PP y Vox borran en Valencia y Baleares el poder de los órganos institucionales antifraude y anticorrupción

El 17 de mayo de 1996, a punto de cumplirse el primer año de mandato presidencial de Eduardo Zaplana, un diputado de IU disparó a bocajarro tres preguntas al entonces director de la radio autonómica valenciana. La primera: si el jefe de programas le había entregado un informe que, como dejó claro el diputado en una intervención previa, abordaba el intento de confeccionar listas negras de periodistas no adictos al PP. La segunda: si se lo había comunicado al director general de la cadena. La tercera: si pensaba hacer algo contra los responsables. El diputado instó al directivo de Radio 9, Francisco Mora, a responder diciendo tan solo sí o no. “Sí, sí y sí”, contestó el interpelado, quien luego negó que tales listas hubiesen existido dado que abortó su elaboración, dicho sea así por resumir su discurso, accesible pinchando aquí y yendo a las páginas 35 y 36 del PDF.

Más de un cuarto de siglo después, Santiago Lumbreras, que fue jefe de Informativos de Ràdio 9 en la etapa de Zaplana, es hoy secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, cargo adscrito a la Presidencia de la Generalitat bajo la batuta de Carlos Mazón (PP), cuyo primer puesto en la estructura orgánica de la Generalitat quedó fechado en 1999, es decir, en la etapa de Eduardo Zaplana, el hombre que ha ido viendo cómo antiguos compañeros caían por el precipicio de sentencias de corrupción mientras él permanecía inmune. Con Zaplana ahora en espera de sentarse en el banquillo –el juicio se ha pospuesto– por el denominado caso Erial, el señalado como protagonista de aquel episodio kagebiano –es decir, con cierto aroma a KGB– contra la libertad de información, Santiago Lumbreras , regresó hace un año al primer plano de la escena política valenciana tras la investidura de Carlos Mazón gracias a su pacto de gobierno con Vox.

¿Por qué elimina la Generalitat la Conselleria de Transparencia, incorpora esa área a otro departamento y pone al frente a Santiago Lumbreras, involucrado en el escándalo de las listas negras a mediados de los noventa? A la pregunta de infoLibre, los interlocutores de la Generalitat contestan así: “Hay una Dirección General que mejora la gestión y elimina gasto político [público]. Santiago Lumbreras no está en ningún escándalo y ni elaboró ni elabora ninguna lista negra. Es un fake histórico”.

La definición de aquel caso como “fake histórico”, inédita según distintas fuentes valencianas, llega en un momento en que un rastro de migas muestra lo que cabría definir como una estrategia de marcha atrás en políticas de transparencia, lucha contra el fraude y la corrupción y de fiscalización del gobierno. ¿Dónde? En autonomías ajenas a la enorme atención mediática que suscitan territorios como la Comunidad de Madrid o Galicia y presididas por el PP como consecuencia de su pacto con Vox, como Valencia y Baleares. Inmersa ahora en una guerra interna de consecuencias todavía imprevisibles, la ultraderecha no participa en el Ejecutivo balear pero sí en los Consells insulares.

La Generalitat no solo ha eliminado la Conselleria de Transparencia sino también la oficina de recuperación de activos vinculados a casos de corrupción, a la que el PSOE atribuye haber recuperado 12 millones, y ha puesto en la cuerda floja la Agencia Antifraude. En el archipiélago balear, tramita ya una ley que establece no solo el cierre de la oficina de lucha contra la corrupción sino que las denuncias no podrán ya ser anónimas y que los datos del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de los Cargos Públicos de las Illes Balears tendrán “carácter reservado”. Es decir, que no serán de acceso público universal.

Antifraude en el punto de mira en la Comunidad Valenciana

En el caso de la Comunidad Valenciana, las preguntas que este medio formuló este viernes a los portavoces de la Generalitat emergen porque hace apenas una semana el principal diario de la región, Levante, publicó una información con el siguiente titular: “Vox negociará con el PP la ‘reconversión’ o ‘desaparición’ de Antifraude tras renovar la dirección de la agencia”. La noticia se sustentaba en unas declaraciones del portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos, conocido en toda España a partir del momento en que negó la violencia machista. Lo que Llanos anticipó fue que, una vez pactado el nombre del nuevo director de la Agencia Antifraude, Vox negociará con su socio de gobierno la “ubicación, reconversión o desaparición” de tal organismo.

Una vez relegada Transparencia a una dirección general, ¿cuál es la posición del PP respecto a la solicitud de Vox de eliminar también la Agencia Antifraude? “La Agencia Antifraude –contestan ahora las fuentes consultadas– es un órgano estatutario y esperamos que resuelva sus recientes polémicas relacionadas con el director que propuso Compromís lo antes posible por su buen nombre”.

