La Policía sostiene que Amargo y su productor usaron el tráfico de drogas para financiar 'Yerma'
El bailaor Rafael Amargo y su exproductor Eduardo de los Santos habrían usado el tráfico de sustancias estupefacientes del que se les acusa para financiar la producción de la obra Yerma, según ha revelado en el juicio el instructor del atestado policial que originó el procedimiento por el que el artista se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por un delito contra la salud pública.
El juicio ha arrancado en la Audiencia Provincial de Madrid contra el artista, Eduardo de los Santos y un socio por la supuesta venta de droga en el antiguo piso del artista ubicado en el barrio de Malasaña. Los acusados declararán al final de la prueba a petición de las defensas.
Con chaqueta negra y camisa azul clara de rayas, Rafael Amargo ha aprovechado el paseíllo custodiado por agentes de la Policía Nacional hasta la sala de vistas para saludar a su familia. Su padre y su hermano han estado presentes en la primera sesión. El artista se enfrenta a nueve años de cárcel.
Un furgón de la Guardia Civil le ha trasladado a las ocho de la mañana a esta sede judicial desde la prisión de Soto del Real. Cumple prisión preventiva desde de diciembre a instancias de la fiscal por incumplir las medidas cautelares al no acudir a firmar las comparecencias quincenales ante el juzgado.
En la primera sesión, el instructor de las diligencias policiales ha detallado que Rafael y su entonces productor realizaban "compras conjuntas" destinadas a financiar la obra de Yerma, antes de cuyo estreno en el Teatro La Latina fue detenido el artista en el marco de la operación Codax. Al parecer, necesitaban 3.000 euros para iniciar los trabajos de producción del espectáculo.
En la fase de cuestiones previas, la defensa, el abogado Marcos García Montes, ha planteado la nulidad de las intervenciones telefónicas y de los registros del domicilio de su cliente al estar basado en datos "subjetivos" de la Policía como que su defendido usaba mulas para distribuir droga.
El letrado ha aludido al caso Naseiro en relación a la nulidad de las escuchas y a la decisión del Tribunal Supremo de declararlas nulas por vulnerar el secreto de las comunicaciones frente a lo que la fiscal se ha opuesto en base a abundante jurisprudencia.
"Hay indicios de que la persona que residía en el piso de la calle La Palma se dedicaba a la venta de sustancias en base a las escuchas telefónicas", ha reseñado la representante del Ministerio Fiscal.
En el caso del bailaor, los agentes intervinieron en el registro de su entonces piso tres botes conteniendo sustancia Popper (nitritos de alquilo), una bolsita conteniendo sustancia que resultó ser feniletilamina con un peso neto de 0,089 gramos y un frasco conteniendo 6 mililitros de GBL con un valor en el mercado de 314,19 euros en su venta por gramos.
En el juicio, el letrado ha defendido que se ha incurrido en la vulneración de diversos derechos fundamentales de su patrocinado y ha denunciado sobrecarga de elemento acusatorio. Además, plantea que el artista tiene "problemas de drogodependencia", señalando que sigue un tratamiento por consumo severo en la cárcel de Soto del Real.
Piso sospechoso al inicio de la pandemia
En las testificales, el instructor del atestado policial ha detallado que al inicio de la pandemia se detectó un tránsito sospechoso de personas en un piso de la capital, por lo que se estableció una vigilancia continuada sobre el edificio.
En las vigilancias policiales se apreció que los individuos que acudían siempre llamaban al telefonillo de la misma vivienda, concluyendo que de ese domicilio salían mulas para supuestamente distribuir la droga.
En la primera quincena de mayo, se observó a individuos conocidos por la Policía por narcotráfico, lo que para la Policía era "relevante". "Llegaban y a los pocos minutos se iban. Y hacían medidas encaminadas a no levantar sospechas. Entonces, no había nadie en la calle porque era la pandemia", ha indicado el agente. Consultando la base de datos, la Policía confirmó que en el domicilio residía Rafael Amargo y su pareja.
