El Gobierno de Ayuso cede en los tribunales ante Quirón y se pliega a pagarle otros 85 millones
Ocho sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) entre febrero de 2023 y marzo de este año han añadido ingredientes al enigmático cóctel de la relación entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gigante sanitario Quirónsalud, que gestiona cuatro hospitales adscritos a la red pública madrileña y cuyos ingresos totales nadie conoce. Localizadas tras un rastreo de infoLibre en bases de datos públicas, esas ocho sentencias aseguran otros 85 millones al holding que en marzo regresó al primer plano mediático tras conocerse que el novio de Ayuso trabaja habitualmente para una de sus filiales –Quirón Prevención SL– y que se encuentra investigado por fraude fiscal en 2020 y 2021.
Pero que del erario madrileño salgan otros 85 millones para el gran beneficiario de la privatización sanitaria emprendida por Esperanza Aguirre en la primera década del siglo es solo la primera capa de la cebolla. Porque, aun estando ante una cifra formidable, lo que de forma inédita destapan esas ocho sentencias se resume así: el TSJM estimó la mayor parte de las reclamaciones económicas que centraban los distintos pleitos interpuestos por los cuatro hospitales de Quirón no porque los demandantes aportaran al tribunal pruebas determinantes sino porque el demandado –la Comunidad de Madrid– se avino voluntariamente a la mayor parte de las pretensiones del grupo sanitario. O, empleando el argot jurídico que reproducen esas sentencias, la Comunidad optó por lo que se denomina “allanamiento”, término que en este campo nada tiene que ver con la toma de inmuebles por parte de intrusos. El porqué de tal viraje es a día de hoy un misterio: la Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas escritas planteadas por infoLibre este jueves ni a las llamadas telefónicas cursadas ese día y el siguiente.
En los ocho casos, se trató de un allanamiento “parcial”, puesto que algunas exigencias de los cuatro hospitales (Valdemoro, Móstoles, Villalba, de titularidad pública, y la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Quirón y sujeta a un concierto) no llegó a darlas por buenas la Consejería de Sanidad, aunque la negativa se limitó a las de menor rango económico.
Además de parcial, el allanamiento fue siempre “implícito” porque se derivaba no de un documento estrictamente jurídico donde la Comunidad le diera la razón a su oponente -Quirón- sino de informes elaborados en 2022 y en los que la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria modificaba el contenido de resoluciones anteriores de ese mismo departamento. Las resoluciones iniciales se adoptaron durante la etapa de Juan González Armengol como viceconsejero de Asistencia Sanitaria (octubre de 2020 a julio de 2021). Y los informes de 2022 se correspondieron con la fase de Antonio Zapatero, sucesor inmediato de González Armengol, viceconsejero hasta el 28 de septiembre de 2022 y ahora secretario ejecutivo de asistencia sanitaria del PP nacional. Ambos cesaron en el cargo a petición propia.
Lo que en 2022 corrigió la Administración madrileña en favor del grupo sanitario fueron distintas resoluciones –casi todas quedaron fechadas entre enero y junio de 2021– por las que, al ponerle números a la liquidación final de distintos ejercicios, especialmente 2015, la Comunidad se había negado a elevar el saldo de deuda con Quirón hasta el nivel que pretendía el grupo sanitario.
Y es ahí donde, en total, entran en juego los 85 millones que las ocho sentencias declaran como pagaderos al holding. Exactamente, 84.710.046 euros. La parte del león –o sea, la mayor– se la lleva el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles con 57.572.018 euros. Eso es lo que suman las cantidades reconocidas en tres sucesivas sentencias, dos de 2023 y la última datada el 20 marzo de este año.
Un viraje drástico
El ejemplo del hospital de Móstoles ilustra cómo, por razones todavía desconocidas, la Comunidad de Madrid cambió de criterio en 2022. El relato trazado en la última de las tres sentencias que afectan a ese centro sanitario se condensa así: el 17 de junio de 2021, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria rechazó aumentar en 26,56 millones a IDCSalud Valdemoro -una de las múltiples filiales de Quirón- el importe de la liquidación final del ejercicio 2015 y aprobó que el saldo favorable a la empresa se limitaba a 7,21 millones.
A partir de ese desencuentro, IDCSalud Móstoles SA interpuso un contencioso administrativo ante el TSJ madrileño. Y aquí llegó el cambio de baraja, como se desprende de la sentencia. “En su contestación a la demanda la Comunidad de Madrid reconoce el derecho de la actora [el hospital demandante] al cobro de la suma adicional de 26.078.789,90 euros sobre la base de aportado informe del viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de 19/09/2022”. Es ese reconocimiento el que conforma el “allanamiento implícito parcial”. Parcial y no completo porque la Comunidad no accedió a otro pago mucho menor que el anterior y correspondiente también a 2015.
En el informe del 19 de septiembre de 2022, el viceconsejero manifestaba lo siguiente, también incluido en la última sentencia sobre el hospital de Móstoles: "A la vista de la documentación incorporada al expediente y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este informe, el ajuste que procedería realizar a la liquidación del contrato de gestión de servicio público, modalidad de concesión, de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Rey Juan Carlos, ejercicio 2015, sería de 26. 078. 789, 90 euros a favor de la Concesionaria”. De lo que en este caso pedía Quirón, la Comunidad solo restó 493.185,72 euros. Pero tal disensión fue peccata minuta dado que la liquidación de 2015 saltó así de 7,21 millones a 26,07.
Y así las cosas, el TSJM estimó “en parte” el recurso de IDCSalud Móstoles SA “en virtud del allanamiento implícito parcial de la Administración demandada”. Los dos entrecomillados precedentes se repiten en las otras dos sentencias de 2024, una relativa al hospital de Villalba (9,03 millones) y al de Valdemoro (9,19 millones). En los fallos judiciales de 2023, el tribunal citó en los fundamentos de derecho pero no en la parte dispositiva la existencia de un allanamiento por parte de la Comunidad.
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Expertos sondeados por infoLibre coinciden en que allanarse a las pretensiones del demandante no es habitual entre las Administraciones públicas. Básicamente, porque lo que en un procedimiento contencioso administrativo suele estar en juego es el dinero público. Y darle de antemano y voluntariamente la razón al demandante implica aceptar de forma voluntaria un desembolso mayor.
Uno de los expertos consultados, Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, va más lejos. Tras leer las tres sentencias de 2024 que le hizo llegar este medio, el profesor expuso así su diagnóstico: “La Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid configura el allanamiento como una competencia del Consejo de Gobierno. Por tanto solo él, de forma expresa, lo puede hacer. Un acto de un consejero, u otra autoridad sería dictado por órgano incompetente. Mas aún; tiene que ser de forma expresa porque la autorización de allanamiento es el instrumento a partir del cual la Administración acepta no recibir una cantidad que le corresponde. Por ello, es un acto que tiene que ser motivado, a fin de conocer las razones que lo justifiquen. Fuera de ello, es una arbitrariedad muy onerosa para el erario público”.
González declara su extrañeza por el hecho de que el TSJM “lo configure así, sin una norma de cobertura y vigilando las reglas que asignan la competencia al consejo de gobierno”. Porque esa competencia –remata– es “irrenunciable”.
