Cerco ciudadano a los pisos turísticos: en Madrid crecen las multas y en Barcelona imponen dos por un millón

Ya no les valen los trucos discursivos. “Llevamos años presionando para poner en la agenda el problema de los pisos turísticos y no vamos a parar”, avisan desde una asociación vecinal de Málaga, en la que están cansados del “trajín de maletas a diario”. Y no están solos. Entidades ciudadanas de distintos puntos de España se están organizando en red para combatir “asuntos como este”. Desde la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) mantienen que “en las ciudades más afectadas como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga”, las viviendas turísticas “se están extendiendo hacia los barrios periféricos” que “están siendo colonizados por estos pisos, lo que está cambiando la naturaleza de alguno de ellos, afectando indirectamente a la reducción de ofertas de pisos de alquiler” y a la crecida de los precios. El presidente de la entidad, Julio Molina, confirma que “este tema se extiende como una mancha de aceite, que va corriendo”. “En Mallorca, con la federación de allí, lo pude comprobar. El proceso de gentrificación y turistificación está echando a los vecinos de sus casas. Los fondos buitres no paran de actuar e incluso en la época de verano, personas que iban a trabajar no podían acceder a una vivienda de alquiler. Es un problema muy serio con el que hay que acabar”, subraya.

Molina explica que encargaron a las federaciones de Barcelona y Madrid, “que son muy activas en estos temas porque los están sufriendo mucho”, la elaboración de “un documento que nos permitiera a las 15 federaciones de las 15 grandes ciudades -entre ellas, Palma de Mallorca, Menorca, Valencia, Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid o Gijón- situarnos y poner en común la realidad de cada cual”. A finales del año pasado llevaron a cabo un encuentro en Barcelona “con las aportaciones de los territorios” de las que nació una documentación que “ya está llegando a más de 120 federaciones y a 3.000 asociaciones vecinales que tenemos dentro de la confederación estatal”, asevera el presidente.

Se avanza, a veces a trancas y barrancas, pero se progresa. Tras reclamaciones impulsadas por asociaciones vecinales, el goteo de multas de la Comunidad de Madrid no para. En concreto el pasado día 15 de enero se notificó una sanción de 12.000 euros y la anulación de la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas al propietario de una vivienda turística ubicada en la calle Cabeza de la capital. A finales de septiembre de 2023, se produjo otra en los mismos términos ligada al dueño de un inmueble en la calle madrileña de Núñez de Arce. Y antes fue anotada una tercera por un importe de 6.000 euros en la calle Juanelo. Hay una evolución numérica y de cuantías, aunque no siempre lineal.

Si en 2014 la Comunidad de Madrid tramitó sólo un expediente asociado a las viviendas turísticas, en 2023, hasta octubre, fueron 363, según la documentación que maneja la Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico que han montado asociaciones vecinales de la capital.

En 2016 hubo tres resoluciones sancionadoras imponiendo multas por cuantías de 450, 450 y 600 euros, respectivamente. En 2017 dos, pero el valor de la mayor ascendió hasta los 2.600 euros. Al siguiente año fueron ocho, tres sanciones de 300, otra de 1.200, una más de 1.500 euros, otra de 3.001 y dos que escalaron hasta los 5.000 y los 6.000 euros. En 2019 hubo siete multas y la cuantía mayor ya fue de 9.003 euros y en el ejercicio siguiente, la Comunidad de Madrid elevó el volumen hasta 23 resoluciones sancionadoras, con una decena de 12.000 euros y dos por una cuantía de 15.000. Si se sigue el trazo temporal, en 2021, las multas fueron 30 y se contabilizaron entre ellas 15 de 12.000 euros, otra de 12.450, dos de 15.000, cuatro de 16.001 y una última de 15.000 euros. En 2022 la cantidad se redujo a 13, pero se materializaron de nuevo cinco de 12.000 euros, una de 12.450, otra de 15.000 y una más de 29.360 euros. Aún no cuentan con información completa de 2023. En ese dibujo de situación, entre 2020 y 2023, se anularon además 35 inscripciones en el registro de empresas turísticas y se dio traslado a 66 propietarios de documentación que implicaba obligación de pagar, mientras los seis años anteriores fueron 20.

Los entes vecinales han puesto la vista en Barcelona. En menos de un mes, entre el pasado diciembre y los primeros días de enero, el Ayuntamiento de la ciudad condal ha ultimado multas por valor de 1.020.000 euros. De un lado tramitó una de 600.000 contra el cabecilla de una trama de pisos turísticos ilegales que sumaba al menos 71 alojamientos irregulares en los distritos de Ciutat Vella y del Eixample, tras un frondoso expediente y más de un lustro de investigación de inspectores del consistorio. De otro, se ha sancionado con un total de 420.000 euros al propietario de un edificio, radicado en el distrito de Ciutat Vella, que alquilaba 14 viviendas para comercializarlas a través de las plataformas Booking y Airbnb como alojamientos turísticos ilegales. “No es un trabajo de un día, pero los políticos ahora saben que los estamos mirando”, tiran a dar desde una asociación de aquella ciudad.

Con todo, Víctor Rey, coordinador de la Oficina Vecinal madrileña advierte de que queda por hacer. Apunta primero en una dirección: "La tardanza que tiene la administración en resolver y sancionar situaciones que vienen denunciadas en muchos casos desde hace cinco años, tiempo que la gente ha sufrido en sus edificios actividades conflictivas”. Lo achaca a “la falta de recursos materiales y humanos para agilizar los procedimientos. Si reduces equipos de inspectores, los procesos se alargan y, como consecuencia de ello, hay procedimientos que decaen o se archivan porque se han pasado los plazos administrativos y hay que volverlos a iniciar. Tienen que poner más empeño para resolver lo antes posible”, insta. Esta denuncia no se reduce al ámbito de Madrid, es común a otros puntos del país. Rey agrega que, aunque en lo que respecta a la Comunidad de Madrid van en aumento, la normativa permite todavía una horquilla mayor de multas. “Sancionar los casos más flagrantes de una manera ejemplarizante, puede tener un efecto disuasorio”, defiende, buscando un resultado inverso al imán que atrae.

Reunión con la ministra del ramo

Una meta precisa que se han marcado en la CEAV es reunirse con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Es más ya le han solicitado la cita para abordar las conclusiones del III Encuentro Vecinal de Grandes Ciudades sobre la materia, entre las que se incluye “la regulación de los alquileres de uso turístico, temporal y de usos comerciales”. “Queremos tratar con ella de qué forma a nivel de Estado se puede influir en las políticas de vivienda, teniendo en cuenta que las competencias las tienen las comunidades”, indican fuentes del ente, para avanzar luego que, a su parecer, “podría ser premiando de algún modo a las que vayan en la línea de la concesión de viviendas públicas en régimen de alquiler”. Sin olvidar, apostillan, “la implantación en sí” de la primera ley sobre este ámbito de la democracia que fue aprobada por el Congreso en 2023. Una norma que, según acentúan otras fuertes, "regula aspectos como que el alza anual del alquiler no puede ser mayor del 3% para los contratos que deban renovarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, tanto si el dueño es un gran tenedor -propietario de 10 o más viviendas- como si no", pero "de nada sirve contra los pisos turísticos", lamentan.