La sequía provoca ya en Cataluña tensiones y conflictos que el cambio climático generalizará

Hace unos días, el Gremio de Hoteleros de Lloret de Mar, icono turístico de la Costa Brava, sorprendía con una ingeniosa maniobra para driblar la prohibición de llenar piscinas. Con este clima, el verano está casi a la vuelta de la esquina y no quieren arriesgarse a esperar una solución que no cae del cielo. Por eso, han apostado por comprar una desalinizadora móvil para tratar el agua del mar. Aunque, en principio, el plan de sequía no contempla esta posibilidad, el Govern (ERC) se ha abierto a estudiar el proyecto del municipio, que recibe más de un millón de visitantes al año.

También los agricultores y ganaderos, que llevan semanas paralizando vías y carreteras de todo el país, empiezan a ver atendidas algunas de sus reivindicaciones. Tras intensas tractoradas, el Ejecutivo catalán se ha comprometido a indemnizar a los trabajadores del campo hasta por el 80% de las pérdidas sufridas debido a las restricciones y a garantizar la supervivencia de algunos cultivos, así como a elaborar un plan de choque para paliar la falta de agua en explotaciones ganaderas.

En medio de la extrema sequía que asola Cataluña, el Govern ya ha empezado a ceder y admite que acabará flexibilizando algunas de las medidas que impuso cuando decretó el estado de emergencia, hace tan solo tres semanas, para poder dar aire al tejido productivo. A las piscinas municipales —que finalmente podrán abrir si suponen un refugio climático— y al riego agrícola se suman las multas a los ayuntamientos que consumen más agua de la permitida. Aún no hay nada cerrado, pero todo apunta que podrían librarse de las sanciones los municipios que están haciendo los deberes. 

¿Qué usos prioritarios dar al agua?

Ahora bien, ¿dónde está el límite y hasta qué punto es posible suavizar las restricciones? Es la pregunta que lanza Jordi Mir, el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y de Pensamiento Político de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “Cualquier sociedad, en un momento de emergencia, si se queda sin recursos básicos, tiene que establecer prioridades. No puede ser que a los ganaderos se les mueran las terneras y las piscinas se puedan llenar. Tendremos que ver hasta dónde se puede flexibilizar y plantear un debate más transparente que el que hemos tenido hasta ahora, eso sí, compensando los sectores donde no se pueda llegar”, apunta a infoLibre. 

En una línea similar se expresa el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la UAB Jordi Honey-Rosés, para quien debe ponerse sobre la mesa el valor económico de los diferentes usos del agua. “Seguramente sea cierto, en términos de mercado, que el valor económico que genera un metro cúbico de agua en la piscina de un hotel es mucho mayor que ese mismo metro de agua en la agricultura o en casa. Pero lo que deben hacer los gobiernos es valorar los usos en función de las prioridades de la sociedad”, señala. 

Como en la pandemia, hay que decidir

Hace tiempo que los expertos dan por hecho que la emergencia climática, de la que es consecuencia la sequía, no va a dejar indiferente la economía y que habrá sectores a los que no les quedará otra que reinventarse o desaparecer. No hay agua suficiente para sostener el modelo actual. Es más, según un informe de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS) recogido por el Banco de España, si se mantienen las políticas actuales para combatir la crisis climática, el 10% de la actividad económica mundial se evaporará antes de final de siglo. También un estudio presentado a finales de año en el marco de la COP28 pronostica una caída del 1,8% en el PIB mundial debido al calentamiento global.

Por eso, de acuerdo con Mir, el momento actual se asemeja a la pandemia porque los gobernantes deben decidir si ponen por delante “la economía o la vida”. “En el caso de la pandemia, había que reducir la movilidad y cerrar negocios ante el riesgo de que el sistema sanitario colapsara y no pudiéramos dar respuesta”. Ahora, ante un recurso escaso como el agua, hay que decidir cómo se gestiona y permitir que las personas que no puedan desarrollar sus trabajos dispongan de ingresos. Eso sí, a diferencia de la pandemia, esto no se trata de encerrarse unos meses en casa. Esto es para siempre”, advierte.

Tal como recalca, la sequía es una “manifestación clarísima del cambio climático que no tendrá solución mientras no revirtamos el calentamiento global”, un extremo que “debería estar presente en cada minuto en que se deciden las políticas públicas”: “Esta es la gran conversación que debemos tener. Igual que durante la pandemia había el dilema entre economía y vida, ahora debemos pensar si priorizamos la salud o un modelo económico que es el detonante y desencadenante de las causas que generan el problema”.

