En Europa piden ayudas al gasoil, en España temen la crisis climática: diferencias a uno y otro lado del Pirineo
Los agricultores europeos salieron con todo este jueves en Bruselas aprovechando la reunión de los 27 jefes de estado en la capital belga. Las manifestaciones se repiten estos días en las calles de una decena de países europeos con el principal objetivo de tumbar las leyes agroecológicas impulsadas por Bruselas, que según el sector encarecen y reducen la producción, al tiempo que reclaman un mayor proteccionismo frente a las importaciones de fuera del continente. El poder de los agricultores es más que considerable, especialmente a cinco meses de las elecciones europeas. El 38% del territorio de la Unión está cubierto por cultivos en activo y 7,5 millones de personas trabajan en el sector primario.
Las asociaciones agrícolas españolas también se han levantado esta semana con un discurso similar, aunque la situación de partida no es la misma que para sus compañeros franceses o alemanes. Estas son las diferencias.
España garantiza las ayuda a los carburantes
El detonante de las manifestaciones en Francia y Alemania han sido la pérdida de las ayudas a los combustibles. Ambos gobiernos declararon en 2023 su intención de reducir a cero la subvención para el diésel agrícola con el argumento de que es necesario ahorrar en los Presupuestos para poder dar luego ayudas a inversiones verdes. También para acabar con los incentivos al combustible, lo que se conoce como "cambiar una fiscalidad marrón por una verde". Francia reduciría esas ayudas a cero entre 2024 y 2030, y Alemania planeaba adelantar el fin a 2026, pero ambos han suavizado la medida tras las protestas.
En España, la compensación del gasoil B está garantizada por ahora, según ha trasladado el Ministerio de Agricultura a las asociaciones agrarias. Consiste en una devolución total del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a través de su desgravación. Según este ministerio, si el precio medio del litro de diésel B se vende ahora a 1,22 euros de media, para el sector primario el precio se queda en 0,76 euros el litro porque el IVA se traslada a las ventas y el IEH se desgrava. Como ocurre en los países europeos, España tendrá que afrontar tarde o temprano el fin de las ayudas al carburante agrícola. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado la necesidad de acabar con todas las ayudas que fomentan la quema de combustibles fósiles.
La ley de la cadena alimentaria española, ejemplo para Europa
La organización agrícola COAG, la principal representante del campo en España, recibió el año pasado a parlamentarios alemanes y de otros países europeos para explicar el funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria española. La razón es que otros gobiernos quieren replicar la norma en su país, ya que el campo español la considera "una conquista histórica" del sector.
La ley original es de 2013, pero se amplió en diciembre de 2021 para garantizar que cada eslabón por el que pasa un alimento en su producción, transporte y venta, incluye sus costes en el precio del producto de forma transparente, para que los actores más débiles de la cadena tengan garantizada una rentabilidad. La principal victoria de la agricultura y la ganadería es que prohíbe vender un producto por debajo del precio de coste, una condición que no está recogida en las leyes de ningún otro país europeo, según COAG. La organización ecologista WWF pidió de hecho este jueves a la Unión Europea que se asegure de que todos los países transponen por completo la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que protege a los productores.
Un impacto del cambio climático muy desigual
El sector agrícola español es probablemente el que más experiencia tiene de Europa en la lucha contra las adversidades climáticas, según los expertos, debido a la abundancia de montañas y al impacto del Atlántico y el Mediterráneo, que año tras año trae pedrisco e inundaciones. Con la llegada del cambio climático, el campo español es todavía más vulnerable que sus vecinos del norte, ya que es más vulnerable a la sequía, el principal riesgo para el campo. Los datos publicados este miércoles por Agroseguro, un consorcio de aseguradoras agrarias, muestran que los daños del cambio climático casi se han duplicado en un lustro. La media de las indemnizaciones pagadas entre 2017 y 2021 fue de 692 millones de euros al año, y en 2023 alcanzó los 1.241 millones.
