El Gobierno y Canarias, a punto de cerrar el pacto sobre la distribución de menores entre comunidades

La negociación está muy encauzada y afronta su tramo final. Puede ser cuestión de horas. El Gobierno central y el Ejecutivo canario está finiquitando las conversaciones para un cambio trascendental legislativo para la distribución entre comunidades de los menores extranjeros que llegan al archipiélago, una cuestión que desborda a la administración autonómica.

Fuentes conocedoras de la negociación señalan que el trabajo que se lleva haciendo desde el pasado mes de octubre está a punto de fructificar. Los equipos jurídicos no han descansado y falta sellar el acuerdo político final por parte de las dos partes, lideradas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Uno de los puntos que falta desencallar es la vía por la que se quiere llevar a cabo la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sobre la mesa hay dos opciones: un decreto ley, por lo que apuesta el Gobierno canario principalmente, o una proposición de ley a través de las Cortes Generales, la fórmula en la que está mas el Gobierno central con fin de aglutinar al mayor número de fuerzas políticas por el camino.

También hay otro flanco, señalan las fuentes, que se está terminando de diseñar sobre el tiempo que pasan los menores en Canarias antes de ser distribuidos a otras autonomías. Al Ejecutivo canario le gustaría que fuera de forma inmediata, pero hay objeciones por parte del Gobierno central al entender que hay trámites que se deben cumplir y siempre deben prevalecer los derechos de los menores.

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En Canarias hay aproximadamente seis mil menores extranjeros y la idea es distribuir algo más de 2.000 al resto de autonomías. Esto se trata de una competencia de las comunidades, pero el Gobierno central ha puesto también sobre la mesa una ficha financiera para que pueda llevarse a cabo este reparto. Con este acuerdo se busca acabar con los problemas actuales a la hora de realizar este proceso solidario entre autonomías que se ha visto mal resuelto en las últimas conferencias sectoriales. Aplicando los criterios de la última Conferencia Sectorial, el reparto quedaría así: La Rioja (285), Cataluña (191), Madrid (187), Andalucía (186), Extremadura (185), Cantabria (179), Galicia (165), Castilla-La Mancha (161), Asturias (151), Comunidad Valenciana (145), Castilla y León (129), Aragón (127), Balears (100) y Murcia (100).

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Si el acuerdo técnico está en vías de una pronta firma, faltaría el gran pacto político. La idea es que se visualice un gran frente común por parte del Parlamento de Canarias con CC, PSOE, PP y NC (a Vox no se le espera). La intención de las dos partes es que también se sume el Partido Popular a nivel nacional, ya que el buen funcionamiento depende principalmente de la mayoría de autonomías que el PP logró en las pasadas elecciones regionales del 28 de mayo del pasado año.

Desde Coalición Canaria, que gobierna de manera conjunta con el PP el archipiélago, se confía en que Génova 13 abrace también este pacto. De momento, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no ha dado el sí definitivo al sistema que están terminando de acordar el Gobierno central y la administración canaria. Las dudas sobre la posición de los populares surgen por el momento: en plena precampaña de las europeas y con su discurso sobre la inmigración subiendo mucho el tono por la competencia de Vox en los comicios catalanes.

La actual legislación hace que la competencia sobre los menores recaiga en las autonomías y el repunte de la ruta canaria ha llevado a una situación de colapso en el archipiélago. El Gobierno regional ha pedido a La Moncloa que ayude a resolver la situación y desde el Ejecutivo central se puso a trabajar al frente de la comisión interministerial a Ángel Víctor Torres, que fue precisamente presidente de Canarias hasta la pasada legislatura y conoce perfectamente la situación. El sistema vigente no funciona como se pudo comprobar durante el pasado mes de abril cuando la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia rechazó la propuesta del Ministerio de Infancia y Juventud para lograr la derivación de 470 menores migrantes desde Canarias. Además, tampoco se ha hecho efectivo el acuerdo de octubre para el reparto de otros trescientos.