La Comisión de Venecia avala el sentido de la ley de amnistía: “La reconciliación política es un objetivo legítimo”

“La reconciliación política es un objetivo legítimo”. La Comisión de Venecia ha elaborado su informe sobre la proposición de ley de amnistía en el que avala la existencia de la norma y pone sobre la mesa que esta medida de gracia no afecta a la separación de poderes. Una noticia de impacto que llega en plena negociación de la proposición en el Congreso y que supone un varapalo para el Partido Popular en su estrategia de tumbarla en el ámbito europeo.

En el borrador del informe de la Comisión, al que ha tenido acceso infoLibre, se hace un detallado repaso a lo largo de sus 26 páginas sobre la propia naturaleza de las amnistías después del análisis de esa figura en 54 países. Una de las conclusiones que saca es que la medida de gracia existe en diferentes países europeos, como está justificado en la propia exposición de motivos del texto que se debate ahora en el Congreso.

La Comisión, en este informe no vinculante, fija una serie de criterios para asegurar la legalidad de la amnistía: respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir claramente los actos amnistiados y las excepciones y una tramitación que permita debate y participación. El órgano entiende como la mejor fórmula para las amnistías es que sean acordadas en el Parlamento por mayoría (como es el caso de la norma en España). La fórmula que ve más correcta es la de vía parlamentaria con “discusión pública”. Y considera que la “unidad nacional” y la “reconciliación” política son objetivos legítimos para que se apruebe una medida de este tipo. En todo momento, el Gobierno ha defendido que la proposición se hace con esa motivación.

"Independencia judicial"

El informe también pone de relieve que una amnistía debe hacerse con la necesaria “independencia judicial”, como “parte integral” del “principio fundamental de la democracia de la separación de poderes”. Por eso, estima que una amnistía no se debe aplicar de manera general, sino que debe ser decidida por los jueces en cada caso. Este es uno de los aspectos nucleares de la actual proposición, ya que se deja a los magistrados la decisión final. En lo que sí pone reparos la Comisión es en el procedimiento de urgencia al aprobar este tipo de normas y además sostiene que no debe hacerse para individuos concretos.

Lo que especifica la Comisión es que con su informe no quiere interferir en el debate político sobre la norma ni que tampoco le compete declarar si encaja en la Carta Magna española, algo que tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Tampoco se quiere pronunciar sobre si pasará el aval de los tribunales europeos.

En su informe la Comisión de Venecia plasma que esta proposición de ley ha creado “una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en la judicatura, en la academia y en la sociedad española”. Por eso, se hace un llamamiento a las autoridades españolas para tomarse el tiempo necesario para entablar un diálogo en un espíritu de lealtad y cooperación entre las instituciones estatales y entre la mayoría que gobierna y la oposición para alcanzar “una reconciliación social y política”.

Bolaños: "Una herramienta impecable"

Desde el Gobierno se ha recibido de manera satisfactoria este borrador del informe. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, resaltó en X: “Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación. Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y positiva”. Además, para el PSOE esto supone un duro varapalo para el Partido Popular, que ha sido el que ha impulsado este informe con la idea de que la Comisión de Venecia censurara la futura norma. Según los socialistas, Génova 13 sale “escaldada” y además se reafirma el objetivo de la norma para la reconciliación en Cataluña. Por lo tanto, esperan que Alberto Núñez Feijóo abandone su "estrategia de tensión" y se sume a la hoja del reencuentro ideada por La Moncloa y Ferraz.

El informe de la Comisión de Venecia llega después de que en diciembre la Mesa del Senado, dominada por el Partido Popular, pidiera una investigación de manera urgente a este órgano internacional ante una norma que había provocado, a su juicio, un enorme “rechazo” social y jurídico. De esta manera se buscaba el pronunciamiento de este órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.

Desde el PP, según fuentes del partido, se interpreta que el informe no avala la ley y se subraya que debe tomarse más tiempo para redactar la norma. Además, destacan fuentes del partido que no se mete en la constitucionalidad o no de la ley y que se remarca que no debe hacerse para personas concretas. En Génova 13 sostienen que se trata sólo de un borrador y que la votación final debe hacerse en reunión plenaria del órgano a mediados de marzo.

En plenas negociaciones

El borrador del informe de la Comisión de Venecia se conoce en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para tratar de cerrar un acuerdo sobre el texto. El plazo para convocar la Comisión de Justicia es hasta el próximo jueves y los partidos deberán pronunciarse otra vez sobre el dictamen. Los de Carles Puigdemont tumbaron la votación en Pleno para tratar de ganar tiempo y acordar una modificación del redactado con la idea de que sea una amnistía integral que cubra todos los delitos de terrorismo.

Las dos partes, según fuentes consultadas, trasladan que quieren llegar a un acuerdo. El PSOE es partidario de no retocar mucho el texto porque hay temor a que pueda no pasar posteriormente el filtro del Tribunal Constitucional y de las instituciones europeas. Por eso, este informe de la Comisión ha sido muy bien recibido por parte de los socialistas al entender que es un aval para la futura norma. Los socialistas también trasladan que se cumplen las recomendaciones de la Comisión como la exclusión de los delitos de terrorismo.