¿Quién paga la factura de los 'pellets'? Una maraña legal difumina la responsabilidad del desastre medioambiental

Dos décadas después de la catástrofe del Prestige, una marea blanca azota sin piedad la costa norte peninsular. El vertido de pellets, procedentes de un contenedor perdido por un buque con alrededor de 26 toneladas de este granulado plástico, ya ha marcado la agenda política nacional. Y todo parece indicar que lo mismo sucederá con la judicial en las próximas semanas. Tanto la Fiscalía como un juzgado del municipio gallego de Noia ya se encuentran investigando lo sucedido. El caso, reconocen los diferentes abogados expertos en derecho medioambiental consultados por infoLibre, es complejo. Y aún es demasiado pronto como para aventurarse a determinar el recorrido judicial que puede tener. Una investigación que, para más inri, puede verse dificultada por la maraña de sociedades alrededor de un buque que operaba con bandera de Liberia.

El Ministerio Público y el juzgado gallego, que ha abierto diligencias de investigación tras la recepción de varias denuncias, ponen el foco en un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Este tipo, recogido en el artículo 325 del Código Penal, castiga con entre seis meses y dos años de prisión a quien "contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente" provoque o realice de forma directa o indirecta "emisiones" o "vertidos", entre otras conductas, que causen o puedan causar "daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas". Un castigo que puede elevarse hasta los cinco años si dichas conductas "pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales".

El Tribunal Supremo ya condenó en 2016 a dos años de cárcel por este delito al capitán del Prestige, el griego Apostolos Mangouras, por uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de Europa: el vertido de unas 63.000 toneladas de fueloil frente a las costas gallegas. En aquella sentencia, los magistrados dejaban claro que para que se diera el tipo debían confluir tres elementos esenciales. Primero, que se hubiera producido alguna de las "actividades contaminantes". Segundo, que se hubiera infringido alguna "norma ambiental". Y tercero, que se hubiera creado "una situación de peligro grave para el bien jurídico protegido", lo que en el Prestige se dio por hecho dado el estado del buque que transportaba el foloil o la arriesgada navegación que realizó.

Lo que está por determinar

Todas estas cuestiones deberán ser ahora analizadas en el caso de la marea blanca. "Para ello, tendremos que conocer la sucesión de los hechos no solo desde el momento que se produjo el vertido sino también cómo estaban siendo transportados esos pellets", explica Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). En este sentido, la abogada de Terraqui Aloia López recuerda que a nivel internacional "no existe normativa que regule cómo deben transportarse" estos microplásticos "de modo seguro". Los pellets no son considerados mercancía peligrosa. Y, por tanto, pueden viajar en cubierta pese al riesgo de caída. "Si se les clasificase como tal, significaría que deberían estibarse, preferiblemente, bajo cubierta. Y, en caso de pérdida de carga, sería necesario informar a las autoridades pertinentes", explica López.

En la investigación que ya se está llevando a cabo, señala la abogada de Terraqui, una de las claves será determinar la afectación que los microplásticos hayan podido tener sobre el medioambiente. "Los estudios que se hagan y que se aporten serán importantes", considera López. En este sentido, el abogado Javier Serrano, del despacho Serrano&Acosta, apunta que uno de los elementos que puede repercutir sobre la calificación del posible riesgo sobre el bien jurídico protegido es la toxicidad o no de los pellets vertidos. Un asunto que aún está por determinar. Si bien la Xunta de Galicia dijo en un primer momento que las bolitas no eran peligrosas, la unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía sí advirtió de "indicios de toxicidad" cuando abrió diligencias.

Podemos Galicia presentó a comienzos de semana una querella contra "los responsables" de los vertidos. Una fórmula que el partido utiliza "sin perjuicio de la determinación de otras responsabilidades en el ámbito de las Administraciones Públicas para quienes, por inacción, pudieran haber agravado las consecuencias medioambientales negativas", palabras con las que pone el foco sobre la Xunta de Galicia. Los abogados consultados, sin embargo, no ven, al menos por ahora, ningún tipo penal que pueda atribuirse a responsables públicos. "Teniendo en cuenta los delitos que podrían atribuirse a los funcionarios públicos bajo el Código Penal de nuestro país, no identifico un delito que pudiera haberse cometido por ese vertido", señala la directora del IIDMA.

La responsabilidad civil de un buque entre un laberinto societario

Por el momento, quienes están señalados en la ofensiva judicial iniciada en el juzgado de Noia por organizaciones como Ecologistas en Acción son el capitán del buque Toconao y la empresa armadora del mismo. El movimiento, considera el colectivo, es "fundamental para determinar la responsabilidad civil". "Toda actuación que tenga como resultado algún perjuicio o daño a un tercero conlleva la obligación de repararlo. En el derecho civil estaríamos ante un caso de responsabilidad civil extracontractual y el que causa el daño es responsable de su reparación o compensación independientemente de si hubo culpa o negligencia. Por tanto, en principio, el armador y/o el capitán serían los responsables", apunta Barreira.

En el caso del Prestige, el Tribunal Supremo fijó indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros a repartirse entre el Estado español –principal perjudicado de la catástrofe–, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por la catástrofe medioambiental. Un dinero que, más de dos décadas después, todavía no se ha abonado en su totalidad. En el caso de los pellets, Ecologistas en Acción ha pedido que se imponga una caución a la empresa demandada de no menos de 10 millones para acometer los costes de restauración. "Con esta acción, se pretende agilizar una vía que evite la impunidad que acabaron teniendo otros vertidos marítimos en el pasado", resaltan desde la organización.

El colectivo ecologista es consciente de que se enfrenta a la que puede ser una batalla judicial "larga y compleja". Una lucha en los tribunales que, además, puede complicarse por el clásico laberinto marítimo mercantil que existe alrededor del buque. El Toconao navegaba con enseña de Liberia, una bandera de conveniencia que normalmente se utiliza para ahorrar gastos y esquivar inspecciones rigurosas. Además, según han informado varios medios, el armador del barco sería la firma Polar 3 Ltd, una empresa radicada en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas que, según GaliciaPress, estaría ante la Organización Marítima Internacional (OIM) "al cuidado de" la chipriota Columbia Ship Managament, una gran consignataria naval.

Un entramado societario con el que, señala José Manuel Marraco, abogado experto en derecho medioambiental de Greenpeace, se van "diluyendo" las "responsabilidades". "Todo esto puede dificultar la investigación a la hora de delimitar los responsables", apunta López. "El entramado societario que hay detrás del portacontenedores no es casual. Con esta ingeniería societaria se aseguran la impunidad ante los desastres ecológicos que causan, al ahorrarse costes en seguridad. Mientras se sientan impunes y puedan eludir pagar las sanciones e indemnizaciones, seguirán jugando con la vida del planeta", ha aseverado la organización ecologista en un comunicado emitido este mismo jueves.

Mientras, tanto el Ministerio Público como el juzgado de Noia ya están haciendo sus primeras indagaciones. Así, la jueza ya ha ordenado al Seprona de la Guardia Civil que remita un informe en el que se consignen "los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación, las circunstancias en las que se produjo la pérdida de carga, el contenido de dicha carga, la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada". La Fiscalía, por su parte, ha solicitado a las comandancias de la Guardia Civil "territorialmente implicadas" que aporten todas las actuaciones realizadas hasta el momento. Y está estudiando pedir al juzgado de Noia que deje el caso en manos de la Audiencia Nacional dado que el vertido afecta al territorio de varias comunidades.