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LEY DE AMNISTÍA

El 'no' a la ley de amnistía remueve las dos almas de Junts: el vértigo se instala en el sector más pragmático

La presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull; el expresident Carles Puigdemont y la diputada Miriam Nogueras, a su llegada al Parlamento Europeo.

El no de Junts a la proposición de ley de amnistía ha sacudido todo el escenario político español. Un enfrentamiento directo con el Gobierno y agitación sobre el futuro de la legislatura. Pero este partido no es un conglomerado sólido, sino que es un espacio magmático en el que se mueven varias almas y familias. Y dentro de la propia formación hay sectores en los que también ha cundido la alerta por si no llega a materializarse esa medida de gracia.

“Es evidente que en Junts existen varias almas. Una con genes posconvergentes y otra cuya militancia se justifica con el proyecto meramente independentista. Así estamos”, comentan fuentes de este espacio. Y en estos momentos, como indican, este ‘no’ ha evidenciado que no coinciden las agendas de estos dos sectores.

La decisión de no apoyar el texto en el Congreso salió de una reunión de la Ejecutiva el martes por la mañana y no contó con ningún tipo de ratificación por parte de la militancia, que sí había avalado el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. La mayoría de Junts comparte que los últimos autos judiciales tienen intención de cercar la ley de amnistía, pero lo que causa diferencias entre algunos de ellos es la posibilidad y el alcance de que se acabe rechazando la proposición.

Junts espera que se retoque la ley: "Queremos sentarnos"

Desde la dirección se intenta hacer mover al PSOE para modificar las exclusiones de la ley pensando en los últimos autos judiciales de Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre para prorrogar las investigaciones sobre Tsunami Democràtic y la trama rusa. Por eso, el partido de Carles Puigdemont quiere introducir enmiendas para que se puedan amnistiar todos los delitos de terrorismo y los de traición al Estado ante las sospechas de que el expresidente acabe procesado por estos motivos.

La sensación generalizada en Junts es que al final se logrará modificar el texto y que se materializará un acuerdo con los socialistas. De esta manera describe la situación un exconseller del Govern perteneciente al espacio: “Creo que en estos quince días algo se va a mover por parte de todo el mundo. Y habrá ley”.

La cúpula de Junts sigue insistiendo en que no votará el actual redactado si se mantiene en la Comisión de Justicia. El secretario general del partido, Jordi Turull, aseguró este miércoles que no van de farol y el PSOE lo sabe. Las exigencias siguen por el mismo camino: “La amnistía ha de ser para todos y de aplicación integral”. Pero insistió en que su voluntad es “arreglar” la situación: “Queremos sentarnos”. Para esta formación no puede seguir funcionando la lógica de que ellos apoyarán las normas del Gobierno por miedo a que llegue la derecha.

Ahora toda la tensión se traslada a la Comisión de Justicia, donde se tendrá que discutir otra vez el dictamen pero con la posibilidad de introducir cambios a través de enmiendas transaccionales. En Junts mantienen vivas sus propuestas de amnistiar todos los delitos de terrorismo y también los relacionados con traición al Estado. 

El vértigo que surge entre algunos miembros de Junts es que al final no termine saliendo la ley de amnistía y que no se pueda entender del todo entre los ciudadanos. Pero estos sectores, como reconocen fuentes independentistas, no son los mayoritarios dentro de la formación, en la que ganan los partidarios de Carles Puigdemont, que tiene siempre la última palabra.

El PSOE sigue defendiendo que es "impecable"

Los socialistas siguen trasladando que el texto es “impecable” y que no debería tocarse ante la posibilidad de que pudiera no pasar luego el filtro del Tribunal Constitucional y de las autoridades judiciales europeas. Esta es una de las grandes obsesiones del equipo negociador del PSOE, encabezado por Félix Bolaños, que siempre ha buscado la mayor seguridad jurídica.

El mensaje que ahora mandan los ministros del Gobierno es que Junts debe reflexionar en la dirección de que no hay que hacer peligrar el texto en los tribunales por una afinación personal que puede luego perjudicar a centenares de posibles beneficiarios y que un ‘no’ puede llevar a que se imponga el bloque de las derechas. En La Moncloa subrayan que esto abre la puerta a Vox y al PP, recordando que este mismo miércoles el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “terror” y de “fascismo” lo que sucedió en las calles de Cataluña.

El enfado del PSOE es total con Junts después de la votación de este martes, al entender que hizo algo “incomprensible”. Dentro del propio partido existe la sensación de que había que parar ya y dejar claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Ejecutivo en el Congreso. "Lo que yo puedo garantizar es que esa ley que entró en el Congreso de los Diputados es impecable, absolutamente constitucional y conforme al Derecho europeo, es una ley que se va a mantener así y que cuando se apruebe, porque se aprobará, es una ley que va a salir conforme a la Constitución, conforme al derecho de la Unión Europea e impecable", remarcó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una entrevista en la Cadena Ser.

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"La ley no se puede improvisar a cada minuto, sino que lo que hay que hacer es trabajarla con el mismo rigor con el que lo hemos hecho", apostilló el titular de Justicia. En la línea, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pidió reflexionar a Junts y remarcó ante esta nueva fase: "Yo diría que margen para negociar tiene que haber siempre. Quiero decir que, por supuesto, cuando transcurre tiempo y hay una voluntad clara de diálogo por ambas partes, pues siempre hay condiciones para poder seguir incorporando cuestiones que, como siempre dijimos, tenían que ver con mejoras técnicas".

La presión a Junts también está llegando desde el resto de socios de investidura. Un papel clave siempre lo tiene el PNV, que ha mostrado su preocupación en estas horas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, cuestionó el “cambio de criterio” de Junts. Los nacionalistas vascos confían en que termine saliendo adelante esta norma. Fuentes de la dirección peneuvista subrayan, no obstante, que ellos no van a mediar e indican: “Nuestros votos están y estarán al servicio de la solución que puedan arbitrar el Gobierno español y Junts en el próximo mes”.

La pelota estará ahora en esa Comisión de Justicia. En el reglamento del Congreso, en virtud del artículo 131, se establece un mes para ese debate, pero la Mesa lo tendrá que estudiar en su próxima reunión al no haber una interpretación asentada en relación a los procedimientos de urgencia (el que siguen la ley de amnistía). Esto podría llevar, según fuentes parlamentarias, a que se estableciese un plazo de quince días pero ampliable hasta los 30.

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