Qué dicen las 200 actas policiales sobre las muertes en residencias que Ayuso no quiere que leas

Son, en total, 205 documentos. Y en casi todos ellos se reproduce la misma historia, aunque contada desde distintos escenarios y por diferentes bocas. La ayuda no llega, los fallecidos se acumulan, no hay equipos de protección y el personal está agotado. infoLibre ha tenido acceso a las actas que la Policía Municipal redactó desde numerosas residencias de la Comunidad de Madrid, unos textos que el propio Gobierno regional pretende, con ayuda de los tribunales, mantener ocultos. "Lo único que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid es intentar ocultar como sea los detalles de su perversa gestión que, lamentablemente, llevó a una muerte indigna a toda una generación", lamenta Carmen López, de Marea de Residencias. "Es una estrategia para que no se termine de conocer todo lo que pasó. Algo temen", añade Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare.

Durante las peores semanas se la pandemia nadie podía cruzar la puerta de entrada de los geriátricos. Ni los familiares de los mayores. Pero los agentes de la Policía Municipal sí. Y ahí constataron, por ejemplo, que no había equipos de desinfección. "Los realizan ellos mismos, no hay empresas externas", reflejaron los agentes que el 31 de marzo de 2020 un centro en Madrid. Tenían, en el momento de la inspección, 56 plazas ocupadas. "Falta mucho equipo de protección (EPIs), ya que no se lo han proporcionado (andan justos). No se han proporcionado test, por lo que no se ha realizado ninguna prueba", añadieron.

No era la única en esta situación. El centro Casablanca El Plantío fue visitado por la Policía el 1 de abril de 2020 a las 20.10 horas de la noche. Y su relato era casi idéntico. Según anotaron los agentes, la subdirectora del geriátrico manifestó que la UME (Unidad Militar de Emergencias) y los bomberos del Ayuntamiento todavía no se habían personado en el centro. "La desinfección la realizan diariamente el personal de mantenimiento con fumigadores. Nos manifiestan que llevan desde el día 9-03-2020 solicitando material a la Comunidad de Madrid (gafas, gorros, batas, etc.)", reflejaron en el documento, en el que también añadieron que la directiva que les atendió explicó que llevaba sin librar desde el 8 de marzo, por lo que se encontraba, "tanto física como psicológicamente, agotada".

Había muchos casos similares. Y en algunos tenía que ver con la falta de apoyo de las administraciones. Así lo manifestó por ejemplo el director de la Residencia Justo Dorado, visitada por la Policía el 20 de abril. "Ha echado en falta apoyo institucional de la administración pública, la posibilidad de acceder a la compra de material, apoyo del centro médico de referencia, apoyo espiritual y el establecimiento de protocolos bien definidos y no que les genere contradicciones", dejaron por escrito los agentes.

Muchos otros pidieron ayuda y no se la dieron. O al menos eso denunciaron en las inspecciones. Fue el caso, además de las ya mencionadas, del centro Pinar de Aravaca, donde la visita del 7 de abril hizo constar la denuncia de que "ni la UME ni bomberos han venido". O el de Nuestra Señora de Montserrat, donde "a pesar de estar solicitado" tampoco habían recibido al equipo de desinfección. O el de Cocemfe, donde estuvieron "3 semanas pidiendo desinfección".

Otros centros, en cambio, mostraban en sus datos los efectos del Protocolo de la Vergüenza que, según desveló infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones diferentes que, en síntesis, impedían la derivación hospitalaria de los mayores de residencias. Así murieron 7.291 personas entre marzo y abril de 2020. El 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños. El 5 abril, por ejemplo, los agentes que visitaron la Residencia Nuestra Señora del Carmen dejaron por escrito que, de los 23 fallecidos, 19 lo habían hecho en la residencia y tan sólo cuatro en el hospital. Cinco días más tarde, la inspección en la residencia Manoteras reflejó que, de los 11 fallecidos, tan sólo uno lo hizo en el hospital. Dos después, ya el 12 de abril, la Policía constató que de los 44 fallecidos en la Residencia Albertia Moratalaz 37 lo hicieron con covid, y tan sólo cinco de ellos en el hospital.