“Nos hemos de plantear que quizás determinados modelos de negocio tienen que cambiar, como el sistema de transporte, las aerolíneas de bajo costo o la industria tal como la desarrollamos”, insiste. Honey-Rosés también lo ve así. “Para ser realistas, hay privilegios estructurales que se deben cuestionar. Hay un coste que tenemos que pagar para atender el cambio climático y habrá que ver quién y cómo pagamos esta transición”. 

Voces a favor del "decrecimiento"

Por ese motivo, los expertos creen que la clave se encuentra en el “decrecimiento”, un polémico concepto que en los últimos tiempos algunos sectores liberales han empleado como arma arrojadiza. “Es una idea contradictoria con nuestro modelo de sociedad, pero quizás nos tenemos que plantear que progresar no tiene nada que ver con que el PIB crezca más”, apunta Mir antes de agregar: “Hoy en día, usamos el número de vehículos que se venden como indicador de que la economía va bien o mal, pero ¿qué nos hace pensar que vender un 10% más de coches que contaminan equivale a crecimiento, a progreso?”.

Por contra, este profesor aboga por abandonar los indicadores tradicionales para fijarnos, por ejemplo, en los índices de pobreza, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, la tasa de personas sin hogar o la reducción de emisiones de CO2.  “La pregunta es si preferimos vivir en una sociedad de consumo, de usar y tirar, de un modelo especulativo, o preferimos vivir más y mejor cambiando el modelo de vida. Si conseguimos la justicia climática, todos ganamos, pero debe ser fruto de un contrato social”, sintetiza.

La contradicción de las desalinizadoras

Para Honey-Rosés, es urgente abordar el debate del decrecimiento para evitar llegar al “colapso” que pronostican “cada vez más investigadores y expertos” si no logramos reemplazar las fuentes de energía. “Tenemos que poner en el centro cómo afrontar las varias crisis que tenemos, pero cuesta de aceptar porque la gente no quiere hacer sacrificios y va totalmente en contra del status quo del sistema económico”, lamenta. “Es una propuesta a contracorriente y problemática para muchos actores”.

Critica así la falta de “ambición” y “valentía” de los legisladores y advierte que las consecuencias de la inacción las pagarán “los más débiles”: “Cada vez será más difícil mantener nuestra calidad de vida”. Cita como ejemplo la apuesta por las desalinizadoras para paliar la sequía, una propuesta que a su juicio no tiene sentido porque implica consumir más combustibles fósiles y, en consecuencia, seguir contaminando. “Estamos tirando la cadena del váter con agua potable que ha pasado por unos procesos y costes altísimos y no estamos siendo capaces de reutilizar estas aguas grises conectándolas a la lavadora. En su lugar, seguimos invirtiendo en desalinizadoras, a pesar de que quemar petróleo para conseguir agua solo hace mayor el agujero”, defiende.

Desde las entidades ecologistas también cuestionan el papel de las desaladoras, que en los últimos tiempos se han convertido en una de las alternativas estrella para combatir la sequía. “Esto no es gratis, es a costa de un consumo ingente de combustibles fósiles que incrementarán aún más el cambio climático”, asevera a este diario el portavoz de Ecologistas en Acción y de la plataforma Agua es Vida, Dídac Navarro. “No hay agua para sostener toda la actividad económica que se está practicando. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad climática”, apostilla. 

Información clara y estrategia a largo plazo

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El tejido asociativo reclama desde hace tiempo que se hagan públicos los datos de consumo de todos los sectores económicos para saber quién está gastando más agua de la que debería. “Es una necesidad imperante. Sin datos no puede haber una buena gestión ni participación de la sociedad civil. Necesitamos saber cuánto consume la agroindustria en función de si está destinada a la producción de pienso o alimento humano, si es para exportación; cuánto consumen exactamente los turistas o cuánta agua gastan los cruceros”, señala Navarro.

En el dilema entre priorizar la economía o el medio ambiente han sido los agricultores de los primeros en alzar la voz, con recurrentes pancartas en sus movilizaciones que pedían el fin de la Agenda 2030. “No deberíamos caer en este mensaje fácil. De hecho, la Agenda 2030 tiene muchos puntos, entre los cuales la de proteger la producción de alimentos. No podemos cumplir exclusivamente el objetivo de las emisiones. Debemos garantizar el equilibrio”, sostiene el responsable de Organización de Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente. Por eso, pide que las políticas para luchar contra el cambio climático sigan criterios “objetivos y probados”, eso sí, sin reducir el debate a “quién es el mayor consumidor de agua”.

“El objetivo tiene que ser común, una estrategia de país a largo plazo. Valoremos el impacto económico que tendrán las medidas para poder apaciguarlo”, añade Carles Vicente antes de situar una línea roja, el “potencial productivo”. “Con el turismo podemos perder economía, pero si la ganadería debe bajar su producción, se desplazará la producción y no volverá. El país tendrá que valorar qué es más importante”, concluye.