Las diferencias que separan el caso de Ábalos del de Armengol (que el PP decide ignorar)

Después de José Luis Ábalos, el PP está apuntando más alto: quiere que caiga la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Los populares registraron este lunes un documento inédito para que deje su puesto la dirigente socialista a la que acusan de estar supuestamente implicada en la trama de las mordidas por las mascarillas por un contrato que se hizo durante la pandemia cuando estaba al frente del Govern de Balears.

En La Moncloa y en Ferraz defienden a la presidenta del Congreso y diferencian el caso y la responsabilidad política respecto a Ábalos, a quien el partido le exigió que dejara su acta y le ha suspendido de militancia. Para los socialistas la petición de los populares es “sorprendente, no tiene fundamento y no tendrá recorrido jurídico”. ¿Por qué en Ferraz consideran que la situación es totalmente diferente?

No se ha imputado ni detenido a nadie de Balears

En los dos casos ninguno de los políticos ha sido imputado. Pero la primera gran diferencia que existe es que Ábalos sí aparece en el sumario y el juez Ismael Moreno lo considera “intermediario” de la trama. Además, existe la responsabilidad política de haber designado a dedo a Koldo García como su asesor para todo, y bajo la influencia de su poder urdió supuestamente esta trama que se benefició de mordidas con contratos con los ministerios de Transportes e Interior y con las administraciones autonómicas de Balears y de Canarias, entonces en manos de los socialistas.

En el caso de Armengol no está siendo investigada y ni tan siquiera aparece mencionada en lo que se conoce del sumario y de la documentación en manos de los tribunales. No ha habido ningún detenido de su administración, en tanto que sí del círculo del exministro en Transportes. El origen del contrato de Balears está en un mail que manda el 25 de abril de 2020 la empresa Soluciones de Gestión a la comunidad señalando que tiene disponibilidad para enviar un avión con 1,4 millones de mascarillas. El Servicio de Salud de la comunidad inicia los trámites y hace la compra. Todo se hace con trámite de urgencia debido al momento como avaló el propio Consell. Fuentes del entonces Govern indican que la operación llegaba recomendada por el Ministerio de Transportes, por lo que le daban fiabilidad, pero no se concreta a través de quién. Indican, no obstante, que “jamás” se produjo una llamada de Ábalos a la entonces presidenta autonómica sobre este tema. Y en el entorno de Armengol se señala que ni ella ni ningún conseller conocía el expediente de revisión de ese contrato. Es el director general del Ib-Salut el que inicia el proceso para esa revisión.

El propio Govern de Balears pide la revisión y hace la reclamación

Desde el PSOE se pone el acento en que no había conocimiento de la trama a la hora de contratar cuando fue el propio Govern de Balears en mayo de 2020 el que envió al Ministerio de Trabajo algunas de esas mascarillas para analizar si eran FFP2 como habían solicitado. En junio se concluye que no son de ese tipo, sino KN95, que son consideradas como quirúrgicas. De hecho, en Moncloa y en Ferraz sostienen que no se devolvieron entonces porque en esos momentos, siguiendo el criterio de la OMS, lo que se hace es retener el material por si hacía falta en algún momento y para garantizar una posterior reclamación por incumplimiento parcial del contrato.

La explicación que dan fuentes del entonces Govern es que cómo se iba a saber la trama cuando es el propio Ejecutivo autonómico el que manda verificar el material y lo almacena. Por eso, en todo momento los socialistas rechazan el argumento que da el PP para la dimisión de Armengol de que supuestamente conocía que eran mascarillas fake. Además, argumentan desde el antiguo Govern que nadie sospechaba que había corrupción por parte de la empresa y una prueba es que no destruyen el material a pesar de que hubiera caducado. La reclamación se hace con la intención de recuperar el diferencial de lo pagado respecto al nivel de la mascarilla.

Una de las grandes preguntas es por qué se hace ese trámite de reclamación tres años después de saber que no era el material que se había contratado. Lo primero que se dice, por parte de fuentes de aquel Govern, es que se guardan las mascarillas como stock por si hacían falta. En 2021 y 2022 sigue la fiscalización, y ese año la Intervención dictamina que no hubo ninguna irregularidad en la contratación. Defienden los socialistas que se hizo en plazo esa reclamación (de 2,68 millones respecto al global de 3,7 millones) y de manera escrita. Justifican también que ese tiempo también evidencia que había sospecha sobre una supuesta trama.y que también había un debate técnico sobre ese proceso.

Se hizo dentro del plazo habitual, comentan los socialistas. Y desvinculan que se efectuara en marzo de 2023 con el miedo a perder el Govern el 28M porque ellos entonces estaban convencidos de que seguirían al frente del Ejecutivo. El hecho de que la empresa tratara de frenar esa reclamación, como consta en los documentos del caso, evidencia para el PSOE que no había ningún tipo de connivencia por parte de la administración balear. También se recalca desde el entorno de Armengol que se informó por parte del Ejecutivo saliente al nuevo la existencia de la reclamación. 

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Armengol y Ferraz aguantan la presión. No hay planteamiento de dimisión y se hace una clara diferencia respecto a la responsabilidad política. Para Moncloa y Ferraz, el PP “lleva atacando a la presidenta desde que salió elegida por mayoría absoluta hace siete meses”. En su opinión, Génova 13 quiere esta pieza para cobrarse la propia legislatura. “Lo último es esta campaña de desprestigio basada en verter supuestas sospechas que el juez no contempla, descontextualizar documentos administrativos y atribuirlos a la presidenta y generar un clima de tensión para luego decir que debe irse por decoro. “Son cuestiones técnicas que el PP ha decidido sacar de contexto de un expediente que absolutamente nadie pone en duda en la instrucción judicial ni en la fiscalizaciones anteriores”. 

Y marcan en la dirección de Moncloa y de Ferraz esta línea de que no hay comparación con Ábalos, que era “responsable político” de un asesor que en nombre de su ministerio habría cobrado contratos. Para remarcar: “En Baleares no se ha detenido a nadie, no se investiga a nadie, no se imputa ningún delito a nadie, no se acusa a nadie del Gobierno de robar dinero. Pero al PP y su brazo mediático les da igual eso. Lo llamativo es que precisamente si en Baleares se investiga a alguien, es al PP”. Además, los socialistas remarcan que en el sumario no aparece en ningún momento Armengol mientras que sí se cita a Miguel Tellado, actual portavoz del PP en el Congreso, por parte de Koldo García para intentar frenar la reclamación del Gobierno balear. Ferraz sigue insistiendo en que lo llamará a declarar en la próxima comisión de investigación en el Congreso, en tanto que también quiere que vaya a la Cámara Baja Jacobo Pombo, uno de los señalados como intermediario de la trama y que perteneció a Nuevas Generaciones.

La investigación sobre los contratos en Balears y en Canarias, aunque en España no se ha saldado todavía con imputación alguna de responsables autonómicos, se enfrenta también ahora a una nueva fase con la decisión de la Fiscalía Europea de investigarlos. Este paso se da a raíz de la denuncia de un particular, pero también tiene la información aportada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.