La UE acuerda que el matrimonio forzado y los vientres de alquiler sean delito de trata
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo para que sean tipificados como delitos de trata de seres humanos el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada "con fines de explotación", es decir, cuando la mujer es coaccionada o engañada para gestar, según recoge Europa Press.
La reforma, que necesita aún el visto bueno formal de los 27 y la Eurocámara para ser definitivamente adoptada, pretende ofrecer a las autoridades judiciales y policiales herramientas más fuertes para investigar y perseguir las nuevas formas de explotación, incluidas aquellas que se dan en Internet.
Bruselas propuso en diciembre de 2022 esta revisión de las normas comunes para reforzar la lucha contra la explotación sexual y laboral de las personas y adaptar una legislación que suma más de veinte años a la realidad actual.
Junto a las nuevas definiciones del delito, otra de las claves de la nueva norma es que se persiga penalmente en todos los países de la Unión Europea a los clientes que, siendo conscientes de que una persona es víctima de la trata, contraten servicios de prostitución con esa víctima.
En este contexto, la Eurocámara defendió en las negociaciones que se persiguiera también la "gestación subrogada para la explotación reproductiva en el contexto de la trata", que no aborda la cuestión general de los 'vientres de alquiler' sino que centra el delito en cuando es fruta de la "explotación" de la mujer.
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Las autoridades deberán también garantizar que las víctimas de trata que, además, necesitan protección internacional reciban el apoyo, asesoramiento y protección adecuados para garantizar que se respeta su derecho al asilo.
Se establecerán asimismo multas para las empresas que sean condenadas por traficar con personas, incluido vetando a estas compañías en licitaciones públicas o reclamándoles que devuelvan ayudas públicas o subvenciones.
Otra medida es permitir a los fiscales que elijan no perseguir a víctimas de explotación por actos delictivos que hayan podido cometer en ese tiempo y ofrecerles apoyo tanto si cooperan en investigaciones como si no.
