Hacienda no somos todos o la doble vara de medir con los ricos que pone en entredicho la justicia fiscal

Hacer un análisis de la evolución de los impuestos en España desde la instauración de la democracia hasta la actualidad, con paradas en los escándalos que han hecho cuestionarse a muchos el popular eslogan “Hacienda somos todos” y en las investigaciones periodísticas como los Suisse Secrets en la que participó infoLibre, los Papeles de Panamá o Footboll Leaks, no parece una tarea fácil. Pero es la que se propusieron los técnicos del Ministerio de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo, autores del libro Los ricos no pagan IRPF (editorial Capitán Swing), con los que este periódico ha abordado algunas de las asignaturas pendientes del sistema fiscal estatal, de acuerdo a su estudio, y cuestiones de actualidad.

¿Los euros en el bolsillo de los ciudadanos?

"El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos" es una afirmación repetida por políticos, sobre todo, en épocas de crisis. Pero, Cruzado advierte de que en un Estado del bienestar “es fundamental un sistema fiscal suficiente y justo”. Han diseccionado “la opinión muy transversal de los ciudadanos con respecto a estas cuestiones” y hace notar que, “al margen del partido al que votan”, la mayoría “cree que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene, que han de dedicarse más fondos a sanidad, educación, pensiones…”. Y, sin embargo, “hay partidos que siguen usando estas frases o planteando propuestas que no están en sintonía con lo que opinan la mayor parte de sus votantes”.

Un sistema que no es del todo equitativo

Hay otra aseveración que han proclamado políticos de diversas ideologías: "Sin justicia fiscal no hay justicia social". Mollinedo defiende que para que el sistema sea justo, tiene que ser equitativo. “Es decir -argumenta-, la carga tributaria ha de ser equitativa con las distintas fuentes de renta, pero actualmente esto no ocurre”. Explica que sólo impuestos como el de la Renta, Patrimonio, ahora el de Solidaridad de las Grandes Fortunas o Sucesiones y donaciones, tienen “escalas progresivas”. Se han ido aumentando “las bonificaciones y las deducciones fiscales” en los de Patrimonio y Sucesiones, con lo que “la recaudación disminuía respecto a la potencial”. Hasta que, en determinadas comunidades, “se optó por la bonificación del 100%” en el caso del primero, por lo que “nació el impuesto de Solidaridad para que, al menos, tributen quienes tienen más de 3 millones de euros”. “Esto ha hecho”, añade, que “incluso la abanderada de la modificación de este impuesto desde que se recuperó en 2010, haya aprobado una medida para evitar que la recaudación de esas personas en la Comunidad de Madrid se la lleve el impuesto de Solidaridad, que es estatal”, señala, en alusión a la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.

¿Está bien diseñado el reparto fiscal entre Gobierno y comunidades?

Mollinedo revela “un defecto”. Los expertos que han elaborado informes en distintas épocas, con gobiernos del PP y del PSOE, han concluido que “debía establecerse un umbral mínimo y máximo de tributación en las comunidades autónomas para que hubiera una carga tributaria más o menos similar y una cierta unidad de mercado, porque existen notables diferencias entre unas y otras”. A su juicio, este déficit debería abordarse en las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de financiación autonómica, “en la cesta de reparto de impuestos que se fije”. Al afectar la distribución a los territorios de Régimen común, “para decir que todas ganan, la tarta será más grande y así, la que pierda un poco en porcentaje de recaudación relativa, incrementará en términos absolutos su financiación”, augura. Lo hace mirando hacia atrás, porque “ya se ha hecho”. “En el IRPF, por ejemplo, se pasó del 33% de cesión al 50% y seguramente haya un nuevo reparto”, incide. En ese punto, afea lo que estima una incoherencia: la de “las comunidades que se quejan de falta de financiación y aprueban rebajas fiscales”, como Murcia o Andalucía. “El Estado no cede por capricho los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y donaciones y Actos jurídicos documentados, lo hace para la financiación autonómica”, mantiene. Se podría decir que los ricos no pagan impuestos y dependiendo de donde vivan, los menos ricos los abonan diferente. “Es importante que los ciudadanos sepan que los impuestos son una de las caras de la moneda, en la otra están los servicios públicos que sostienen el Estado del bienestar. Si queremos pensiones, sanidad o educación, dependencia o ayudas sociales para radicar la pobreza, se necesita que haya impuestos”, remata.

