Junts se queda solo: ERC lidera las críticas de los socios del Ejecutivo a la estrategia de Puigdemont
El Gobierno quería tramitar la amnistía lo más rápido posible, pero Junts —una vez más— ha complicado sus planes. La formación de Carles Puigdemont realizó una pirueta parlamentaria este martes para impedir que la ley fuera aprobada en el Congreso y, al mismo tiempo, evitar que decayera completamente. Votó sí al dictamen de la ley que venía de la Comisión de Justicia pero rechazó todo el texto. Fuentes parlamentarias deslizan que fue Esquerra quien les advirtió de que la ley decaería si votaban también en contra del dictamen —como pretendían inicialmente—.
¿Cuál es la intención de Junts con este voto dual? Tener un mes más de margen para negociar con los socialistas, ya que al partido posconvergente no le parece ahora suficiente la enmienda que se aprobó la semana pasada en comisión —avalada por ellos— en la que se excluían de la amnistía los delitos de terrorismo "con violaciones graves de derechos humanos". Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, argumentó que Junts no "firmó" una "amnistía selectiva y en diferido" e insistió en que la amnistía "no puede dejar a nadie atrás", cerrándose a apoyar un texto que "se puede corregir" y que tiene muchos "agujeros negros".
Pese a que el texto acordado en la comisión la pasada semana blindaba aún más a Carles Puigdemont, los movimientos judiciales de los últimos días han sembrado de incertidumbre su futuro. La investigación que el magistrado Manuel García-Castellón está realizando en el marco caso Tsunami abre la puerta a que el expresident sea inculpado en el terrorismo que no se exonera en la norma por haber contribuido, supuestamente, al fallecimiento de un ciudadano francés tras darle un infarto en el aeropuerto de El Prat —bloqueado por los manifestantes—.
ERC acusa a Junts de "caer en la trampa" de los jueces
La formación independentista, que votó no junto con el Partido Popular y Vox, recibió críticas de varios grupos, especialmente de Esquerra Republicana, su principal competidor en Cataluña. Su presidente, Oriol Junqueras —sobre el que pesa una condena de inhabilitación que se levantaría con la amnistía—, remarcó que es "una buena ley que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara" porque "es lo suficientemente robusta para superar los filtros europeos y del Tribunal Constitucional" y beneficia a "centenares de personas".
Más explícita fue Pilar Vallugera, diputada de la formación republicana y su portavoz en la Comisión de Justicia. "¿Es necesario que perdamos esta oportunidad?", preguntó durante su intervención en la Cámara Baja. Vallugera dejó claro que, a su juicio, la norma es "robusta" y acusó a los posconvergentes de "caer en la trampa" de los jueces, a quien tachó de "prevaricadores". Fuentes de la formación inciden en que la negativa de Junts "choca" con el mensaje de Carles Puigdemont sobre que la amnistía no iba de "soluciones personales" y consideran que, en realidad, solo les preocupa si beneficia o no al expresident.
El PSOE niega que vaya a hacer más cambios en la norma. Así lo expresó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que declaró que no entendía la postura de Junts y señaló el contenido de la ley es "impecable, sólido y plenamente constitucional": "Es incomprensible que Junts vote en contra de una ley que ha pactado", subrayó. Desde ERC apoyan el argumento y creen que el texto se mantendrá tal cual está, pero Junts "venderá" entonces su sí a cambio de otras contrapartidas.
Sumar, Bildu, PNV, BNG y Podemos critican a los jueces pero apoyan la ley
El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, tampoco está contento con el resultado de la votación. Su recién estrenado portavoz, Íñigo Errejón, señaló que queda tiempo para tratar de aprobar la ley de amnistía y que "todos" van a tener que moverse. Más contundente fue la líder de los comunes en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, que arremetió directamente contra Junts. "Poner palos en las ruedas, cuando tenemos una victoria a la vuelta de la esquina, sólo beneficia a los que quieren venganza y que Cataluña no avance", censuró.
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El diputado de EH Bildu Jon Iñárritu defendió que la ley "debería ser lo más amplia posible para que aquellos que fueron castigados por las ideas independentistas sean protegidos". Pero, al igual que Esquerra Republicana, remarcó que "no es posible tener la seguridad al 100%" porque "siempre puede haber jueces prevaricadores".
El PNV, que mantiene una alianza estratégica con Junts, evitó dirigir sus críticas hacia los posconvergentes. Su diputado Mikel Legarda afirmó que su partido “espera que el Ejecutivo central y los grupos parlamentarios catalanes alcancen un acuerdo en las próximas semanas”. Legarda lamentó el "activismo judicial" realizado en las últimas semanas, hasta el punto de acabar "distorsionando" el concepto de terrorismo.
Además, también votaron sí a la norma tanto Podemos como el BNG, que incidieron en el lawfare. "Tenemos que estar unidas. Nos jugamos mucho, nos jugamos si en la democracia española manda más el sector reaccionario del poder judicial y García Castellón o el Parlamento", aseguró la diputada morada Martina Velarde. "Existen jueces que están intentando aplicar tipos de terrorismo a supuestos que no lo son", añadió.
