Sin la patronal y con la cotización que pedía Podemos: Díaz firma con los sindicatos el subsidio por desempleo

“Podemos ha golpeado a los trabajadores y trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de PP y Vox” o “han dañado" a España. Son palabras que el túnel del tiempo devuelve a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las pronunció el pasado enero contra Podemos por el voto en contra de esta formación contra la reforma del subsidio de desempleo que entonces se llevó al Congreso. Los de Ione Belarra tumbaron la iniciativa e hicieron que el Gobierno tuviera que asumir su primera derrota parlamentaria del año, al entender que conllevaba un “recorte” de esa prestación para los trabajadores mayores de 52 años y de sus pensiones futuras, pues se rebajaba progresivamente la base de cotización para la jubilación de ese colectivo. Desde el equipo de Díaz se arguyó que esta se les subió al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) para compensar ese sueldo básico que existía antes de 2018, pero que, al agrandarse el SMI en los últimos años, se daba la circunstancia de que había personas que cotizaban más cobrando el subsidio que otras que trabajaban. Sin embargo, el tiempo parece haberles dado la razón a los morados, con los que se alinearon los sindicatos en la defensa de que, en cualquier caso, era una poda para esos mayores, a menudo en una situación de paro de larga duración.

Díaz ha rubricado este 8 de mayo, cuatro meses después, la reforma del subsidio por desempleo con los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en la que se mantiene en el 125% del salario mínimo interprofesional la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera fórmula de modificación. Es más, en relación con ese sector de la población, se convocará próximamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para analizar “la efectividad de las cantidades invertidas en políticas activas de empleo –transferidas a las comunidades autónomas– en favor de personas mayores de 52 años y las nuevas formas de compatibilidad entre el empleo y la percepción de prestaciones y subsidios”, según consta en el documento firmado, consultado por infoLibre. Y Díaz ha adelantado que agendará un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por ser ésta la región que más personas desempleadas tiene en esa franja de edad en la actualidad.

Desde Podemos celebran que se haya eliminado un “recorte injusto sobre los desempleados mayores de 52 años”, como lo ha calificado su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez, y subrayan que no son ellos “los que han cambiado de posición” en ningún momento del proceso. Creen que “se ha reconocido lo evidente, que había un recorte”, aunque consideran también que “se podía haber hecho antes”. En todo caso, “es una buena noticia” la "rectificación", aseveran fuentes de la formación, que avanzan que, aunque aún tienen que revisar el texto final fruto de la negociación con los agentes sociales, no como la primera propuesta, “si definitivamente eso se retira y se conservan mejoras, no habrá problemas” para que esta vez su postura sea un “sí”, “como ya se dijo el mismo día de la votación anterior”, apostillan. Esto es, votarán a favor. “Tengamos más o menos escaños, los utilizamos siempre para lo mismo, cuando se puede avanzar, avanzar, y, si no, al menos no validar ningún recorte”, resumen las fuentes sondeadas.

Más mejoras normativas

Más allá del polémico punto, Gobierno y sindicatos han pactado en el marco del Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial de protección por desempleo otros elementos como la elevación del subsidio a los 570 euros los primeros seis meses y a 540 los seis siguientes. El resto del periodo se percibirán los 480 euros vigentes. A ello hay que sumar que se eliminará el mes de espera y se ampliarán los grupos que podrán acceder a esta cobertura como las personas menores de 45 años sin cargas familiares, las personas trabajadoras eventuales agrarias o las transfronterizas de Ceuta y Melilla. Del mismo modo, las mujeres mayores de 16 años víctimas de violencia de género y sexual podrán acceder a un subsidio específico, con las mismas cuantías que el ordinario. Se contempla, asimismo, en la reforma perfilada este mayo que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante un periodo de 180 días tras agotar un año de subsidio.

Se baraja desde el ministerio que, con carácter general, la norma entre en vigor el próximo noviembre y este movimiento, oficializado hoy, era uno de los hitos pendientes para que Bruselas pudiera materializar el cuarto desembolso de fondos europeos por importe de 10.000 millones, aunque llega con más de un año de retraso por el adelanto electoral de 2023 y el freno en el Congreso. Según datos del pasado octubre, eran 787.109 las personas que percibían el subsidio por desempleo en el conjunto del país.

Una foto sin la CEOE

Tanto Álvarez como Sordo han mostrado su satisfacción por que se hayan “corregido insuficiencias” y se haya podido llegar a un consenso tras una negociación “larga y difícil”, aunque han avisado al Ejecutivo de que aún “quedan cosas importantes” por abordar. La que no ha estado en el acto es la patronal, que se ha descabalgado del acuerdo. De hecho, desde que se uniera a alguna subida del salario mínimo interprofesional (SMI) como la pactada en 2020 para que pasara de los 900 a los 950 euros mensuales, se ha ido borrando de las fotografías oficiales de estas firmas. Con todo, en esta ocasión, Díaz ha agradecido de forma expresa tanto a la CEOE como a Cepyme sus aportaciones a la reforma.

Desde esas organizaciones justifican su ausencia en que no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, a su juicio, “sino simplemente un proceso de consulta”. Aseguran, vía comunicado, que “tras el fracaso en la convalidación del decreto ley en la cámara baja”, no han recibido una nueva propuesta por parte del ministerio hasta el mediodía de este lunes, 6 de mayo, y que ésta no incluía una memoria económica. Algo que ven “de especial gravedad”, dado que “los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados" y "el impacto económico de las medidas recogidas en el documento”. “En todo caso, pudiese parecer que la premura del proceso para la firma de este miércoles -día y medio- responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo -en Cataluña- que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real”, deslizan en su nota.

"No es ninguna paguita"

De su lado, Díaz ha proclamado que el subsidio “no es ninguna paguita”, sino “un derecho de las personas trabajadoras” y ha subrayado que el Gobierno se dedica a resolver problemas, mientras “enfrente está la nada”. La titular de Trabajo ha puesto el foco luego en que la nueva normativa demuestra que “el diálogo social sigue a pleno rendimiento”, que “funciona” y que “es una herramienta para ganar derechos”. Ha acentuado que se cumplirá con Europa “en tiempo y forma” para poder recibir la inyección pendiente de fondos y ha sacado pecho por que “las normas que salen del Ministerio de Trabajo están permitiendo” que la economía funcione. Y ha dado un dato: “El 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo” que pueden disfrutarlo, según ha manifestado.