¿Es justo el modelo de control tributario?

Los técnicos de Hacienda han estudiado el impacto del artículo 31 de la Constitución española, relativo a la justicia fiscal en las normas que regulan el sistema tributario y, en paralelo, la actuación de la Administración tributaria. “Ha habido casos concretos que han sido muy sonados y que han hecho que una buena parte de la ciudadanía piense que puede haber una doble vara de medir y que está en entredicho la justicia fiscal desde el punto de vista del control”, admite Cruzado. Aboga por “perfeccionarlo” en una “reforma fiscal” que entienden “necesaria, después de demasiado años de parcheo”. Considera que “una de las patas” de ésta “ha de ser la del control de la economía sumergida y el fraude fiscal”, ámbito en el que “queda mucho por hacer”. Reconocen que “hay distinto trato, en el sentido de que la Agencia Tributaria, sobre todo, tiene control sobre los receptores de rendimiento del trabajo, autónomos, pequeñas empresas… y no dedica tanto esfuerzo respecto al gran fraude. Deberíamos poner la lupa hacia esas bolsas que están en grandes empresas y fortunas”.

El reto de la economía sumergida

Preguntado sobre por qué no hay estudios oficiales sobre economía sumergida, pese a que en España alcanza casi un 16%, mientras en países como Alemania no llega al 9%, según los últimos datos de Schneider y su equipo para la Unión Europea (UE) relativos a 2022, afirma que “habido falta de voluntad política en gobiernos de distinto signo”. “Es un tema que viene de largo -enlaza-, hay que dotar de más efectivos y mayor inversión a la administración tributaria y hay que contar con un estudio de economía sumergida y fraude fiscal respecto de distintos sectores e impuestos”. En ese sentido, recuerda que “en la ley de prevención del fraude de 2021 se estableció una disposición por la cual el Gobierno debería instar al Ministerio de Hacienda a hacer esos análisis oficiales, sin embargo, no se ha dado un paso en esa dirección”, avisa, para sumar que “se plantea que es muy complicado, que no hay una metodología única y, es cierto, pero la hay aceptada a nivel internacional y estamos por encima de los países de nuestro entorno”, confirma Cruzado.

El combate contra la evasión fiscal se topa con la maraña internacional

Salpican el libro palabras como Sicav, mariachi e incluso trucha. Y se aborda la evasión, pero también la elusión fiscal. Para Mollinedo, esta última “es fácil de combatir”, si hay “decisión política de acabar con ella”. Con todo, matiza que hacerlo puede ser “lento”, al tener que intervenir a menudo distintos países. Para poder adoptar medidas “como la tributación mínima de las sociedades” y luego el reparto de ésta a los estados “donde obtienen el beneficio esas multinacionales”, hay que “poner de acuerdo a muchos gobiernos”. Primero para darle luz verde a las iniciativas y luego para aplicarlas. “El acuerdo para hacer una base imponible consolidada común en la Unión Europea lleva décadas en el cajón de asuntos pendientes de desatascar”, ejemplifica, para constatar la existencia de “muchas propuestas legislativas”, pero que son difíciles de sacar adelante al depender de acuerdos internacionales.