Desde el inicio de las intervenciones telefónicas, los investigadores apreciaron ya una venta de sustancias estupefacientes ya que, según el agente, existían llamadas cruzadas entre compradores, "camellos" y Rafael Amargo. En una llamada del 9 de julio de 2020, una mujer de origen rumano y el acusado hablan de "algo blanco para fumar", lo que identifican con metanfetamina. En otra se habla de tina, como se conoce a la metanfetamina.
El instructor ha subrayado que el bailaor y Eduardo de los Santos realizaban "compras conjuntas" destinadas a financiar la obra de Yerma, antes de cuyo estreno fue detenido el artista en el marco de la operación Codax.
Según el agente, Amargo no tenía dinero porque tenía en aquella época embargos, por lo que la obra de Yerma la tenía que financiar el productor, que a su juicio obtenía el dinero a través de la venta de droga.
Otro de los policías que intervinieron en las pesquisas ha manifestado que se intervino una balanza de precisión durante un cacheo a Rafael Amargo que se llevó a cabo en su detención.
Otra causa por hechos similares
Al artista le investiga además el juez de Instrucción número 27 de Madrid por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad, a raíz de una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.
Por estos hechos, fue detenido en Alicante, quedando en libertad provisional. La jueza le impuso la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salida del país. Este arresto se suma a la detención del caso que se juzga ahora en la Audiencia de Madrid.
Respecto al caso que se juzga ahora, Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la operación Codax, cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen de Amargo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave.
Tras declarar, los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado, lo que se incumplió por parte de los investigados.
En su escrito de acusación, la fiscal solicita la misma pena para Eduardo de los Santos, asistente de producción de Amargo, al actuar supuestamente de forma "conjunta" con el otro acusado en la compra y posterior distribución de dichas sustancias.
En su relato, la fiscal relata que, durante los meses de abril y diciembre de 2020, ambos "se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero".
Venta a terceras personas
A tal fin, los dos acusados adquirían la sustancia de manera "conjunta" a los distintos suministradores, para posteriormente repartirla entre ambos y venderla a terceras personas.
Así, el bailarín supuestamente vendía las sustancias estupefacientes a las personas que acudían a su domicilio y en otras "hacía llegar la sustancia al lugar donde el cliente indicaba para lo cual se valía de su hombre de confianza, el también acusado Manuel Ángel B.L., otro de los socios de Amargo, a sabiendas de lo que portaba, después de hacer la entrega correspondiente, regresaba al domicilio para entregarle el dinero obtenido con la venta".
A modo de ejemplo, la Fiscalía relata que el 27 de abril de 2020, Manuel Ángel fue sorprendido por la Policía cuando se disponía a entregar a un cliente, a cambio de 50 euros, una bolsita con sustancia que resultó ser metanfetamina; sustancia que había recogido minutos antes del domicilio de Amargo, "donde debía regresar para entregar el dinero".
Asimismo, a raíz de los dispositivos de vigilancia que se establecieron sobre su domicilio, los policías nacionales pudieron observar "cómo acudían numerosas personas que, tras acceder al mismo y permanecer en el interior escasos minutos, salían nuevamente de manera apresurada, procediendo los agentes a identificar a dos de ellas, interviniendo sustancia estupefaciente que se había adquirido en dicho domicilio, levantándose las correspondientes actas de aprehensión".
Por un auto dictado el 1 de diciembre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se autorizó la entrada y registro en los domicilios de los acusados.
En el caso de Juan Eduardo, los agentes hallaron un bote conteniendo sustancia que resultó ser metanfetamina, con un peso neto de 4,466 gramos y una pureza del 76,4%, con un valor en el mercado de 115,67 euros en su venta por gramos; una bolsita conteniendo sustancia que resultó positivo a ketamina, con un 50,4% de pureza; y MDMA con una pureza del 6,9% con un peso neto total de 0,185 gramos con un valor en el mercado de 18,5 euros en su venta por gramos.