Con su apelación al “buen nombre”, los portavoces del Gobierno de Mazón aluden de forma tácita a las acusaciones de que en la Agencia hubo acoso sexual. infoLibre carece de datos para concluir si ha existido o no. El pasado mes de noviembre, el todavía director de la Agencia, Joan Llinares, sostuvo que las acusaciones eran falsas. Y que en realidad estamos ante una “campaña” de “presiones” por las investigaciones de la Agencia sobre el caso Azud, una enorme trama de financiación ilegal que tuvo el Ayuntamiento de Rita Barberá como epicentro pero alcanzó un carácter transversal: entre los imputados también hay algunos dirigentes del PSOE valenciano, el PSPV.

Aunque la renovación de la cúpula de la Agencia Antifraude está en riesgo de bloqueo –requiere mayoría cualificada y por tanto acuerdo con la oposición–, lo publicado en la prensa valenciana indica que quien más papeletas acumula para suceder a Llinares es Eduardo Bëut, director de la Agencia Tributaria en Valencia bajo el Gobierno de José María Aznar. El portavoz de Compromís en las Cortes valencianas, Joan Baldoví, asegura que Beut fue un “intimo colaborador de Eduardo Zaplana”.

Sobre el borrado de la Oficina de Recuperación de Activos, la Generalitat ofrece la siguiente respuesta: “La Oficina nunca existió ni tuvo personal. Se ha despolitizado y ahora depende de la Abogacía, que es su sitio legal, y se encarga de vigilar todos los activos, incluidos los otorgados a Francis Puig”. Francis Puig es el hermano de Ximo Puig, presidente socialista de la Comunidad Valenciana hasta 2023 y a quien el PP comenzó ya en la campaña electoral autonómica a acusar de fraude en la adjudicación de subvenciones. Francis Puig sigue imputado a día de hoy mientras que el juez cerró ya hace casi un año el caso en lo relativo a quien, según el PP, había participado en los delitos –un director general del anterior Gobierno que otorgó las subvenciones investigadas–, lo que exonera a la Administración. En 2023, el TSJ valenciano confirmó una multa de 16.801 euros a una de las dos empresas vinculadas a Francis Puig, Comunicacions del Ports, por pactar precios "pero a la baja" con otras empresas de su comarca, dice una fuente que pide no ser identificada. Es lo que se conoce como crear un cártel.

Según la base estatal de subvenciones consultada este sábado por infoLibre, Comunicacions del Ports recibió del Gobierno de Mazón subvenciones por importe total de 149.721 euros entre agosto y noviembre de 2023. Según el diario Las Provincias, en los dos últimos años de gobierno del Pacto del Botànic la Generalitat abonó a esa empresa y otra más también ligada a Francis Puig –Mas Mut Produccions– 287.000 euros por convocatorias de ayudas al valenciano. Los contratos del Ejecutivo nacido del llamado Pacto del Botànic –el acuerdo suscrito en 2015 por el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo de Podem– se encuentran hoy en la diana del equipo de Mazón, que ha prometido una investigación parlamentaria exhaustiva. 

Para Mercedes Caballero, portavoz socialista en la Comisión de Transparencia del Parlamento valenciano, “es un escándalo cómo nada más llegar al Consell el PP ha perpetrado la demolición de los instrumentos de control que puso en marcha Ximo Puig en la Generalitat, empezando por la eliminación de la Conselleria de Transparencia y, sobre todo, la liquidación de la Oficina de Recuperación de Activos como consecuencia de los casos de corrupción del PP en 20 años” .

El PSOE cree que "ha vuelto el peor zaplanismo"

En declaraciones a infoLibre, Caballero considera “especialmente grave” el cerrojazo a la oficina de recuperación de activos. ¿Por qué? “Porque, tras saltar el caso Erial, en el que están procesados los expresidentes del PP Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, la Oficina abrió un expediente para saber cuánto dinero desvió presuntamente esta trama de las arcas públicas y con vistas a su activación inmediata en caso de que se acreditara en una eventual sentencia el pago de los más de 10 millones de todos los valencianos en comisiones ilegales. Mazón ha eliminado así la oficina que iba a investigar la presunta corrupción del PP en el caso Erial [presunta trama de mordidas y sobornos] y que afecta directamente a su padrino político, Eduardo Zaplana”.

El PP –concluye la diputada– “ no quiere ni controladores ni testigos. Con Mazón ha vuelto el peor zaplanismo, del que los valencianos ya fuimos víctimas y que nos supuso un enorme coste reputacional y en forma de desvío de dinero de todos los valencianos destinados a los bolsillos de unos pocos y a la financiación de las campañas electorales del PP”.

