Más allá del artículo 49: las personas con discapacidad piden atajar la brecha laboral y hogares accesibles

Esta semana el Congreso dará luz verde a una reforma constitucional reclamada desde dos décadas, la del artículo 49. Es la tercera reforma desde la aprobación de la Carta Magna en el año 1978 y la primera con una clara vocación social, ya que sustituirá el término de "disminuido" por el de "personas con discapacidad". Una reforma muy celebrada por las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, que esperaban que se aprobara por unanimidad en la Cámara Baja, pero que no contará con el apoyo de la ultraderecha. Vox sostiene que no es oportuno "abrir el melón" de la reforma constitucional "en un momento en el que los enemigos de España son socios de Pedro Sánchez".

Los ultraderechistas rompen así el consenso que alcanzaron en el año 2018 los portavoces de ocho grupos parlamentarios que formaban la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso —Jordi Xuclá, del PdCAT y en ese momento presidente de la citada Comisión; Carolina Telechea, del Grupo Esquerra Republicana; Marisa Saavedra, de Unidas Podemos; Joan Ruiz, del Grupo Socialista y expresidente de la Comisión; Paco Vañó, del Grupo Popular; Marcial Gómez, de Ciudadanos; Íñigo Barandiarán, del Grupo Vasco e Íñigo Alli, del Grupo Mixto—, que acordaron una reforma que se ha ido aplazando hasta el momento actual.

Para Daniel-Aníbal García Diego, secretario de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), la reforma del artículo 49 de la Constitución "va mucho más allá de lo lingüístico": "Cambia la confesión de la discapacidad. Según el texto actual, a las personas con discapacidad hay que cuidarlas y protegerlas. En la futura redacción, el foco se pone en los derechos que tienen, se les presenta como mayores de edad", explica. "Es un cambio radical", afirma.

García Diego destaca los avances legales que se han producido en las últimas décadas y cita algunos como la modificación del Código Penal para abolir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente, la reformulación de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o ley que permitió la ampliación al derecho al sufragio a todas las personas con discapacidad. También habla de la concienciación social y del trabajo de las organizaciones, pero considera que "el problema es que la normativa quizás no acompaña a veces con el cambio social" y también al contrario, que "la normativa reconoce cosas que luego en la práctica no se materializan".

En España hay 4,32 millones de personas con discapacidad y más de 12 millones que conviven directamente con ellas en sus entornos familiares. Ahora, más allá del artículo 49, las asociaciones remarcan las tareas pendientes. Piden al Gobierno, a las comunidades autónomas, pero también a la sociedad civil, que no miren hacia otro lado ante una realidad que necesita ser incorporada con la máxima normalidad posible y que se tomen medidas para facilitar la vida de muchas personas.

Agilizar y mejorar la atención a la dependencia

Sigue sin estar resuelta la cuestión de la atención a las personas dependientes: decenas de miles de personas fallecen cada año en España sin que se haya resuelto siquiera su solicitud de ayuda. La falta de recursos suficientes sigue dejando sobre los hombros de las familias —y en particular de las mujeres, que siguen asumiendo la mayor parte del protagonismo de los cuidados— la atención a las personas dependientes.

Desde CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que agrupa a organizaciones de todas las discapacidades —intelectual, física o sensorial— han pedido al Ministerio de Asuntos Sociales establecer un procedimiento de urgencia para la valoración del grado de dependencia. La presidenta de la organización en Canarias, Carmen Laucirica, cifra en dos años la cantidad de tiempo que hay que esperar para esas valoraciones. Aunque admite que es una situación difícil de arreglar "de un año para otro", cree que es "el momento de dejar de ser suaves con la calificación de estos retrasos".

Atendiendo a los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, actualmente existen más de 1,5 millones de personas reconocidas con dependencia en España. A esto hay que sumarle los 45.360 fallecidos al año sin atención y 310.429 desatendidos. Además, según un informe de CERMI publicado el pasado mes de noviembre, un total de siete comunidades autónomas —Asturias, Galicia, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana— todavía no han actualizado las cuantías económicas que perciben los beneficiarios del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la dependencia (SAAD) ni mejorado la intensidad de las prestaciones.

Atajar la brecha laboral

Según el informe El mapa de la pobreza severa en España. El paisaje del abandono, publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), en el año 2020 el 9,6% de los adultos con discapacidad estaba en situación de pobreza severa, una cifra un punto superior al 8,5% que se registra entre el total de personas en ese mismo grupo de edad. Una brecha que afecta, especialmente, a las mujeres: el salario de las mujeres con discapacidad fue de 19.237,4 euros de media por trabajadora y año, mientras que para los hombres fue de 21.995,9 euros.

Para el secretario de organización de Cocemfe es urgente la reforma del marco normativo de inclusión laboral de personas con discapacidad. "Seguimos teniendo más desempleo— -su tasa de actividad es del 34%—y salarios más bajos que las personas sin discapacidad. Es prioritario que el gobierno y los parlamentos den un paso al frente y hagan un nuevo marco normativo, a partir de las recomendaciones que figuran en el Libro Blanco de empleo y discapacidad de 2023", explica. "Ahí ya se marca el camino hacia dónde debe ir el marco normativo del país", añade. "Si la trayectoria se mantiene tal cual está tardaríamos 50 años en romper la brecha entre aquellos que tienen discapacidad y aquellos que no".

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Tanto Cermi como Cocemfe llevan años pidiendo a los diferentes Gobiernos que reformen la Ley de Propiedad Horizontal, a fin de disponer de una legislación que establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad de propietarios las obras y actuaciones de accesibilidad donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años. Desde estas asociaciones cifran en 100 mil las personas se encuentran “recluidas y prisioneras" a en sus propios hogares, sin posibilidad de salir y entrar a su vivienda con normalidad. "Esto también provoca que muchas personas tengan que mudarse de su entorno a una residencia o a otra vivienda porque no consiguen que su casa sea accesible", lamenta García Diego.

Según explica, "hay fondos para rehabilitar viviendas" pero las resistencias no vienen por falta de apoyo público u económico, sino de falta de voluntad política. "La ley muy antigua y obliga a que estas reformas se materialicen", señala. Desde las asociaciones presionaron al Ejecutivo para que incluyera esta reforma en la Ley de Vivienda aprobada la pasada legislatura, pero al final no se incluyó. En la vigente legislación de propiedad horizontal, la comunidad no tiene la obligación de implementar estos cambios si "excede doce mensualidades de gastos comunes".

Aumentar el IRPF para fines solidarios

Desde CERMI también reclaman elevar del 0,7% al 1% el porcentaje solidario del IRPF dedicado a fines sociales, tanto en el impuesto de la renta como en el de sociedades, a fin de que “haya más recursos económicos para proyectos de inclusión y de extensión de los derechos sociales y se evite la competencia entre el plano estatal y el autonómico, al disfrutar de mayores ingresos para esa finalidad”.