En este sentido, un estudio publicado el pasado mes de junio en la la revista Epidemiología (disponible en este enlace) reveló además que la mortalidad de los mayores con covid que no fueron derivados a un hospital tras contagiarse fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Concretamente, en la Comunidad, más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 falleció, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%.

Hubo además algunos centros que vincularon la mortalidad de sus residentes, directamente, a este Protocolo. Es el caso de Geriasa, un geriátrico localizado en la calle Doctor Esquerdo de la capital. Las actas policiales del centro, que ya publicó infoLibre en junio de 2020, reflejaban lo siguiente: "Preguntada [la directora del centro] al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que sólo son residencia y no hospital".

Testimonio similar se recogió en el centro Amavir de Usera. La inspección se llevó a cabo el 7 de abril y en ese momento ya habían fallecido 30 residentes. Pero algunos de los cadáveres todavía seguían allí. "Actualmente en el centro hay cuatro cadáveres (2 ayer y 2 hoy). Personal sanitario en momento inspección: 1 médico, 1 DUE [Diplomado Universitario en Enfermería] y 16 auxiliares. Las derivaciones al hospital de referencia (Hosp. 12 de Octubre) no se admiten para personas con síntomas por covid", recogieron los agentes.

Batalla en los tribunales

Los informes han salido a la luz apenas siete días después de que se publicase que el Gobierno conservador de Ayuso maniobra, precisamente, para que no lo hagan. Según confirmó la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local a infoLibre que la Comunidad interpuso en enero de 2023 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia competente para no efectuar la orden del Consejo de Transparencia que obligaba al equipo de Ayuso a hacer públicos todos esos documentos. Alegaron que se trataba de un "elevado volumen de información", que los documentos contienen datos "de carácter personal" y que no disponen de una "aplicación informática avanzada" que permita unificar aquellos textos digitalizados de los elaborados a mano por el agente que realizó la visita al centro en cuestión. En resumen: que hay que reelaborar la información.

Vázquez Sarti, de Pladigmare, considera en cambio que con todo esto ya hay información suficiente sobre lo que ocurrió. Y pide por ello a la Fiscalía que actúe. "De oficio, deberían incorporar todas estas actas policiales a los procedimientos que hay abiertos en los juzgados", señala. López, por su parte, indica que "cada vez hay más pruebas que dificultan a la justicia e instituciones mirar para otro lado".

La oposición, por su parte, ha instado al Gobierno, tanto regional como municipal, a sacar los documentos a la luz. En este sentido, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se ponga "del lado de los vecinos, no de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso", a la que acusa de "oscurantismo". "Los directores y las directoras le contaban a la Policía Municipal el abandono por parte de la Comunidad de Madrid. Son muy claras y muy duras de leer", lamenta, añadiendo que su propia formación tiene en el poder los documentos, que hicieron públicas, matizó, "hace años".

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Maestre, además, ha señalado que dichas actas se levantaron al tiempo "que el hermano de Ayuso recibía contratos y la presidenta de la Comunidad se alojaba en un hotel de lujo" y ha añadido que en esos meses desde las direcciones de las residencias "contaban a los policías el estado de abandono de la Comunidad".

Este mismo lunes, su homóloga en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado que su formación trasladará a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa "toda la documentación" sobre la situación de las residencias en el covid-19 por si se "vulneraron Derechos Humanos". Basándose en las actas conocidas hasta ahora, Bergerot cree que hay "más indicios de responsabilidad penal" contra la presidenta autonómica.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, afeó en la Cámara regional la falta de transparencia de Ayuso. Como dijo, conocer el contenido de las actas es importante para que "las familias sean tratadas con la justicia y la dignidad que merecen" y para "hacer las cosas bien" de cara al futuro.