La Fiscalía General se prepara para resistir la operación de la derecha para amedrentarla: "No van a cejar"

La derecha política, mediática y judicial ha puesto sus ojos en el número 17 del madrileño Paseo de la Castellana. Y el objetivo es claro: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los focos pasan por él después de que el PP haya empleado su mayoría absoluta en el Senado para reprobarlo, el Tribunal Supremo haya anulado su decisión de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Memoria y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya admitido la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la nota de prensa de la Fiscalía desmintiendo noticias tergiversadas.

Esto deriva en situaciones inéditas como el hecho de que se haya reprobado por primera vez en la historia por parte del Senado a un fiscal general, que se esté produciendo un duro choque entre el Supremo y la Fiscalía o que incluso García Ortiz pueda acabar imputado por una nota de prensa. Resuenan ahora con fuerza las palabras que lanzó contra él el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en un mensaje en la red social X del 23 de abril: “Tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz Ayuso les va mal. España no es Venezuela”.

El fiscal general del Estado no se plantea dejar su cargo a pesar de estos frentes. Fuentes próximas a él señalan que estos movimientos buscan amedrentarlo y ponen el foco en qué mensaje se mandaría ante la sociedad si el FGE abandona ante presiones como la reprobación del PP y de Vox. No sólo por el flanco político, sino que sería, entienden, una mala señal ante posibles presiones de mafias, narcotraficantes o poderes económicos por investigaciones abiertas.

Pero no se trata de un momento puntual, sino que las fuentes indican que son conscientes en la Fiscalía General del Estado de que esa operación y esos ataques que vienen de sectores políticos, mediáticos y judiciales no van a cejar. Además, muestran su incredulidad sobre el papel que hace el PP jugar al Senado como si fuera un tribunal de honor para reprobar al Fiscal General haciendo como si fuera un actor político y sin reparar en su trabajo autónomo sin ni siquiera escucharlo.

El futuro en el Supremo

El PP lleva tiempo detrás de la figura de García Ortiz y llegó a presentar una querella contra él que el Tribunal Supremo archivó el pasado 15 de abril. La sala entendió que no concurrían elementos de los delitos de prevaricación administrativa ni de nombramiento ilegal por la elección de Dolores Delgado como fiscal de la Sala Togada, aunque cinco meses antes la sala de lo Contencioso Administrativo sí consideró por unanimidad que esa designación había supuesto un ejercicio de “desviación de poder”.

En estos momentos se da precisamente un choque entre García Ortiz y el Tribunal Supremo porque ahora hay en la plaza de las Salesas un recurso contra el fiscal general presentado por una asociación judicial contra su renovación en el cargo. Se da la circunstancia de que su futuro lo tienen que decidir los magistrados que sentenciaron esa “desviación de poder”.

Por eso, García Ortiz ha recusado a cuatro de los cinco magistrados que tienen en sus manos su futuro. Fuentes próximas al fiscal defienden que esto se ha hecho de manera absolutamente respetuosa con el Supremo y que su estrategia de defensa es tan respetable como la de cualquier persona. En caso de aceptarse esa recusación, pasará a la sala 61. La base de su petición es que no pueden decidir aquellos que precisamente antes ya han dicho que hubo una “desviación de poder”. Por lo tanto, lo normal, entienden las fuentes, es que sean otros magistrados los que vean ese caso abierto la APIF, una asociación minoritaria cuyo portavoz, Salvador Viada, ha llegado a declarar que hay un “155 encubierto” entres los fiscales para mantener la línea que conviene al Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de los jueces que atribuyó esa “desviación de poder” a García Ortiz es José Luis Requero, que llegó a publicar un artículo en el que culpa a la izquierda de “haber propiciado la guerra civil” y señalaba precisamente a la Fiscalía General del Estado, junto al Tribunal Constitucional, por estar “apesebrados”. Por lo tanto, en el entorno de García Ortiz sostienen que este magistrado no puede decidir el futuro del fiscal. Además, defienden que la recusación es anterior a la última decisión del Tribunal Supremo sobre Dolores Delgado, por lo que no se debe interpretar como una reacción de enfrentamiento por esta cuestión. En todo momento en el número 17 del Paseo de la Castellana se sigue defendiendo que la propuesta de nombramiento de la exministra de Justicia reunía todas las condiciones y era la candidata más idónea. Además, se señala que ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha fallado en dirección contraria a su propia jurisprudencia.

Preocupación por el mensaje que se manda: se pone el foco en quien persigue el delito

También en la Fiscalía hay impacto por el recorrido que ha tomado la querella de la pareja de Ayuso, que ha sido admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y va en relación a la nota de prensa que emitió la FGE para desmentir las informaciones tergiversadas que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba lanzando contra el ministerio público. En el entorno de García Ortiz se reafirman en su decisión de emitir ese comunicado para atajar un “bulo”.

García Ortiz pide apartar a cuatro de los magistrados del Supremo que decirán si continúa como fiscal general

Ver más

El propio García Ortiz asumió la responsabilidad total de esa nota en su día: “Recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución. La ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia. no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”.

Desde el entorno de García Ortiz hacen la reflexión de que puede acabar imputado precisamente por perseguir delitos y esto es un mal mensaje para corruptos, narcotraficantes y grandes mafias. Por eso, advierten de que tiene mucho peligro lo que está pasando con esta cuestión. Además, se lamentan las fuentes de que se pone el foco en el que persigue los delitos y no en los delincuentes y que se intente poner el foco por sectores mediáticos en que el problema está en la Fiscalía.

La situación también se han agravado dentro de la clase fiscal, donde los conservadores no han salido a defender a García Ortiz ante la reprobación política del PP en el Senado. En cambio, desde la Unión Progresista de Fiscales calificó de “gravísimo e intolerable ataque” esa votación: “Además del más execrable ejemplo de utilización partidista de las instituciones, degradando a la Cámara Territorial a mero instrumento al servicio del principal partido de la oposición con evidentes fines propagandísticos y electoralistas”.