Las protestas contra la ola de parques eólicos no se oyen en la campaña del 18F
Galicia fue hasta 2007 la potencia española de la industria eólica, pero Castilla y León, La Mancha y Aragón la adelantaron por la derecha. Durante los siguientes años la preocupación de los gallegos fue que la ralentización de esta industria castigase la economía regional, mientras que hoy lo que temen en las zonas rurales es que su expansión se haga a costa de la naturaleza y sin dejar empleo en la zona. En todo caso, los molinos de viento no parecen preocupar a la gran mayoría de los gallegos, según el CIS, y en campaña electoral el tema ha pasado desapercibido.
En el debate a cinco de la televisión autonómica el asunto se trató de refilón, recuerda Diego Mo Groba, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Santiago. "No parece que sea un tema que preocupe estos días, o por o menos no es un mensaje que hayan tratado de colocar los partidos", afirma. "La Sanidad y los pellets han sido los asuntos más polémicos, pero creo que la eólica es un tema de nicho que preocupa en los lugares donde tiene impacto", añade el experto. También afirma que el PP ha tratado de jugar los comicios en clave nacional, centrando el debate en la amnistía y los errores de Pedro Sánchez.
En abril del año pasado el movimiento contra la eólica cogió mucha fuerza en Galicia después de que 75 proyectos de construcción recibiesen en enero una declaración ambiental positiva, un paso preliminar para su instalación. En esas fechas, el Ministerio de Transición Ecológica también publicó las zonas donde se podrán construir en los próximos años centenares de molinos flotantes, y buena parte irán frente a la costa gallega, una noticia que encendió todavía más el debate.
Sin embargo, el CIS de enero de Galicia arrojó que este asunto apenas tendrá impacto en las elecciones de este domingo. El paro, la sanidad y el desgaste político de la Xunta son la principal preocupación de los ciudadanos, mientras que el medioambiente es el principal problema del 0,8% de los encuestados. La última protesta contra la eólica, en noviembre, apenas congregó a unas decenas de personas frente al parlamento autonómico.
La construcción de molinos en Galicia llegó como una ola entre 1995 y 2007, y durante esos años apenas contestación social. La crisis económica y el recorte a las primas de las renovables hundieron el mercado en la siguiente década, pero ahora se espera que vuelva a despegar con las nuevas generaciones de molinos de mayor tamaño. Sin embargo, una parte de la población está preocupada por el impacto ambiental de los aerogeneradores en zonas de montaña.
En Galicia hay unos 4.000 molinos en funcionamiento con una potencia de 3.900MW, el 12,7% de la potencia instalada en España. A estos se suman, según Red Eléctrica, otros 7.216MW de potencia en forma de molinos que ya tienen permisos de conexión a la red y que solo falta instalar. Es decir, hay miles de aerogeneradores esperando a ser construidos en la región de aquí a 2030, aunque una parte probablemente se caiga.
Adega, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, es una de las más combativas con la Xunta y ha llevado en el último año más de una treintena de proyectos a juicio para tratar de frenarlos. La ONG entiende que algunos promotores han fragmentado proyectos eólicos para facilitar y acelerar la tramitación ambiental, porque a partir de 50MW de tamaño es el Ministerio de Transición Ecológica el que evalúa, y por debajo es la Xunta. En otros casos, Adega cree que la Conselleria de Medio Ambiente ha sido muy laxa al estudiar el impacto de los molinos en el entorno. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado dos proyectos denunciados por la organización ecologista y ha paralizado cautelarmente un tercero.
"Hemos encontrado proyectos ubicados en ecosistemas de turberas o humedales. La Xunta ha promovido una oleada de molinos sin hacer los deberes en conservación", critica Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega. Se refiere a que en la región llevan más de 15 años intentando ampliar las tierras protegidas por la Red Natura 2000, una zona donde no se puede levantar molinos, pero la Xunta ha evitado aumentar su extensión. De hecho, solo el 12,3% del territorio está dentro de la Red Natura 2000, mientras que en el resto de comunidades autónomas supera el 20%.
La patronal del sector, la Asociación Eólica de Galicia, ha declinado participar en el artículo debido a la cercanía de las elecciones. Un profesional que prefiere no dar su nombre lo explica así: "Por primera vez hay una sensación de no se sabe qué va a pasar", dice en referencia a las elecciones del domingo, donde los dos bloques llegan prácticamente igualados. Esta fuente reconoce que la industria eólica ha estado durante mucho tiempo en Galicia en el punto de mira y se ha politizado por el enfrentamiento entre promotores y ecologistas, por lo que entiende que estos días el sector mantenga un perfil bajo.
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Otro de los problemas que denuncian diferentes actores es la falta de planificación de la Xunta sobre el sector eólico. Su construcción no está estructurada en un plan de ordenación ni se combina con una política industrial para dejar empleo en la zona. "En 2017 se liberalizó el sector y ahora llega un boom de proyectos que no mejoran la economía de los pueblos ni de la comunidad autónoma", critica Xavier Simón, director del Observatorio Eólico de Galicia, vinculado a la Universidad de Vigo. "No hay obra civil ni impulso industrial y aquí solo quedan algunas fábricas de tubos, pero las palas vienen de Portugal o el extranjero", añade.
La producción de molinos era una industria potente en Galicia hasta que Gamesa y Vestas cerraron sus dos fábricas de componentes en 2021, y ahora prácticamente toda la fabricación eólica regional corre a cargo de GRI, una filial de Gestamp, que tiene una fábrica de tubos que sirven de pilar para los molinos ubicada en Carballiño (Ourense), donde fabrica unas 500 torres al año para exportar al extranjero. También quedan algunas empresas de montadores o ensambladores de eólica, pero el sector está desmantelado.
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Por otra parte, el debate a cinco emitido en TVG dejó unas declaraciones de la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, prometiendo la creación de una empresa pública eléctrica en Galicia para que los molinos dejen beneficios en los municipios. El argumento es que la comunidad produce mucha más energía de la que consume, y esos molinos sirven para alimentar a otras regiones importadoras de energía, una crítica que también se ha escuchado en otras comunidades autónomas, especialmente las que rodean a Madrid. En 2021 Galicia generó un 138% de la electricidad que consumió, es decir, que exportó una buena parte, aunque otras cinco comunidades produjeron un porcentaje todavía mayor.
Normalmente son las regiones más grandes las que más energía generan, pero las organizaciones civiles reclaman que este esfuerzo repercuta sobre la población local. Una parte es a través de impuestos, y en 2021 la eólica en Galicia pagó 100 millones de euros en tributos, según sus cifras. El problema es que ese dinero no termina impulsando la economía local, por eso Adega reclama un plan territorial antes de instalar los miles de molinos pendientes.
El municipio de Muras (Lugo) es un claro ejemplo de cómo los beneficios energéticos no logran ayudar a los vecinos. Pese a tener 381 molinos para 640 ciudadanos, su renta media por habitante ha crecido al mismo ritmo que la de los municipios que lo rodean en los últimos años.
