La Agencia Estatal de Salud, la ley de secretos oficiales o la reducción de jornada: el Congreso no para por 'Koldo'

El primer gran proyecto de esta legislatura del ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha estado cerca de decaer en el Congreso pero finalmente ha pasado su primera prueba y sigue adelante en el trámite parlamentario. Se trata de la ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que busca crear un organismo que coordine los recursos en materia sanitaria de todo el país y ser la herramienta que detecte y dé respuestas a las emergencias. PNV y Junts, que podrían haber tumbado este jueves la ley con sus enmiendas a la totalidad—hubieran necesitado el apoyo de PP y Vox—, finalmente las retiraron tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo.

La creación de la Agencia Estatal de Salud es una materia pendiente desde hace más de una década —tal y como estableció la Ley General de Salud Pública aprobada en 2011— pero no fue hasta la llegada de la pandemia cuando el Gobierno la marcó como prioridad. Aunque el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en agosto de 2022, nunca llegó a ver la luz tras el adelanto electoral del pasado año. A principios de este mes el departamento de Mónica García envió el proyecto a la Cámara Baja con la idea de que el organismo comenzara a rodar a finales de este año.

Sin embargo, los nacionalistas vascos y catalanes podrían haber echado a perder esos planes si sus enmiendas hubieran prosperado, porque hubiera implicado que la ley volviera a la casilla de partida. Finalmente decidieron retirar sendas enmiendas tras pactar con Sanidad que el proyecto se modificará para garantizar que no invada competencias autonómicas. Una de las funciones de la agencia es la centralización en tiempo real de los datos de salud y de los recursos sanitarios que generan las comunidades autónomas. Actualmente esa información la recopila el ministerio, pero pueden pasar años hasta que se unifiquen y publiquen a nivel estatal.

El Gobierno es consciente de que necesita tener atado cada apoyo en un momento en el que las mayorías en la Cámara Baja cada vez se complican más —el PSOE ha perdido un diputado esta misma semana con la marcha de José Luis Ábalos al Grupo Mixto, aunque este ha prometido lealtad ideológica—. Sin embargo, ni PSOE y Sumar ni los grupos que apoyaron la investidura quieren aparcar la actividad legislativa aunque desde estas formaciones sí reconocen que el ritmo es más pausado que el de la anterior legislatura.

Los partidos del Gobierno saben que tienen en el BOE a un poderoso aliado pero que por sí solo no basta. Por eso se han comprometido a no abusar de la fórmula del Decreto-Ley y a negociar más. "Hay una sensación de que todo está parado, pero no es así. De hecho, auguro gobierno para rato aunque no haya ni ley de amnistía ni Presupuestos", sintetiza una fuente de ERC consultada por infoLibre. En EH Bildu creen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no permitirá que la legislatura caiga y que tratará de darle un impulso a través de leyes que generen "consensos" entre los grupos.

Junts, la formación liderada oficiosamente por Carles Puigdemont, está siendo clave para todas las votaciones y, pese a que en más de una ocasión en estos cien días de Gobierno ha amagado con tumbar varias leyes o decretos, solo lo ha hecho con la amnistía que, además, está en comisión a la espera de un acuerdo. Es decir, los independentistas catalanes aprietan pero no ahogan. Aunque el PP mantiene abierta la opción de impulsar una moción de censura contra Sánchez apoyada por Vox junto a Junts, nadie, ni siquiera los populares, creen que sea el momento de hacerlo pese al desgaste del Ejecutivo a raíz del 'caso Koldo'.

Consenso con los Secretos Oficiales, Palestina y Enseñanzas Artísticas...

Esta misma semana el Congreso la ley de Secretos Oficiales del PNV ha pasado su primer trámite con 176 votos a favor y 169 votos en contra. Se trata de una antigua reivindicación de los jetzales, que busca que no puedan existir –como ocurre en la actualidad– documentos clasificados indefinidamente, y para ello establece dos categorías: los documentos que se marquen como reservados estarían vetados al público durante diez años, y aquellos señalados como secretos quedarían clasificados durante 25 años, un periodo ampliable durante otros diez años más mediante una disposición motivada por parte del Consejo de Ministros. Aunque el Gobierno de Sánchez aprobó su propio proyecto la pasada legislatura, nunca llegó al Congreso.

También ha habido consenso en la ley de Enseñanzas Artísticas que impulsó el ministerio de Pilar Alegría que consagra la Escritura Creativa como uno de los ámbitos de enseñanzas artísticas junto a la Música, la Danza o el Arte Dramático. La reunión de la ponencia celebrada este martes introdujo 149 enmiendas y, tras la de este jueves, la iniciativa está lista para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes que se celebrará, previsiblemente, el próximo 5 de marzo.

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Este jueves el Congreso ha avalado una proposición no de ley de Podemos para "redoblar esfuerzos para lograr la apertura de corredores humanitarios y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza", que ha contado con el voto a favor de toda la Cámara Baja menos Vox. Sucedió lo mismo la pasada semana con las negociaciones abiertas por el Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal hacia la reducción de la jornada laboral. Los socios del Ejecutivo apoyaron la medida e incluso el PP se pronunció a favor, condicionado eso sí a que la medida se lleve a cabo con el respaldo de la patronal y se acompañe de ayudas a las empresas.

Las normas que siguen su trámite en la Cámara

Además de las citadas iniciativas, también han pasado su primer trámite en la Cámara proyectos de ley como el de paridad, la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la ley del derecho de defensa, la reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y otras disposiciones en materia laboral para la transposición de una directiva europea, al igual que los decretos ley ómnibus y de medidas anticrisis.

Asimismo, también se están tramitando las normas que presentó Sumar para reformar hasta seis delitos del Código Penal y para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España, además de una de ERC para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes, de tal manera que sólo sea una opción voluntaria, cuatro normas que aprobó el PP en el Senado y cinco leyes que vienen de parlamentos autonómicos.