Sumar hará bandera (ecologista) de su oposición a la ampliación de Barajas que impulsa el Gobierno

Pedro Sánchez quiere que el aeropuerto de Barajas sea "una seña de identidad de España". El presidente del Gobierno ha marcado este viernes como el pistoletazo de salida a la "mayor inversión en la última década en infraestructuras" en nuestro país, con una ampliación que cuenta con un presupuesto de 2.400 millones de euros. El objetivo, según Sánchez, es convertirlo "en uno de los mayores aeropuertos de la Unión Europea para las conexiones entre Europa, América Latina y Asia": "Es una ambición que refleja lo que ya somos: una potencia mundial del turismo", aseguró en declaraciones desde de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Sumar, sin embargo, discrepa. El socio minoritario del Ejecutivo considera que esta decisión va "en la dirección contraria" al mandato alcanzado en la COP 28 —que incluyó un compromiso claro para abandonar todos los combustibles fósiles de aquí a mediados de siglo— para reducir las emisiones de C02 y descarbonizar la economía. A juicio de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el modelo que debería impulsar el Gobierno es el ferroviario: "No se puede ser ecologista a ratos", señaló en declaraciones desde Fitur también.

Díaz hizo referencia al acuerdo de Gobierno ratificado hace solo unos meses en el que tanto PSOE como Sumar se comprometían a "impulsar la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales".Se incidía así en las rutas de carácter nacional —que según Sumar supusieron el pasado año el 31% del total de vuelos que tuvo Barajas—, aunque abría la puerta a proteger el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona, la ruta más concurrida y la más contaminante.

La aviación emite cada año de manera discreta cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y su plan para reducir su impacto medioambiental es muy limitado en comparación con otros sectores, como la generación eléctrica o el transporte por carretera. Por ese motivo Íñigo Errejón, que la próxima semana se convertirá en portavoz parlamentario de Sumar, calificó la medida de "despropósito" tanto a nivel económico como ecológico. "El ecologismo empieza por casa, no es solo para hacerse fotos en las cumbres internacionales", lanzó, en una clara alusión a Sánchez..

Sumar también critica la enorme laxitud del sector de la aviación en comparación con el transporte de carretera, ya que, por ejemplo, en la Unión Europea el combustible de las aeronaves en vuelos comerciales está exento del impuesto comunitario de hidrocarburos y las aerolíneas disfrutan de exenciones en el mercado de emisiones –conocido como ETS–. 

Toda la plana mayor de Sumar —no en vano han hecho del ecologismo una de sus banderas— reprochó públicamente esta decisión, entre ellos ministros como Ernest Urtasun, hasta hace pocos meses vicepresidente de los Verdes en Bruselas. La crisis ambiental y energética forma parte de la filosofía de Sumar, hasta el punto de que Díaz ha tejido alianzas con los principales partidos verdes a nivel europeo y aboga por integrarse en esa familia tras las europeas de este año —lo que genera división dentro de Sumar—. Además del componente laboralista, la vicepresidenta segunda quiere que se les reconozca por la defensa de un un modelo productivo respetuoso con el territorio y el medio ambiente.

El ala socialista se defiende y recuerda que la ampliación se acordó en 2022

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no permaneció callado ante las críticas de Sumar. En respuesta a Errejón, tiró de ironía: "Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil", aseguró. Puente considera ilógico que los de Díaz se opongan al plan porque no supone crear más pistas y no tiene relación con los vuelos nacionales sino con los intercontinentales e internacionales. "Es el problema de tocar de oído y trabajar poco", remachó.

Fuentes socialistas consultadas por infoLibre recuerdan que el arranque de la ampliación de Barajas ya se contempla en el actual Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), la vigente hoja de ruta quinquenal hasta 2026 y cuestionan los argumentos de su socio. "Siguiendo esa lógica, si una persona quiere volar a Buenos Aires, Tokyo o Bankok tienen que hacerlo sí o sí con escala, lo que implica coger dos aviones", razonan. Además, recuerdan que España es uno de los destinos turísticos por excelencia y señalan que la actividad generada por Barajas es responsable directa o indirectamente del 9,7% del PIB de la Comunidad de Madrid. 

De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que se trata de un buen proyecto para Madrid que "mejorará el tráfico aéreo" y mostró su disposición a "colaborar" con el Ejecutivo central, pero también exigió al Ejecutivo de Sánchez que se replantee el anuncio con su objetivo de "acabar con vuelos cortos”. Asimismo, al igual que las fuentes socialistas consultadas, la dirigente del PP recordó que este compromiso ya se realizó en el año 2022. En Génova más van allá y fuentes del partido señalan que "es una actualización de los planes diseñados por el Gobierno del Partido Popular y presentados en abril de 2018 por el ministro de Fomento antes de la moción de censura".

Desde el ala socialista del Gobierno también despachan rápidamente las críticas por el coste de la inversión ya que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la patronal del sector, señaló este viernes que todas las inversiones van a ser financiadas por las propias compañías aéreas a través del pago de tasas. "Aunque muchos ciudadanos todavía piensan que los aeropuertos se financian con fondos públicos, en realidad desde hace mucho tiempo las inversiones reguladas aeroportuarias se financian íntegramente con las tasas aeroportuarias que pagamos las compañías aéreas y nuestros pasajeros", aseguró este viernes tras el anuncio Javier Gándara, presidente de ALA y director general de easyJet para el Sur de Europa.

El grueso del presupuesto, 1.700 millones, se destinaría a elevar la capacidad de la Terminal 4 (T4) y de su edificio satélite (T4S), y los otros 700 millones a la remodelación de las terminales 1, 2 y 3, según el plan diseñado por Aena, el gestor de los aeropuertos controlado por el Estado español con una participación del 51%. El Gobierno espera que con esta ampliación se eleve la capacidad máxima de Madrid-Barajas hasta los 90 millones de pasajeros anuales en 2031, casi un 28% más de los 70 millones con que cuenta actualmente.

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A diferencia de la ampliación de Barajas, que cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Díaz Ayuso, el Gobierno de Sánchez paralizó en 2021 la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto barcelonés de El Prat ante la oposición mostrada por el Govern catalán, dirigido por Pere Aragonès. De hecho, Aena retiró del citado Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26 toda referencia a sus planes para Barcelona, que incluía la prolongación de una de sus pistas para ganar operatividad, la construcción de otra terminal para agilizar el previsto crecimiento de viajeros e incluso un nuevo aparcamiento.

A nivel político también Unidas Podemos y los comunes se opusieron también a esta ampliación, al igual que el movimiento ecologista y los vecinos afectados, alegando que suponía la destrucción de 47 hectáreas de red Natura 2000 y que se omitían las medidas de protección al Delta del Llobregat, además de resaltar la incoherencia que este tipo de políticas supone respecto a la lucha contra el cambio climático, el principal argumento de Sumar ahora para oponerse a la ampliación de Barajas.

La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, afirmó entonces que el Gobierno estaría especialmente vigilantes de que los requisitos ambientales se cumplieran, pero no fue suficiente para convencer al Ejecutivo catalán, que en un primer momento había dado el visto bueno al plan, pero finalmente y ante las críticas de otros grupos políticos exigió una "rectificación" por el impacto medioambiental. El Gobierno de Sánchez estima que, de realizarse, el impacto en el PIB catalán de más de dos puntos y comportará la creación de 80.000 empleos.