Violencia machista fuera de la pareja: 56 feminicidios en dos años y ningún proyecto para combatirlos

"Hoy es un día muy importante porque empezamos como Gobierno a reconocer que ha habido asesinatos que hasta ahora han pasado por debajo del radar". Es septiembre de 2022 y las palabras pertenecen a la entonces secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Su equipo presentaba los primeros resultados de una estadística que meses atrás se había presentado como pionera en todo el territorio europeo: los datos de asesinatos machistas fuera de la pareja o expareja. Una reivindicación histórica del movimiento feminista que, por el momento, no tiene ninguna ambición de continuidad palpable más allá de la dimensión cuantitativa.

La estadística echó a andar hace casi dos años con una ambición: retratar la dimensión real de la violencia machista, aquella que golpea a las mujeres por el simple hecho de serlo. Abandonar, en definitiva, el corsé de las relaciones de pareja, una categoría prioritaria en su momento –cuando hace ya dos décadas los poderes públicos comenzaron abordar la violencia de género como un problema estructural– pero que se ha demostrado insuficiente para abordar la violencia contra las mujeres en su totalidad.

Sobre la mesa, se pusieron cuatro categorías. La primera, el feminicidio sexual, donde encuentran cobijo también las víctimas de trata con fines de explotación sexual, prostitución o aquellas que sufren las consecuencias de la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado. Le sigue el feminicidio vicario, que no sólo pone la lupa sobre los hijos e hijas, sino que también reconoce a cualquier otra mujer asesinada con el objetivo de maltratar a una tercera.

El feminicidio familiar, como el sucedido este jueves en Badajoz, pone cifras a las mujeres asesinadas a manos de un hombre con "relación de parentesco por consanguinidad o afinidad". La última categoría, el feminicidio social, tiene que ver con el asesinato de una mujer tras una agresión por parte de un desconocido o un hombre con el que no existía una relación de pareja o parentesco. Por ejemplo, el asesinato tras un robo, el asesinato de una mujer por parte de un compañero de trabajo o cuando el agresor es un vecino. 

Los hijos como principales agresores

Tras dos años recabando datos, el Ministerio de Igualdad cuenta ya con suficiente información para trazar una imagen fidedigna de cómo son los feminicidios fuera de la pareja.

En 2022 se registraron un total de 34 feminicidios, cifra que se rebajó en 22 el año siguiente. Es decir, 56 hombres asesinaron a mujeres por el mero hecho de serlo en los dos últimos años. La mayoría, 33 (es decir el 58,9%) fueron feminicidios familiares. El feminicidio social es el segundo más numeroso: quince mujeres fueron asesinadas por otros hombres que no eran sus parejas ni familiares, el 26,8%. Finalmente, ocho tuvieron una motivación sexual, el 14,3%. No hay registrado ningún feminicidio vicario, puesto que en esta estadística quedan excluidos los hijos menores de edad, consideradas víctimas directas de la violencia machista y con estadística propia desde hace años.

En 23 casos, los autores eran hijos o nietos de la víctima. Es decir, la mayoría de los feminicidios fuera de la pareja los cometen hijos contra sus madres y nietos contra sus abuelas. En un caso el agresor era el padre y en los nueve restantes otros familiares sin especificar. En trece de los casos, el victimario era un vecino o compañero de piso, y en diez se trató de otro conocido. Esta realidad confronta con el mito de la agresión machista perpetrada por hombres desconocidos, una idea alimentada por un relato del terror tradicionalmente vinculado a la violencia sexual.

En cuanto a las franjas de edad, los datos permiten constatar una tendencia: la mayoría de las víctimas son mayores que sus agresores. Es el fenómeno contrario a la violencia de género en pareja y en realidad encaja con el hecho de que la relación mayoritaria entre víctimas y victimarios sea la maternofilial. Así, la franja etaria más habitual entre las víctimas es la que va de los 41-50 años, con once mujeres víctimas, y la de los 51 a los 60 años, con otras once. En cambio, el rango de edad desciende notablemente en el caso de los agresores: once están en edades comprendidas entre los 21 y los 30 y dieciséis en la franja de 31-40 años.

En 22 de los casos (39,3%) había convivencia y sólo existían denuncias previas en siete, por lo que la ausencia de denuncia es una realidad aplastante: el 87,5% de las víctimas no acudió a las autoridades para dar la voz de alarma.

¿Y ahora qué?

La tarea de realizar una radiografía sobre las características y las particularidades de la violencia machista fuera de la pareja se puede dar por cumplida. Pero ¿cuáles son los próximos pasos? El sentido común y la experiencia dictan que, tras la recopilación de datos, conviene un análisis pormenorizado de la situación y el impulso de políticas públicas encaminadas a la prevención, detección y lucha contra la violencia. Si en 2003 el Gobierno inició el recuento oficial de víctimas de violencia machista en contextos de relaciones íntimas, sólo un año después quedó aprobada una ley específica e integral para plantar cara a esta violencia estructural.

"Entre las campañas de publicidad previstas en la Delegación del Gobierno de Violencia de Género hay una sobre violencias sexuales hacia las mujeres", especifican fuentes del Ministerio de Igualdad, quienes señalan que el único informe previsto sobre feminicidios es aquel que atañe a las cifras. "En principio esto es lo que está previsto", zanjan.

