ERC, Bildu, Podemos y BNG piden en el Congreso investigar presuntas irregularidades en la RFEF
ERC, Bildu, Podemos y BNG han registrado en el Congreso una petición de investigación en el Congreso sobre presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a raíz del caso Luis Rubiales y diversas sospechas de presuntos delitos económicos, de espionaje o de coacciones.
De esta forma, se trata de la primera iniciativa que comparte Podemos, tras romper con Sumar y pasar al Grupo Mixto, que suscribe con estas formaciones soberanistas, con las que busca estrechar alianzas y conformar un bloque parlamentario progresista en la cámara.
Según la petición impulsada por estas formaciones, el "escándalo" del pasado Mundial femenino de fútbol con la presunta agresión sexual del expresidente de la Federación a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del torneo, denunciada por esta, ha expuesto el "machismo" que impera en la institución.
"Es importante recordar que lejos de ser un hecho aislado o puntual, el comportamiento de Luis Rubiales es consecuencia de la impunidad que disfrutan o han disfrutado hasta la fecha cientos de miembros y altos cargos (de la federación), exponen los cuatro partidos en su iniciativa.
Tras repasar los acontecimientos de esos días y cuestionar la gestión de la RFEF y su resistencia a aplicar medidas contra Rubiales, desgranan que la comisión tendrá por objeto analizar conductas personales que puedan ser constitutivas de delito de género, el cumplimiento de los protocolos contra el acoso y el abuso, el funcionamiento de los órganos responsables de depurar responsabilidades en caso de agresión y el cumplimiento del Plan de Igualdad.
Ponen en foco en los salarios de directivos
A su vez, la comisión se centraría por otro lado en las retribuciones económicas en la RFEF con perspectiva de género, el presunto cobro de comisiones irregulares o de gastos indebidos e injustificados por parte de sus directivos, y las eventuales responsabilidades personales en la presunta administración desleal de la asociación.
Por ejemplo, aluden a que las remuneración de los miembros de la alta dirección pasaron de 1,8 a 7 millones en tres años (2018-2021), siendo la RFEF una entidad que recibe cerca de 14 millones de euros públicos al año a través del Consejo Superior de Deportes. Cifra que alcanza los 47 millones desde julio de 2019, en alusión al mandato de Rubiales.
En este sentido, las cuatro formaciones consideran necesario aclarar las presuntas irregularidades que "lastran la imagen de la RFEF", supuestamente pensada para el impulso del fútbol de base y que, habiendo sido declarada de utilidad pública y recibiendo fondos públicos, se debe, además de a sus asociados y a la legislación vigente.
También el traslado de la supercopa a Arabia Saudí
Y otro campo que quieren abordar otros "escándalos" que "asolan" a la gestión del ente futbolístico, con una "larga sombra de dudas relacionadas con presuntos delitos de corrupción en negocios, administración delesal" o "cobro de comisiones.
Entre las presuntas irregularidades más sonadas destaca la conversación de Rubiales con el exfutbolista Gerard Piqué, donde desgranaban pormenores sobre el traslado del torneo de la Supercopa a Arabia Saudí y que supone un contrato de seis años con unos ingresos de 40 millones "libres de impuestos" por temporada.
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Unido a ello, los partidos proponentes de la comisión de investigación desgranan que el expresidente fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por su propio tío y exjefe de gabinete de la entidad, por un presunto desvió de dinero federativo para "pagar varias orgías con amigos en la localidad granadina de Salobreña", acusaciones que negó tajantemente la Federación.
E incluso mencionan informaciones sobre presuntas actitudes de espionaje, coacciones y presiones al mencionar informaciones publicadas por el diario El Confidencial, donde se recoge que Rubiales habría grabado durante los últimos años conversaciones "comprometedoras" con diferentes ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por tanto, la comisión se marca el objetivo de proponer medidas de "control y transparencia para evitar que en el futuro se repita cualquier irregularidad".