Los expertos que ayudan a burlar controles

Cruzado manifiesta que otro asunto que está pendiente es regular “el estatuto del asesor fiscal”, el cómo acotar “las responsabilidades de estas personas o compañías”. “Hemos visto muchos casos en los que se condena a actores, deportistas, empresarios… que no conocen cuál es la forma de planificar su fiscalidad y cuentan con ellos”. Trae a la actualidad la sentencia de Messi del Tribunal Supremo en la que “se tira de las orejas de alguna manera a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria, por no haber puesto a disposición de los tribunales a quienes elaboraron la estrategia que obviamente había cruzado la línea roja del delito fiscal”. Su actuación “quedó impune”, como en otros muchos procesos en los que “no aparecen como cooperadores necesarios, que es lo que serían en esos delitos los abogados, consultores o asesores fiscales”. Aporta que “muchos de estos casos mediáticos suelen acabar con acuerdo para eludir la prisión y sobre la multa -a agregar a la cuota defraudada-", pero quedan fuera “quienes pudieran tener responsabilidad como consecuencia de haber cooperado necesariamente, porque personas como Shakira no parecen tener los conocimientos ni el tiempo ni la necesidad de hacer esas estructuras societarias que pueden derivar en delitos fiscales”, recalca.

El jefe del Estado no es inviolable

Mollinedo asegura que “no hay norma” que “distinga” al actual Rey o al emérito del resto en materia fiscal, pero acepta que el segundo "ha tenido un trato más que favorable por parte de algunas instituciones del Estado. Ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía del Tribunal Supremo le abrieron una investigación y le han permitido presentar declaraciones complementarias", tanto en lo relativo "al impuesto de donación por los regalos que recibió", como "al de la renta, con los incrementos patrimoniales que se habrían producido por la fortuna que existía en fundaciones”, resume. Es consciente de que “esto deja un poso”, una creencia de que sí ha podido gozar de lo que se ha llamado escudo fiscal, que, asimismo, “se pudo producir en el caso de la Infanta Cristina, en Nóos", une. No obstante, apostilla que se ha realizado “un acto de transparencia por parte de la Casa Real” al publicar el presupuesto de ésta y “las asignaciones que cada uno recibe”. Algo se ha avanzado, pero “no debe haber escudo fiscal, aunque en la práctica ha existido, porque la Agencia Tributaria no abrió ninguna inspección al Rey emérito y posteriormente tampoco la Fiscalía actuó. Unos y otros permitieron que se hiciesen esas declaraciones complementarias”, finaliza.

¿Quiso atar rápido el abogado de la pareja de Ayuso una atenuante?

La pareja de Ayuso, Alberto González, copa titulares estos días tras difundirse un informe de la Agencia Tributaria en el que se alertaba a la Fiscalía de Madrid de la comisión de presuntos delitos. Se ha hecho público que su abogado envió un email genérico al Ministerio Fiscal para proponer un acuerdo de conformidad antes incluso de que se interpusiera la denuncia contra su cliente. ¿Esto es lo habitual? Cruzado contesta que entiende que no. “Tiene que haber un procedimiento”, dice. Y lo explica: “El artículo 305 del Código Penal, que regula el delito fiscal, fija que la persona llamada a declarar como imputado por el juzgado, ahora investigado, tiene un plazo de dos meses desde ese momento para reconocer los delitos, allanarse a la petición de la Agencia Tributaria y llegar a un pacto”. En su opinión, el abogado de Gonzáles, “quizá buscara atar rápidamente la posible atenuante muy cualificada de reparación del daño, que es la que se suele aplicar en estas ocasiones. La rebaja es considerable en penas de prisión y en multas”, cierra.

Paraísos o guaridas fiscales incluso para youtubers

Mollinedo indica que hay otra cuestión que “no es un buen ejemplo para la mayoría de los ciudadanos” en materia fiscal: la fuga de youtubers como Guillermo Díaz (Willyrex) o Rubén Doblas (El Rubius), y de “otros profesionales que tienen grandes rentas”, a enclaves como Andorra, donde “van a tributar una cantidad muy menor de sus ingresos”. También aquí, en la lucha contra algo que “ha generado malestar en la sociedad”, queda margen de mejora. Como con respecto a Gibraltar, tan cerca y tan lejos del mismo modo de la Hacienda española.