El misterio del registro balear de intereses "de carácter reservado"

Pero no todo acaba ahí. Como en una reedición de vidas paralelas en su variante política, Baleares comparte con Valencia un pasado político trufado de casos de corrupción y una figura –Jaume Matas– del mismo porte y afiliación que Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Ahora, de nuevo con un gobierno conservador desde 2023 gracias al pacto PP-Vox, el equipo que lidera Marga Prohens ya ha dado una serie de pasos sobre transparencia y vigilancia en la misma línea que la Comunidad Valenciana.

Al mes de que arrancase el curso parlamentario, el PP presentó una proposición de ley que no solo prevé el cierre de la oficina de lucha contra la corrupción, sino que –como se esbozó más arriba– estipula que no se admitan ya denuncias anónimas y que las declaraciones de bienes y actividades alojadas en el Registro de Cargos tampoco tengan carácter público.

El mismo día en que se registró el proyecto de ley –9 de octubre–, la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Durán, remarcó lo que sigue: "Todas las funciones y obligaciones de dicha oficina quedarán cubiertas a través de un registro de actividades, intereses, rentas y patrimonio de los cargos".

El viernes, y en conversación telefónica con este medio, el vicepresidente del Parlament balear, Mauricio Rovira, del PP, remarcó dos mensajes: que la Oficina Anticorrupción, "que cuesta 1,5 millones", resulta innecesaria porque su existencia supone una "duplicidad" dado que ya la Policía, la Fiscalía, la judicatura y la Sindicatura de Cuentas cumplen las funciones de vigilancia e investigación; y que el hecho de que el Registro de Intereses de cargos públicos tenga "carácter reservado" –el proyecto legal usa literalmente esos términos– no implica un retroceso en transparencia dado que las declaraciones de bienes de quienes están "obligados a realizarlas" son accesibles a través de los portales de transparencia de las distintas administraciones.

A la pregunta de por qué y para qué se mantiene entonces un registro duplicado y al que no habrá acceso público universal si esa misma información estará disponible a través de otros portales de transparencia, Rovira respondió lo que sigue, ahora por whatsapp: "Estamos en trámite de enmiendas. Todas las opiniones para mejorar el documento están encima de la mesa".

Denuncias anónimas sí... pero ante la Policía o la Fiscalía

Respecto a la eliminación de las denuncias anónimas, el diputado subrayó que, una vez desaparezca la Oficina Anticorrupción de Baleares, "seguirán pudiéndose hacer en la Policía, la Fiscalía y los órganos que lo tengan regulado". El discurso del vicepresidente del Parlament en su conversación con este medio marchó en la misma dirección que el lanzado en octubre por la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular. Entonces, Marga Durán recalcó que la Oficina Anticorrupción, que funciona como organismo independiente, adolece de un sesgo político abiertamente contrario al PP. Ahora, Rovira asegura que ese departamento tiene abierta "desde hace cuatro años" una investigación, la del llamado caso Campos.

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Según la información conocida hasta ahora, la investigación afecta al director general de Emergencias del Ejecutivo autonómico, Sebastià Sureda. ¿Por qué? Porque en su calidad de concejal del municipio de Campos, Sureda habría permitido que una veintena de locales funcionasen sin permiso en un polígono industrial. Como publicó eldiario.es, entre las instalaciones irregulares se cuentan un club de golf y un taller de reparación de embarcaciones. Hasta agosto de 2023, cuando cesó tras su nombramiento como director general del Govern balear, Sureda administraba una asesoría en el municipio de Campos junto con el padre de la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

En octubre, la portavoz del PP Marga Durán ya anunció que las investigaciones de la Oficina Anticorrupción "pasarán a la Inspección General de Servicios, dependiente de la Dirección General de Función Pública" pero la oficina ha de cerrar –remarcó– porque "no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos", en este caso, el suyo. "El PP –añadió– siempre hemos estado a favor del buen gobierno y de la transparencia pero no vamos a tolerar que haya un órgano encargado de difamar y difundir las acusaciones".

Tras recabar la versión del PP, infoLibre preguntó al portavoz parlamentario del PSOE balear, Marc Pons, portavoz adjunto de su grupo en el Parlament y miembro de la ejecutiva federal socialista, por el caso Campos. "Desconozco –contestó- cuándo– la Oficina abrió expediente por este caso. Por los medios vimos que era consecuencia de una denuncia ante la Oficina de Lucha contra la Corrupción de un particular, pero no sé en que momento se presentó la denuncia del particular". Fue aquí cuando Pons lanzó el dardo: "Es más, habría que preguntarle al Govern de dónde saca esta información sobre los cuatro años y cómo la ha obtenido. Debería demostrar que es así porque no creo que sea cierta". En su opinión, lo que se desprende de las afirmaciones sobre los cuatro años es "una vez más la intencionalidad por seguir desacreditando el trabajo de la Oficina de lucha contra la Corrupción".