La Fiscalía desactiva en Andalucía una trama para lucrarse de forma ilícita con ayudas de la PAC

El fraude a menudo deja un rastro. La Fiscalía Europea, el Ministerio Fiscal independiente de la UE que investiga, procesa y lleva a juicio a quienes cometen delitos contra los intereses financieros de la eurozona, sigue uno ligado a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), en concreto a ayudas concedidas al amparo de los fondos Feaga y Feader durante la campaña de 2021. Fue la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la que detectó anomalías durante la tramitación de los incentivos y arrojó las primeras sombras de sospecha que luego se extendieron a más de un centenar de expedientes, 104 con detalle, y a una superficie de tierras cercana a las 1.967 hectáreas.

En el centro de la trama se ubica una sociedad limitada que simulaba documentos de arrendamiento de suelos “sin que haya quedado acreditada su titularidad”, según consta en un boscoso decreto de 58 páginas de la Fiscalía al que ha accedido infoLibre. Tras las pesquisas, una primera cuantificación aproximada de las ayudas PAC obtenidas mediante declaración de esas parcelas sobre “las que no quedaría acreditada la titularidad de la explotación para uso y aprovechamiento por parte de los solicitantes” de los fondos UE, ascendería a 543.622,31 euros. Si bien el montante podría escalar de forma considerable al haber una posible afectación a las campañas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

El análisis policial diferencia tres estamentos esenciales para construir un modus operandi que tenía un único fin: “Enriquecerse ilícitamente con las ayudas europeas al ámbito agrario, simulando tener derechos a las mismas mediante la falsificación de documentación acreditativa de esa legitimidad inexistente”. La Fiscalía Europea ha puesto la lupa sobre los titulares reales de las parcelas en la que recaen los fondos de la PAC, los cuales “han manifestado que no las han cedido para su uso por terceros y desconocen su arrendamiento fraudulento”. El segundo grupo investigado son los beneficiarios de las subvenciones obtenidas, entre otros requisitos, por el supuesto alquiler; y el tercero, los intermediarios que gracias a un entramado societario “se han lucrado mediante la supuesta cesión y posterior arrendamiento de las parcelas investigadas hacia los beneficiarios de las ayudas”, impidiendo además, que el Gobierno andaluz pueda saber quiénes son los responsables por “la interposición de mercantiles sin actividad a cuyo frente figuran testaferros”.

La sociedad epicentro del presunto fraude, la arrendadora a los agraciados con las ayudas comunitarias de todas las parcelas, está representada por dos hermanos, J. J. O. A. y A. M. O. A., quienes habrían sacado tajada “a nivel particular”. Esta entidad realizó pagos a una segunda empresa que aparece como cedente de los terrenos y que, según ha concluido la Policía, no tiene actividad real, por lo que “se infiere que esa mercantil se ha utilizado para su interposición en el proceso ficticio de cesión de fincas para impedir la trazabilidad de la responsabilidad en caso de fiscalización administrativa o penal”. Dicho de otro modo, se ha empleado para dar apariencia de legalidad al subarriendo de parcelas sin la autorización de sus titulares.

Los pagos que ha realizado la primera sociedad, la asociada a los dos hermanos en el punto de mira, a la segunda se han materializado en pagarés que finalmente se han ingresado en cuentas de otras dos entidades. Más tarde, una vez finalizada la cesión de fincas, desde una de ellas se devolvió a la primera lo abonado.

Falta otra figura clave dentro de la operativa fraudulenta: el ingeniero M. A. B., que es quien “certifica, mediante peritaje, que las fincas cumplen con las condiciones para solicitar la subvención” y que recibe transferencias desde una de las sociedades implicadas. A los investigadores les llama la atención algunos datos apenas disfrazados vinculados a él. Emitió certificados enlazados a parcelas ubicadas en las provincias de Granada, Málaga, Almería y Huelva. Ninguna de Córdoba, donde el ingeniero reside y está colegiado. Pese a ello, habría verificado, vía “inspección ocular”, 95 fincas de los otros cuatro territorios mencionados de la comunidad andaluza entre el 15 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de 2022. En resumen, existen 95 fincas en las que habría emitido informes falsos de arrendamientos por la principal sociedad investigada que carecían de autorización para el traspaso y que recibieron dinero procedente de la PAC. Según anotan fuentes del caso, una de las superficies sobre la que habrían falsificado documentación sin la autorización del dueño es Los Carrizos, propiedad del ex banquero Mario Conde y radicada en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos.

Y hay más. En los expedientes ahora cuestionados constan “parcelas objeto de ayuda” en localizaciones tan poco agrícolas como un aeropuerto civil, una base militar o parques de placas solares. También ha caído el caso como una losa sobre las que están siendo cultivadas por sus legítimos propietarios.

Ya ha comenzado el desfile de citados para declarar por la Fiscalía Europea. Esta semana habían sido llamados J. J. O. A. y A. M. O. A. y el próximo enero de 2024 deberá acudir otra veintena de implicados. En el ámbito de esta operación, se han registrado fincas e intervenido numerosas cuentas bancarias.

Andalucía, territorio abonado de fondos

La Comunidad de Andalucía es la mayor destinataria de las subvenciones de la Política Agraria Común. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sólo aquel 2021, hasta la región habrían llegado algo más de 1.800 millones de euros de fondos europeos, lo que supuso el 27% del global que fue destinado a España en ese ejercicio. Los perceptores fueron 228.880. En ese escenario, la Fiscalía Europea y la Policía han desarticulado antes otras estructuras criminales que operaban en puntos de la comunidad para enriquecerse con la venta de derechos reales ficticios a solicitantes de la PAC y existe un rosario de imputados por delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.