Cinco datos que desmontan la tesis de Ayuso de que la catástrofe en las residencias fue igual en toda España

Tan sólo han pasado cuatro días desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, levantara una polvareda de críticas con sus últimas declaraciones respecto a los fallecidos en residencias de la región durante la primera ola de la pandemia. "Mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", dijo en la Asamblea de Madrid. Este lunes, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, insistió. Y echó mano también de un argumento que utiliza desde hace cuatro años: en todos los lugares de España ocurrió lo mismo, así que no hay que buscar responsables, ni desde la política ni desde la justicia, de lo que pasó. "En Madrid se hizo lo imposible por salvar cada una de las vidas de los mayores, quienes, como en todas partes, fallecieron en residencias, en domicilios y en hospitales", ha señalado. "El traslado de los enfermos no garantizaba la salud", añadió.

Pero del mismo modo que las declaraciones del pasado jueves no eran ciertas —puesto que los propios datos oficiales de su Ejecutivo obtenidos por infoLibre a través del Portal de Transparencia reflejan que el 65% de los mayores que sí fueron derivados se salvaron—, las de este lunes tampoco. Las reforzó el alcalde la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que la acompañó en el acto de este lunes. "Ya está bien de que la izquierda solo hable de los muertos del PP y ya está bien de que la izquierda solo hable de los muertos en Madrid", afirmó, insistiendo en que que los fallecimientos en residencias durante la pandemia "no fueron únicamente en Madrid", sino que fue algo que afectó a toda España.

Hay una cosa cierta, y es que la situación vivida en los geriátricos durante las peores semanas de la crisis sanitaria fue dramática en varias comunidades. Pero no se pueden obviar cinco hechos que sí marcaron la diferencia entre lo ocurrido en Madrid y en otras autonomías. Como publicó este periódico, el 75% de las muertes se produjeron entre Madrid, Cataluña y las dos Castillas.

En relación con la falta de derivaciones hospitalarias, en los meses de abril y marzo de 2020, el 77% de los residentes fallecidos en Madrid lo hicieron en el propio centro residencial y en Cataluña esa cifra se situó en el 72%. Pero en Cantabria, por ejemplo, se quedó en el 34%. Además, un estudio científico publicado en la la revista Epidemiología (disponible en este enlace) reveló que la mortalidad de los mayores con covid que no fueron derivados a un hospital tras contagiarse fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Concretamente, en la Comunidad, más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 falleció, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%.

Miriam Alía trabajó con Médicos Sin Fronteras en Madrid y en Castilla y León en aquellos meses. Y no duda al señalar que lo vivido en Madrid fue diferente. "En toda España era muy difícil derivar. Los hospitales estaban colapsados y el modelo de residencias es precario en todas partes", señala. Pero en ninguna otra, dice, hubo un Protocolo que establecía un triaje por dependencia. Ni un hospital como Ifema al que tampoco llegaron derivaciones.

1. La aprobación del Protocolo más restrictivo

El 18 de marzo de 2020, como publicó infoLibre, la Comunidad de Madrid aprobó un Protocolo cuya existencia, durante mucho tiempo, rebajaron a un mero "borrador". Sin embargo, ex altos cargos del Gobierno de Ayuso y directoras de residencias han confirmado, y delante de un juez, que se trataba de un documento oficial que se aplicó en los centros. Y que según el mismo se fijaron "criterios de exclusión" que impedían el traslado a los hospitales a los residentes más débiles, es decir, aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física. Y esto ocurría con independencia de tener o no covid.

Según recuerda Alía, el Protocolo madrileño, y eso no pasó en ningún otro lugar, estableció "un triaje por nivel de dependencia". "Es decir, una persona con discapacidad que vivía en una residencia, independientemente de la edad que tuviera, no podía ser derivada. No había ningún criterio clínico. Y sólo afectó a quienes vivían en residencias", lamenta.

No fue este el único protocolo aprobado en aquellas semanas, pero sí el más duro. Cataluña, entonces gobernada por Quim Torra (Junts), tuvo el suyo propio. El documento, del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. En cualquier caso, según alegó el Govern en su defensa, "el criterio médico de cada paciente" prevalecía entonces "sobre estas recomendaciones generales, siempre que sea razonado, argumentado y consensuado con el paciente y familiares". Un argumento también utilizado por el Gobierno de Ayuso.

2. El mayor porcentaje de fallecidos en el propio geriátrico

En las dos autonomías se aplicaron estos protocolos. Y con consecuencias, aunque no al mismo nivel. Y Madrid vuelve a destacar en el peor sentido. La presidida por Isabel Díaz Ayuso fue, con diferencia, donde más residentes fallecieron sin atención hospitalaria: 7.291 personas, lo que supone el 77% del total (9.470 mayores). No hay un porcentaje tan alto en ningún otro lugar. Aunque es cierto que el catalán se le acerca.

