El "principal cliente" del novio de Ayuso es Quirón, gran beneficiario de la privatización sanitaria del PP

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y a quien Hacienda y la Fiscalía atribuyen un fraude fiscal de 350.951 euros en 2020 –el año más duro de la pandemia– y 2021, cobró con facturas falsas de Quirón Salud, su "principal cliente" y máximo beneficiario del proceso de privatización sanitaria emprendido en Madrid por el PP hace más de una década. Así lo asegura la denuncia del ministerio público ante los juzgados de Madrid, adelantada este martes por elDiario.es y a la que ha tenido acceso infoLibre. Además, en la noche de este martes, elDiario.es publicó que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. 

Según dicha denuncia, una de las dos empresas dirigidas por González Amador, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente SL, "facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL", de la que es "socio único" así como administrador y que no tiene ni un empleado en plantilla. "Dicha empresa –agrega la Fiscalía– carece de medios materiales para prestar esos servicios". El servicio, sostiene la denuncia, se prestaba "con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto González con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él".

El informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia de la Fiscalía señala a González Amador como presunto autor de dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades en 2020 y 2021. En el primero de esos dos ejercicios el fraude habría alcanzado la cifra de 155.000 euros; en la segunda anualidad, de 195.951,41 euros.

La denuncia de la Fiscalía también le atribuye falsedad documental por cobrar mediante facturas falsas emitidas por empresas propiedad de terceros y con las que –subraya la Fiscalía– configuró una trama para rebajar los beneficios de sus sociedades. ¿Cómo? Según los expertos consultados, ese objetivo se logra aplicando un método habitual en el sistema de facturación falsa: si la empresa X ingresa 10.000 por un suministro o un servicio pero declara haber incurrido en gastos por importe de 8.000 euros al encargar, por ejemplo, determinadas tareas a la sociedad Z, el beneficio oficial puede caer de forma estruendosa.

En 2020, el año más duro de la pandemia, Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, declaró una cifra de negocio de 2.330.111,85 euros y una plantilla inexistente –cero empleados y cero euros en gastos de personal–, pero como resultado del ejercicio anotó 8.425,05 euros. ¿Qué explica tal desfase? Que en el apartado "otros gastos de explotación" figuran 992.838 euros. Es decir, casi un millón. Al año siguiente, su cifra de negocio se redujo casi a la mitad –1.375.716,37 euros– y sus beneficios, en cambio, subieron a 27.833,22 euros. Los "otros gastos de explotación" se quedaron esta vez en 164.731,86 euros.

La Fiscalía recalca cómo durante las actuaciones de comprobación iniciadas por Hacienda sobre Maxwell Cremona el 12 de mayo de 2022 –actuaciones de las que, señalan los expertos, la Agencia Tributaria informa de inmediato al inspeccionado– se detectó lo que sigue: que Maxwell Cremona, "con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios [2020 y 2021], llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, facturas que fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV [México], Gayani LTD [Costa de Marfil], Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL". Los administradores y/o socios de esas empresas también son objeto de la denuncia de la Fiscalía. Tres de ellos residen en el municipio sevillano de Arahal, según se recoge en la denuncia de la Fiscalía.

infoLibre trató de recabar la versión de Quirón para esta información, sin éxito. Este periódico no logró contactar con González Amador.

Líder sanitario en España

Ese "principal cliente" de Maxwell Cremona, la empresa en el centro del entramado del que el novio de Isabel Díaz Ayuso supuestamente se valió para defraudar a Hacienda, no es un cliente cualquiera. El identificado por la Fiscalía de Madrid como "principal cliente" de esta empresa en 2021 fue Quirón Salud, según consta en la denuncia. Quirón, gigante sanitario perteneciente al holding alemán Fresenius, es el líder destacado no sólo del negocio hospitalario en España, sino del negocio sanitario incluyendo también los seguros, con una facturación anual que supera los 4.000 millones de euros. Presume de contar con 58 hospitales y 132 centros sanitarios de otro tipo, totalizando más de 8.300 camas y 532 quirófanos. Y uno de sus clientes destacados es precisamente la Comunidad de Madrid, desde 2019 presidida por la propia Ayuso.

Los presupuestos del área sanitaria de la Comunidad de Madrid en 2024 permiten dimensionar lo que supone Quirón. Los cuatro hospitales de Quirón con los que la Comunidad de Madrid tiene acuerdo de colaboración público-privada –uno cien por cien privado y concertado, la Fundación Jiménez Díaz, y los otros tres integrados en la red pública pero con gestión privada– suman partidas presupuestarias por al menos 715 millones de euros. 

El dinero para hospitales se reparte así:

– Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: 450.717.082 euros.

– Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles): 116.961.439 euros.

– Hospital Infanta Elena (Valdemoro): 75.171.544 euros.

– Hospital General de Villalba (Collado Villalba): 72.835.780 euros.

Así que en total son 715.685.845 euros.

La mayor aportación es al Jiménez Díaz, buque insignia de los cuatro hospitales que, tras el proceso privatizador ideado por Esperanza Aguirre a mitad de la primera década del siglo, gestiona y explota en Madrid Quirón, fruto de la fusión en 2014 entre este grupo y la concesionaria original de los hospitales: la antigua Capio, cuyos accionistas se ocultaban tras sociedades del paraíso fiscal de las Islas Caimán. En 2017 la alemana Fresenius se hizo con la mayoría accionarial.

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La Asamblea de Madrid aprobó los presupuestos en diciembre de 2023, gracias a la mayoría absoluta conquistada por el PP en mayo. Las cuentas anteriores eran de 2022, ya que en 2023 no hubo presupuestos. Aquel año, 2022, lo presupuestado para los cuatro hospitales de Quirón ascendió a 609.405.223 euros. Es decir, ha habido un incremento del 17,4% entre el anterior presupuesto y el de 2024.

Los antecedentes, no obstante, demuestran que no siempre las previsiones coinciden con las cuentas finales. Como desveló infoLibre, cinco sentencias de 2023 del Tribunal Superior de Justicia (TJSM) han condenado a la Comunidad de Madrid a pagar 40 millones a diversas filiales de Quirón por atrasos en los abonos. La deuda del erario madrileño es un viejo asunto. La Cámara de Cuentas desveló en 2019 que la Comunidad debía un año antes más de 722 millones a cinco hospitales de gestión privada– los cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud, en Torrejón– y al militar Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa. En 2021 Fresenius hizo público que la deuda con cuatro hospitales de Quirón superaba los 1.200 millones. infoLibre preguntó este martes a la Comunidad de Madrid cuál era su deuda con los centros de Quirón, sin respuesta.

Quirón, por su poderío en el sistema de prestación sanitaria pública y en el negocio sanitario, está en el punto de mira de las organizaciones contra la privatización. Cathy Boira, miembro de Audita Sanidad, afirma que se trata de "uno de los grupos de sanidad privada que más se ha beneficiado de la ley 15/ 97 [de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud]". "Y no solo en la Comunidad de Madrid", puntualiza. A su juicio, esta es la ley "que abrió la puerta grande a las empresas privadas en la sanidad pública española y, al seguir vigente, sirve de amparo a la colaboración público-privada tan preciada por Quirón, que acaba de desembarcar en Asturias". "¿Para cuándo la derogación de la Ley 15/97?", pregunta.