Las piezas que aún faltan en el puzle del novio de Ayuso y sus relaciones con Quirón tras un mes de escándalo

Quienes a finales de los ochenta jugaban con aquellos libros de dibujos de la serie ¿Dónde está Wally? saben que el protagonista de una historia puede esconderse en medio de una multitud de personajes, objetos y detalles que extravían al observador. Un mes después de su estallido, el caso de Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, ha derivado por momentos en un nuevo Wally donde la hojarasca camufla lo esencial. Porque lo sucedido a partir de que el 12 de marzo saliera a la luz la denuncia de la Fiscalía contra el novio de la presidenta de Madrid por sus manejos tributarios –un fraude de 350.000 euros reconocido por su propio abogado así como la supuesta emisión de facturas falsas a través de sociedades instrumentales– desencadenó de inmediato un terremoto. Pero la tinta de calamar ha ocultado con frecuencia dónde se encuentra el epicentro de esta historia.

En esa estrategia para que el auditorio mire el dedo y no la luna se inscribe no solo la querella de González contra la Fiscalía por revelación de secretos y el respaldo del Colegio de Abogados de Madrid a sus tesis, sino sobre todo el discurso del PP, que define al deudor de Hacienda y a su pareja como víctimas de una “cacería política”. La derecha se esfuerza por borrar el pecado moral y supuestamente penal del fraude tributario de la actual pareja de la presidenta de Madrid para situar en primer plano el caso de corrupción abierto contra un asesor del exministro socialista José Luis Ábalos –el caso Koldo– o las informaciones de todo tipo –verificadas, tergiversadas o directamente fruto de bulos– relativas al papel de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en negocios privados sobre los que, a día de hoy, no pesa ninguna investigación.

En su querella, González Amador llega a lanzar una afirmación que chirría: que la actuación de la Fiscalía, que con un comunicado oficial confirmó la noticia sobre cómo el abogado del investigado había reconocido el delito de fraude, se incardina en una estrategia ligada a “una exclusiva causa”: “la relación sentimental que el mismo mantiene, no dudando nadie de que de haber sido mantenida una relación sentimental con cualquier otra persona, jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos que nos ocupan”.

La idea de que lo del novio de Ayuso es un asunto “particular” – a pesar de la evidencia de que el caso posee máximo interés público y por tanto relevancia dado que afecta no a un particular del género común sino nada menos que a la persona con quien convive la presidenta de Madrid– y de que son usuales las “discrepancias” entre Hacienda y los contribuyentes –eso último lo dijo la consejera madrileña del ramo– sigue marcando el rumbo del PP, más allá de las amenazas a medios por investigar el caso. A lo largo de este mes, la derecha ha desplegado una estrategia que busca rebajar la tasa de importancia política de un caso que ya está en manos de un juzgado y tapar así el asunto central: que Alberto González Amador adeuda a la Agencia Tributaria el equivalente a más de 10 salarios anuales medios. Y que el deudor es el compañero sentimental de la máxima responsable del Ejecutivo madrileño, gobierno que mantiene una relación contractual de primera con la empresa con la que este hace negocios. Y que además el deudor comparte con ella un piso de lujo valorado en un millón, comprado por él cuando Hacienda ya había iniciado su investigación en 2022 y que tardó un año en quedar inscrito en el Registro de la Propiedad, con lo que el cambio de titularidad se mantuvo en secreto hasta después de las autonómicas que depararon a Ayuso una arrolladora mayoría absoluta.

Relaciones, contratos, empresas y millones

Al igual que en lo que respecta a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta y que cobró 234.000 euros de una empresa, Priviet Sport, que suministró mascarillas al Gobierno de Madrid –Anticorrupción no vio indicios de delito–, la cresta de la ola de la pandemia resultó esencial para el novio de la presidenta. En 2020, González Amador ingresó dos millones de comisión por mediar en la adquisición de material de protección por la pontevedresa Mape Asesores SA, que luego se lo vendió a la Xunta. En su consejo de administración se sienta Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención SL, empresa que en el ejercicio siguiente –2021– abonó a dos empresas de González 1,6 millones.

Aquel año se produjo el levantamiento del velo sobre la relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso, cuya fecha de inicio se desconoce y sobre la que informó la revista Lecturas en mayo de 2021. Poco después, fue el día 17 de junio cuando se formalizó con Quirón Prevención SL el segundo contrato para los reconocimientos médicos de la plantilla adscrita a la administración madrileña. El primero, fechado en 2018 y cuya orden de adjudicación había firmado Ayuso como viceconsejera de Presidencia, se le otorgó en un concurso donde desbancó a la anterior prestataria del servicio, Más Prevención SL. En el segundo concurso, el de 2021, Quirón Prevención no tuvo competidores. El encargo de los chequeos, extendido en el tiempo gracias a sucesivas prórrogas de sendas adjudicaciones, ya le ha reportado 3,12 millones, el doble de lo previsto en las licitaciones originales.