Allí, entre marzo y abril de 2020 fallecieron 2.797 personas con covid-19 o con síntomas compatibles sin ser derivados de los geriátricos a los hospitales, según los datos oficiales de la Generalitat. La cifra supone el 72% de todos los residentes fallecidos esos dos meses.

En el mismo periodo, en Castilla y León se registró un porcentaje similar. Concretamente, y según los datos del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP), el 71% de los fallecimientos de residentes se produjeron en el propio centro.

No existen datos sobre Castilla-La Mancha, porque el Gobierno de Emiliano García Page, alegó que no los tenía. Pero otros indicadores sobre el impacto de la pandemia permiten deducir que ese porcentaje también se situó en torno al 70%.

En el resto de comunidades, sin embargo, no hubo datos tan dramáticos. En La Rioja por ejemplo ese porcentaje fue del 63,2%; en el País Vasco, del 62,5%; en Galicia, del 50,2%; en Cantabria, del 37,4%; y en Canarias, del 5,9%. Todo siempre según los datos aportados por las propias autonomías a infoLibre.

3. Un "hospital milagro" donde no llegaron los residentes

Las dramáticas cifras de no derivaciones en Madrid no se solucionaron ni con una de las medidas más publicitadas por el Gobierno autonómico. El 21 de marzo se abrieron las puertas del hospital de campaña construido en Ifema y calificado de "milagro" por la propia presidenta madrileña. En las seis semanas que estuvo abierto —cerró el 30 de abril—, ingresaron allí 3.811 personas, aunque el espacio, aseguró el propio Gobierno de Ayuso, disponía de 5.000 camas. En ese mismo periodo dieron positivo 10.298 personas que vivían en residencias, y sólo ingresaron 23, el 0,22%.

En otros lugares también se crearon centros de asistencia sanitaria. No tan grandes como Ifema ni mucho menos igual de jaleados por los gobiernos que los pusieron en marcha, pero sí específicos para tratar a los mayores de las residencias. Los hubo, por ejemplo, en Galicia, Cantabria y Gipuzkoa y su objetivo fue evitar el colapso hospitalario y, además, reducir los contagios en los propios centros de mayores.

4. Sólo derivados a hospitales privados los residentes con seguro

Del mismo modo que la Comunidad de Madrid no utilizó los medios que tenía al alcance tras la construcción del hospital de Ifema, tampoco lo hizo con los que ofrecían los hospitales privados. El 29 de abril, la dirigente madrileña aseguró que a mediados de marzo se había creado, "de manera histórica", un "mando único" en la sanidad según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la región, también los 68 privados. "Funcionaríamos como un solo hospital", explicó.

Pero la realidad es que, en el caso de los residentes, solo fueron derivados a los hospitales privados aquellos que tenían un seguro privado, una decisión que no consta que se haya tomado en ninguna otra autonomía.

5. Resoluciones judiciales para medicalizar ignoradas

Con un Protocolo que impedía derivar, y la mayoría de residentes sin la posibilidad de ingresar o en Ifema o en un centro privado, ¿qué posibilidad les quedaba a los mayores ingresados en geriátricos? Que sus centros estuvieran medicalizados. Sin embargo, tampoco fue así. Y en Madrid ha habido resoluciones judiciales que obligaban al Ejecutivo a hacerlo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligó de hecho hasta en cuatro ocasiones a la Comunidad a "medicalizar" las residencias de mayores, algo que definió como dotarlas "del personal sanitario necesario" y "del material preciso para actuar sobre los residentes". Sin embargo, la Comunidad recurrió y en julio de 2022 el tribunal dio un giro de 180 grados a la doctrina que habían sostenido durante dos años y adoptaron, así, la tesis de la Comunidad de Madrid: no existía "como tal una obligación de dotar de un uso sanitario a los centros residenciales".

Los datos del Gobierno madrileño desmienten a Ayuso: se salvó el 65% de los residentes hospitalizados

Ver más

Tampoco consta que haya ningún otro Gobierno autonómico que se opusiera a una resolución judicial que ordenaba medicalizar residencias.

Sin embargo, el caso de Leganés ha llegado hasta el Tribunal Supremo, donde no hay causas por la gestión de las residencias de más autonomías. En el caso madrileño, el TS será el que determine "si, en una situación de pandemia declarada", las normativas que implicaran "la restricción de la atención hospitalaria a los pacientes geriátricos en los centros sociosanitarios" determinan y exigen "el uso de estos centros como espacios de uso sanitario, ya sea en régimen de consulta, o de su hospitalización". Es decir: si la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza que impedían derivar implicaban necesariamente que los centros residenciales debían proporcionar la asistencia sanitaria.

Según señala Alía, en Madrid a las personas ingresadas en residencias "se les dejó morir solos, sin atención y sin cuidados paliativos". "Muertes hubo en todas partes, pero en Madrid hubo decisiones que convirtieron una situación difícil en catastrófica", sentencia.