Hace dos años, el anterior equipo del ministerio presentaba la iniciativa como "el principio de la justicia y la reparación que estas víctimas necesitan". Pero a aquel punto de partida no parece seguirle ningún plan concreto. Al menos por el momento.

"Los datos hacían falta como base para desarrollar políticas públicas, máxime en tiempo de bulos", expone hoy la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y magistrada Victoria Rosell. En ese sentido, completa, "estamos al comienzo del camino". A su juicio, aun reconociendo que el desarrollo de políticas tiene un enfoque a largo plazo, sí hay pasos que se pueden ir dando de manera inmediata. Lo primero y más evidente, señala, a efectos de investigación. "Es importante ensanchar la perspectiva de género, incluso desde la investigación policial o la intervención psicológica", agrega, "los feminicidios ayudan a comprender qué es la violencia de género más allá de la ley de 2004".

La particularidad de la violencia contra las madres

Rosell se detiene específicamente en los asesinatos de hijos a madres. "Cómo no vas a ver razones de género en el hijo que mata a su madre. El feminicidio familiar de madre y abuelas despunta muchísimo y esto no se ha estudiado nunca en España", observa la magistrada, quien advierte que sería razonable comenzar por poner el foco en este tipo de feminicidio por su dimensión, ahora puesta en cifras. La exdelegada desliza un enfoque: el papel de "cuidadoras que lleva" a las madres a "situarse en una situación objetiva de riesgo".

A ese mismo punto llega Miguel Lorente, médico forense y delegado del Gobierno entre los años 2008 y 2011. En las últimas sentencias sobre homicidios por violencia doméstica analizadas por el CGPJ (años 2021 y 2022), se analizaron diecisiete feminicidios familiares, catorce de ellos hijos contra madres, uno de un nieto contra su abuela, tres hermanos contra sus hermanas y uno de un sobrino contra su tía. En 2021, el 80% de los victimarios presentaba alteraciones mentales o adicciones, porcentaje que se eleva al 85,7% en 2022. Ahí emerge la primera especificidad: "Es interesante porque se demuestra que la conflictividad que lleva a los homicidios es muy diferente a la que existe en la violencia dentro de la pareja, ya que está mediada por alteraciones mentales", analiza Lorente.

Y ahí es clave, añade Rosell, entender que "una mujer tiene que estar al límite para denunciar a su propio hijo", especialmente cuando existe alguna de las circunstancias mencionadas. Por lo tanto, una de las claves a tener en cuenta es que "la respuesta penal no satisface" a las mujeres cuando existe un "vínculo emocional" tan fuerte como el de una madre y su hijo, por lo que un posible frente sería estudiar medidas alternativas centradas en caminar hacia una "independencia vital" y no tanto en el castigo.

Prevenir, sensibilizar y legislar

Graciela Atencio sabe bien lo que es recoger datos sobre violencia más allá de la pareja. Tras más de una década haciéndolo de forma autónoma en su web Feminicidio, la periodista por fin observa cómo la estadística es ya oficial. Sin embargo, introduce algunos peros a los resultados finales. Por ejemplo, echa en falta una definición más clara de cada tipología –"conceptualizar es politizar", insiste–, resalta la poca especificidad de algunos apartados –se pregunta quiénes estarían incluidos en el cajón de otros conocidos– y critica la ausencia de la prevalencia, es decir la tasa de feminicidios por cada cien mil mujeres, un elemento clave a la hora de establecer comparativas a nivel internacional.

Arranca la iniciativa ciudadana para blindar el aborto en Europa ante el avance de la ultraderecha

Ver más

Atencio sugiere un estudio en profundidad capaz de escarbar en los detalles de cada feminicidio: habla de elaborar análisis comparativos de sentencias, explorar indicadores y patrones, determinar si se presenta un porcentaje alto de suicidios o si existe ensañamiento en los crímenes. "Lo importante de las estadísticas es encontrar patrones y poder establecer indicadores", asiente. En segundo lugar, incide en la falta de campañas públicas. "Si se han empezado a reconocer estos feminicidios, esperamos que realicen campañas de sensibilización a toda la población", expresa al otro lado del teléfono. 

A partir de ahí, conviene pensar en un horizonte legislativo capaz de ofrecer herramientas a las víctimas. La ley de 2004 está pensada únicamente para las víctimas de violencia en pareja y la ley del sólo sí es sí está dirigida a las víctimas de la violencia sexual. ¿Cuál es la herramienta legislativa más eficaz para abordar las demás violencias y proteger a todas las mujeres? "Tenemos que encontrar la mejor manera de encajarlo en el sistema jurídico", introduce la periodista e investigado, "hay que plantearse el reconocimiento de todas las formas de violencia machista y lo ideal sería que entraran en una ley".

Lorente también afirma ser partidario de una regulación conjunta que reconozca "todas las distintas formas de violencia". A su juicio, "lo que tiene que quedar muy claro para la sociedad es que la violencia de género tiene todas esas manifestaciones", quizá a través de "una ley matriz que recoja toda esa violencia de género, con independencia de que luego se legisle independientemente, pero no como si fueran distintas violencias".