Adicionalmente a lo expuesto dos párrafos más arriba, Fernando Camino es uno de los cofundadores de la mercantil panameña Insumos Médicos del Pacífico SA, a cuya junta directiva perteneció González Amador entre 2014 y 2022. Su nombre desapareció de los documentos registrales en mayo de 2022. Exactamente el día 12, aquel en que Hacienda inició su investigación sobre el impuesto de sociedades correspondiente en 2020 y 2021 a las sociedades Maxell Cremona y Masterman & Whitaker SL. Ambas compañías son de González Amador, que presta servicios de consultoría a Quirón Prevención SL. Y la segunda –Masterman– ofrece visos de empresa pantalla o fantasma, según sostiene Hacienda con un alud de argumentos que acabarán sujetos a examen por la jueza que le imputa delito fiscal y falsedad documental.

¿Con qué fin se constituyó aquella sociedad -Insumos Médicos- en un país, Panamá, que la UE sigue considerando paraíso fiscal? ¿Nació conectada a Quirón, entre cuyas metas –para cuya consecución también trabajó González, según Hacienda– se encuentra la expansión en Latinoamérica? De momento, no hay respuesta. Ni Fernando Camino ni Quirón están sujetos a investigación penal. El nombre de su filial especializada en riesgos laborales aparece en multitud de ocasiones en el informe de Hacienda. Supuestamente aceptó facturas falsas de Masterman & Whitaker. El grupo ha declinado hasta ahora dar explicaciones sobre el marasmo con Alberto González, a quien tampoco ha logrado hasta ahora localizar infoLibre.

Las relaciones de la Comunidad con Quirón

Filial del mayor holding sanitario de España, que pasó de estar controlada por sociedades de las Islas Caimán a tener como principal accionista a la multinacional alemana Fresenius, Quirón Prevención y su matriz, Quirón Salud, constituyen una pieza clave en el puzle de este caso. Tanto que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido ya explicaciones por “el triángulo amoroso de Ayuso, su pareja y el grupo Quirón". Aunque la Consejería de Sanidad aduce que Quirón Prevención “no tiene nada que ver” con Quirón Salud, basta entrar en la web de la filial para topar en grandes caracteres con el siguiente aserto: “Formamos parte del grupo Quirónsalud”.

Pero lo cierto es que, como en una imprevista carambola, el potente vínculo profesional de Quirón Prevención SL con el compañero sentimental de Ayuso, su “principal cliente” y así lo señala la denuncia de la Fiscalía, ha desenterrado el debate sobre un ángulo ciego de la política del Ejecutivo madrileño y que por razones todavía pendientes de análisis se ha mantenido durante lustros en una especie de limbo: las relaciones de la sanidad pública con el gigante sanitario.

Gestor de cuatro hospitales integrados en la red pública madrileña –Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba, de titularidad pública; y la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del holding–, resulta materialmente imposible ofrecer una cifra de cuánto aporta al grupo Quirón cada año la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre puso en marcha su modelo de “colaboración público-privada” apenas avanzada la primera década del siglo.

El novio de Ayuso cobró 1,6 millones de la filial de Quirón que hace chequeos médicos para la Comunidad

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Y no es factible dar cifras porque, además de lo contabilizado en el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid, entra aquí en juego un factor que, como ha ido publicando infoLibre en los últimos años, ha garantizado a Quirón una alimentación económica extra y de nuevo opaca: las llamadas convalidaciones de gasto, fórmula legal pero excepcional que permite abonar facturas sin que, por razones inusuales, su emisión derive de un procedimiento administrativo y sin que, por tanto, haya habido fiscalización previa del gasto. Un ejemplo: entre 2020 y 2023, el Gobierno de Ayuso ingresó al hospital Fundación Jiménez Díaz 707 millones por convalidaciones de gasto. Ese importe se aproxima, y mucho, a lo que en un solo ejercicio –2022– asignaba el presupuesto madrileño (726.433.522 euros) a los cuatro hospitales que operan bajo la batuta de Quirón más al Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa.

Aunque la Consejería de Sanidad ha declarado su interés por llegar a las “convalidaciones cero”, lo tangible a día de hoy es que nadie ha explicado ni a la oposición ni a la ciudadanía qué hay tras cifras monumentales como la referida. Es decir, por qué se paga mediante una herramienta excepcional a un hospital con el que existe un convenio. Para la oposición, la imposibilidad de completar el puzle llega a la cumbre al aparecer el palo que bloquea la rueda parlamentaria: las peticiones de información y las preguntas en la Asamblea de Madrid sobre el tema Quirón acaban tumbadas por la Mesa, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En múltiples casos, la explicación oficial se resume así: la pregunta o solicitud se refiere a expedientes de legislaturas anteriores a la actual. De momento, todavía es pronto para aventurar si las diligencias judiciales abiertas contra González Amador y otros involucrados en la supuesta trama de facturas falsas acabará desvelando datos ignotos sobre los pagos a Quirón, otro Wally de la política madrileña.