Francia, el principal productor agrícola de Europa y principal competidor de España, también es vulnerable al cambio climático por el incremento de las lluvias torrenciales, aunque está más protegido de la sequía, ya que se ubica en las zonas de clima oceánico y continental. Los países mediterráneos (España, Italia y Grecia) tienen un mayor riesgo de sufrir olas de calor intensas, reducción de las precipitaciones, desertificación y reducciones de rendimiento en los cultivos, según la Agencia Europea de Medioambiente.
El tamaño medio de las granjas francesas y alemanas es más de dos veces superior que las españolas, y su capacidad económica también es mayor, por lo que tienen una mayor capacidad para invertir y adaptarse al cambio climático. Otro inconveniente es que casi el 40% de los ingresos del sector agrícola español proceden de las frutas y las hortalizas, dos cultivos extremadamente dependientes del agua.
España recibe menos dinero de la PAC que Francia
La Comisión Europea inyectará en la agricultura y la ganadería 386.000 millones de euros entre 2023 y 2027 en el marco de la PAC, pero un debate histórico en el seno de este mecanismo es el reparto que hace Bruselas por países. Según la organización COAG, esta división penaliza a España sobre otros países, con la vista puesta en Francia: la organización asegura que mientras un agricultor español recibe de media 5.000 euros al año de la PAC, uno francés ingresa 25.000. Se trata de una estimación propia, ya que la Comisión no publica este dato.
Según las cifras oficiales, España ingresará durante este periodo de la PAC 6.420 millones de euros, un 31% menos que Francia (9.290 millones), y estos serán los dos principales receptores de la Unión, seguidos de Alemania (6.050), Italia (5.340) y Polonia (4.420).
El desequilibrio entre Francia y España se explica porque las ayudas de la PAC se dan según los rendimientos históricos de las explotaciones, donde Francia supera a la península. Si en 2023 el rendimiento de la agricultura y ganadería francesas fue de 83.000 millones, el de España fue de 62.000 millones, según Eurostat. Una parte de las subvenciones de la PAC están desacopladas y se dan por hectárea, independientemente de la producción, y las fincas francesas son de media 2,7 veces más grandes que las españolas.
Problemas comunes que unen al sector
Aunque haya diferencias importantes entre las condiciones de los agricultores europeos y los españoles, y a la hora de comerciar dentro de la UE sean rivales, el sector asegura ser un grupo unido con las mismas reivindicaciones durante las protestas de estos días. Señala a la Comisión y al Pacto Verde Europeo como el principal bache de la agricultura y la ganadería para ser un negocio rentable, ya que las leyes impulsadas durante los últimos años han aumentado las exigencias sobre este colectivo.
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Por ejemplo, la PAC se ha redirigido en el periodo 2023-2027 para que un 25% de las ayudas directas se entreguen solo a los agricultores que tomen medidas agroecológicas en sus tierras, como plantar cubiertas vegetales para incrementar la biodiversidad o instaurar una rotación de cultivos para mejorar la calidad de la tierra. Estas medidas no fueron realmente un gran problema el año pasado, ya que el Gobierno español suavizó los criterios y el 75% de los profesionales se suscribieron a los ecorregímenes.
Donde el campo sí que ve un problema de verdad es en el llamado Plan del Campo a la Mesa, una estrategia de la Comisión Europea presentada en 2020 que pretende renovar la legislación agraria comunitaria para alcanzar las cero emisiones en 2050. Uno de sus pilares es reducir en 2030 el uso de pesticidas un 50%, por lo que se está debatiendo revisar la Directiva de Pesticidas. También incluye reducir el uso de fertilizantes un 20% y que el 25% de las granjas sean ecológicas para 2030. Los agricultores critican que Bruselas sacó adelante este plan sin consultar con el sector.
También exigen endurecer las barreras comerciales para que los productos de fuera de la UE tengan más dificultades para competir. Quieren que la UE no ratifique el pacto con Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Nueva Zelanda, y no amplíe los tratados con Chile, Kenia, México, India y Australia. El pacto de Mercosur lleva dos décadas pendiente de firmarse y en 2019 se alcanzó un preacuerdo que España y otros países trataron de cerrar en 2023, pero Francia sigue vetándolo. Mercosur introduciría en la Unión enormes cantidades de carne de vacuno de Argentina y Brasil y cultivos como el maíz, la soja y el arroz.
