigen poner en marcha un engranaje tasado y el enverado proceso político por el que ha atravesado España en los últimos meses, que ha incluido un debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en septiembre y otro del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en noviembre; ha impedido hacerlo. Esto tendrá una consecuencia: la prórroga de las cuentas anuales. 

El artículo 134 de la Constitución fija que el Gobierno “deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, con lo que el proyecto de ley debió llegar a esa Cámara el pasado septiembre, para poder desarrollar la tramitación parlamentaria que permitiría su entrada en vigor el 1 de enero de 2024. Y el mismo punto del articulado constitucional establece también que si la norma “no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

La senda de los PGE suele arrancar en verano, en concreto en julio, con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como a la Comisión Nacional de Administraciones Locales, para informar a las comunidades y a los ayuntamientos de los objetivos de déficit marcados. Esto no se ha hecho. Aunque, según confirman desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, sí se ha trabajado en las cuentas antes y después de las elecciones del 23 de julio. Fuentes socialistas constatan que fue el propio Sánchez el que así se lo pidió a la titular de esa cartera, María Jesús Montero, lo que podría interpretarse como una prueba de que siempre confió en perforar la creencia alimentada por las encuestas de que gobernaría la derecha.  

Desde Hacienda vinculan al nuevo Gobierno, que previsiblemente se formará la próxima semana y ya no estará en funciones, la definición de un nuevo límite de gasto no financiero del Estado para 2024, lo que se conoce como techo de gasto. Se trata del paso previo para armar la osamenta de las cuentas estatales, al ser el borde con el que la administración pública ha de jugar para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. En relación a ese tope ha sido clave durante los últimos años el que Bruselas suspendiera las reglas fiscales, primero por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania y sus consecuencias, para darle a los estados margen de maniobra y cierto oxígeno. Esto ha permitido al Gobierno sacar adelante límites de gasto no financiero récord alcanzando el máximo este año, 198.221 millones de euros, un 1,1% más que los 196.142 de 2022. Pero puede que a partir del 1 de enero de 2024, la Comisión Europea desactive la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), tras cuatro años consecutivos operativa, lo que obligaría a los socios a ajustarse a unos objetivos de déficit y deuda. De momento, se negocia para que haya, al menos, un acuerdo político entre los veintisiete sobre la reforma de las reglas fiscales antes de que acabe 2023.

De vuelta a la prórroga de las actuales cuentas nacionales, otras fuentes del ministerio consultadas explican que esta no significa que “no pueda haber unas nuevas en 2024” que “se adecúen mejor a la realidad”. Es más, auguran que las habrá “seguramente en el primer trimestre” del próximo año, ya que prevén que el proyecto de ley se elevará al Consejo de Ministros lo antes posible para que el preceptico trámite parlamentario pueda arrancar cuanto antes. Entienden que, cuando haya Ejecutivo éste “dará prioridad” a los PGE, al ser "una de las leyes más importantes", en la que se plasma el grueso de la política económica. En ellos se recogen las transferencias a las distintas comunidades autónomas, las inversiones, las pensiones o las prestaciones de desempleo, entre otros parámetros, y se contemplan además los fondos europeos. ¿Influirá en éstos la prolongación de las cuentas? Fuentes de Hacienda explican que no porque su activación no depende de los presupuestos y cuentan con su propio calendario. Existe un documento, denominado adenda, que permitirá el despliegue de la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y movilizar la totalidad de los recursos asignados a España de los fondos Next Generation EU.

La Comisión Europea aprobó la adenda española el pasado 2 de octubre y el 17 de ese mismo mes el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) ratificó la decisión. Con la luz verde a la adenda, y con ella a la puesta en marcha de la segunda fase del Plan de Recuperación, se ha actualizado el calendario de desembolsos, que incluye transferencias adicionales y préstamos, así como los hitos y objetivos asociados, con el fin de mantener el ritmo de inversión en los próximos años. Con esta planificación podrán arribar al país siete desembolsos más y una prefinanciación de unos 1.400 millones de euros asociada al capítulo REPowerEU. Entre transferencias y préstamos se podrían recibir, si se van cumpliendo los hitos marcados, hasta 25.600 millones en 2024, 44.600 el siguiente ejercicio y hasta 44.300 millones en 2026.

Las fuentes consultadas anotan que ese camino no se verá obstaculizado en particular por la extensión de las cuentas actuales, aunque puntualizan que el parón político sí podría retrasar el cumplimiento de algún hito “que necesite de la aprobación de alguna ley”. Si bien, sostienen que esto “no será significativo”. 

La novena prórroga de la democracia

De confirmarse la moratoria de los presupuestos, esta sería la novena de la democracia. De hecho, el equipo de Montero ya tuvo que lidiar con unos PGE muy alargados: los del ex ministro popular Cristóbal Montoro, después de que en 2018 saliera adelante la traumática moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy y se alumbrara el primer Gobierno de coalición del Estado. Aquellas cuentas de Montoro para 2018 son las más longevas. Se estiraron durante tres ejercicios, hasta que en 2021 su sucesora en el cargo, María Jesús Montero, logró cerrar el primero de sus tres presupuestos en tiempo y forma.

Ante las prórrogas, los ejecutivos siempre pueden recurrir al decreto ley para impulsar algunas medidas que les resulten esenciales, en línea con la política económica por la que se apueste en cada etapa. Está por confirmarse que la artífice de los nuevos PGE sea María Jesús Montero como ministra de Hacienda, pero sea quien sea quien tenga que afrontar ese reto, deberá hacer valer capacidad negociadora, dado que habrá que volver a convencer a un nutrido grupo de partidos políticos en el Congreso y se chocará con el previsible torpedeo de la derecha en el Senado.