Feijóo confirma al PP más intransigente: pactos de Estado sí, pero sólo cuando la derecha gobierna

Dialogar sí, pero sobre lo que el PP quiere. ¿Pactos de Estado? Por supuesto, pero con los contenidos que defiende la derecha. Alberto Núñez Feijóo lleva año y medio, desde que se puso a los mandos de la sede de la calle Génova, proponiendo al presidente del Gobierno que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo sobre una amplia gama de asuntos. Pero cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de esos acuerdos, Feijóo se echa atrás.

En Galicia conocen bien esta estrategia. Cuando estaba en la oposición, entre 2006 y 2009, desarrolló una política de oposición frontal al Gobierno bipartito formado por PSOE y BNG fundada sobre un lenguaje conciliador que nunca dio ningún fruto. Más bien todo lo contrario. De hecho, desembocó en la ruptura del consenso básico que siempre había existido en Galicia sobre la lengua e impidió la actualización del Estatuto de Autonomía. ¿La razón? Que PSOE y BNG querían que la exposición de motivos incluyese una referencia a una línea del himno gallego que habla de la “nazón de Breogán” y que tiene carácter oficial.

Ahora que Sánchez propone al líder del PP abrir una negociación entre el PP y el PSOE para intentar alcanzar acuerdos en torno a tres asuntos (la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, los criterios de reparto de la financiación autonómica para los próximos años y la eliminación del término “disminuido” de la Constitución), Feijóo sólo pone pegas.

Condiciones

Por ejemplo, que la negociación entre los dos partidos no se haga en el marco de “una mesa de negociación en los términos acordados con los partidos independentistas”, algo que Sánchez nunca ha planteado. O que encima de la mesa se puedan plantear otras cosas —una hipótesis que el Gobierno acepta de buen grado, según confirmó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría—.

Lo que no se sabe aún es de qué temas quiere hablar Feijóo con Sánchez, más allá de las demandas que pretende trasladarle: renunciar a la amnistía y poner fin a las mesas de diálogo abiertas con los partidos independentistas. La última vez que propuso acuerdos al PSOE fue en septiembre, pero a cambio de que los socialistas le hiciesen presidente. Entonces ofreció seis “pactos de Estado” sobre “regeneración democrática”, Estado de Bienestar, “saneamiento económico”, “familias”, agua y “territorial”.

Sobre lo que sugiere Sánchez, el PP deja poco margen para el acuerdo. Solamente aceptarán cumplir la ley y renovar el CGPJ si el PSOE se pliega a cambiar el sistema de elección de sus miembros. Y para hablar de financiación autonómica, exigen que los socialistas rompan previamente sus acuerdos con Junts y Esquerra.

Únicamente entreabren la puerta a la reforma de la Constitución para modificar el artículo 49, pero únicamente si “los socios de Sánchez den garantías de que no usarán este cambio para pedir nuevas modificaciones en el texto constitucional”.

Una constante

La llamada a la negociación de pactos de Estado es una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque PP y PSOE, PSOE y PP, sostienen que deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

Lo cierto es que los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 solo ha habido ocho, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. La mayoría de ellos se cerraron con el centroderecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

La lista de todos ellos, y al margen de los de la Moncloa de 1977, fruto de unas circunstancias irrepetibles en las que estaba en juego la supervivencia del proyecto democrático, describe los únicos asuntos que PP y PSOE consideran por encima del debate ideológico y sobre los que han conseguido ponerse de acuerdo.

Precedentes

En primer lugar, el desarrollo autonómico. El pacto de 1981 lo firmaron el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, en plena agonía de UCD, y el entonces líder del PSOE, Felipe González, apenas unos meses después del fallido intento de golpe de Estado del 23F. El objetivo: armonizar el proceso autonómico y fijar el mapa actual. En 1992, ya con González en la Moncloa y José María Aznar al frente del PP, llegó el segundo pacto en esta materia, destinado a generalizar las competencias sanitarias y educativas que hasta ese momento estaban reservadas a las comunidades históricas —aquellas cuya vocación de autogobierno ya existía en la II República—.

El segundo asunto sobre el que PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo en estas cuatro décadas es el terrorismo. Primero para hacer frente a ETA con una premisa: sacar esta cuestión del debate para fortalecer la posición del Gobierno. Lo propuso el entonces líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y se firmó en diciembre de 2000 con Aznar en la Presidencia y a pesar de la oposición inicial del entonces ministro Mariano Rajoy. En los años de gobierno de Zapatero, el PP se opuso sin embargo duramente, incluso con manifestaciones en las calles, , al proceso de diálogo con ETA que derivó finalmente en la renuncia definitiva a la violencia por parte de la banda terrorista. 

El pacto revivió en 2015 para amparar la batalla contra el terrorismo yihadista y lo firmaron el presidente Mariano Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a pesar de que los socialistas entonces se oponían a una de las medidas incluidas en él: la creación de la prisión permanente revisable, el eufemismo con el que en España se denomina la pena de cadena perpetua.

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Los otros dos asuntos que fueron capaces de suscitar pactos de Estado entre el PP y el PSOE son las pensiones y la violencia de género. El primero de ellos, conocido como Pacto de Toledo, nació en 1995, en las postrimerías de Felipe González como presidente y con Aznar a punto de llegar a la Moncloa. El pacto de Toledo, que hoy se invoca con frecuencia para reclamar una reforma viable del sistema público de pensiones, descapitalizado por los efectos de la crisis de 2008 y una década de recortes, buscaba sentar las bases de las reformas que se consideraban imprescindibles para garantizar el modelo español de seguridad social.

El segundo de estos pactos, el de violencia de género, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Y que tanto PSOE como PP querían reforzar antes de que el coronavirus pusiese patas arriba la legislatura.

Hubo otro pacto, el de la Justicia de 2001, durante el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición: Entonces el PSOE y el PP acordaron poner fin al debate sobre el controvertido sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial modificando una veintena de leyes para cambiar las competencias de los altos tribunales, introducir criterios de productividad en las retribuciones de jueces y fiscales, así como informatizar y reorganizar la oficina judicial para agilizar los procesos. Sin embargo, la derecha lo bloqueó una vez el PSOE llegó en La Moncloa.