Los abogados ecologistas denuncian que los jueces españoles no están bien formados en medioambiente

La vía del litigio se ha popularizado en los últimos años entre las organizaciones ecologistas de todos los tamaños, pero el mundo de la judicatura no avanza al mismo ritmo. Los abogados de diferentes asociaciones explican que los magistrados no conocen en muchos casos qué leyes deben aplicar por falta de práctica en estos temas, o que una vez que les han dado la razón, la sentencia tarda años en ejecutarse, cuando el daño ya está hecho. En los últimos años, la situación ha mejorado en algunos tribunales, pero reclaman más formación, porque aseguran que el litigio climático ha llegado para quedarse.

Según la ONU, a cierre de 2022 había abiertos en el mundo 2.180 casos abiertos en tribunales de todo el mundo, frente a los 884 de 2017, un 150%. En España, en esos cinco años, la cifra de condenas por delitos ambientales sigue prácticamente intacta e incluso han caído, según la memoria de la Fiscalía. Han pasado de 1.187 condenas en 2017 a 1.074 en 2022. Sin embargo, los profesionales del derecho sí perciben un claro incremento de las denuncias y de apostar por la vía judicial para defender la naturaleza. "Dentro del movimiento ecologista las herramientas jurídicas se han vuelto esenciales. No son la única fórmula, ni sustituyen al activismo, pero sí son una pata más de la acción", señala Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción.

Esta ONG es la más activa en España en cuanto a judicialización ambiental y solo en 2023 llevó a los tribunales 334 casos, más que en ningún otro año. La gran mayoría por vía administrativa, y 86 por la penal, siendo los delitos urbanísticos los más comunes. A diferencia de otras organizaciones verdes, Ecologistas tiene una red de federaciones que les permite participar en muchos conflictos locales, como la tala de árboles en la ciudad de Madrid, y cuentan con un equipo de entre 30 y 40 abogados voluntarios, una capacidad que no tiene ninguna otra ONG.

Aunque el interés por el derecho ambiental ha crecido, los abogados del sector se quejan de que el sistema judicial no está preparado para hacer frente a casos a los que nunca antes se habían enfrentado. En 2021, cinco organizaciones presentaron por primera vez un recurso contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado ese año por el Gobierno, con el argumento de que era insuficiente para frenar el calentamiento global. El Tribunal Supremo nunca se había abordado una demanda similar —la desestimó— y esta misma semana los ecologistas la llevarán ante el Tribunal Constitucional, que tampoco ha abordado antes una cuestión similar. Pero no solo se trata de grandes juicios mediáticos. Muchos litigios están relacionados con instalación de energías renovables, la contaminación del agua, los atentados contra la biodiversidad, etc. Y en el programa de estudios de la oposición a judicatura solo hay un tema de medioambiente de los más de 300 que entran en el examen.

"En el plan formativo de los jueces apenas tiene contenido ambiental", afirma Ana Barreira, fundadora del Instituto Internacional de Derecho Ambiental (IIDMA). "Solo estudian el artículo 45 de la Constitución y los delitos contra el Medioambiente del derecho penal. En la formación continua pueden tener cursos, pero no son obligatorios, y haber estudiado en la carrera de derecho una asignatura no es suficiente", añade.

María Ángeles López, de la Red de Abogados por la Defensa Ambiental, no oculta su enfado y cree que la administración se tiene que reforzar. La mayoría de temas que lleva ella están relacionados con litigios contra la instalación de energías renovables en zonas protegidas, y la falta de conocimiento y personal para abordar estos análisis en las comunidades autónomas provoca que las promotoras se salgan con la suya.

"La administración está desbordada y carece de personal cualificado para hacerse cargo de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) tras el aluvión de energías renovables", critica López. "Cada vez vemos una mayor pérdida de biodiversidad, tenemos un agua de peor calidad, las emisiones globales no se reducen… ¿Y qué se está haciendo desde el derecho ambiental? Las leyes están redactadas, pero no se ponen en práctica", opina. En su caso, además, lleva años promoviendo la formación en medioambiente para abogados del turno de oficio, los que se asignan de forma gratuita, para que ciudadanos o pequeñas asociaciones locales puedan defenderse en disputas sobre energías renovables, minería o regadío, que se dan en muchas zonas rurales donde los vecinos no pueden reunir el dinero para contratar a un despacho de abogados.

Otro problema que repiten varios entrevistados es que la ejecución de las sentencias lleva, en muchos casos, años. Una situación habitual es que un juez ordena la demolición de una urbanización o un hotel, pero la ley contempla que la sentencia no se aplica de forma directa, sino que es el ayuntamiento el que tiene que anular la licencia de obra para proceder a su demolición. Es el caso del hotel costero de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). "Llevamos 18 años pleiteando y aunque tenemos todas las sentencias a nuestro favor, el edificio sigue ahí. Hay que cambiar la ley para que las resoluciones judiciales se apliquen directamente", se queja Inés Diez, responsable del área jurídica de Greenpeace.

Desde el mundo de la judicatura algunos están de acuerdo con esto, otros son más reticentes. El año pasado, el Colegio de Abogados de Madrid y el IIDMA organizaron un encuentro sobre el derecho ambiental en el que participó Wenceslao Olea, vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado de la sala tercera del Constitucional, la que se encarga de temas ambientales. El juez afirmó que era "contrario a la especialización de los jueces". "El ordenamiento jurídico es un todo homogéneo y no sabemos por donde nos pueden venir las cuestiones que lleguen sobre una determinada materia", dijo. También señaló que "el CGPJ está haciendo un esfuerzo modélico en formación de medioambiente" porque el año anterior se habían organizado siete actividades sobre esa materia. En esa jornada también estuvo presente Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial del (CGPJ), que llamó a mejorar la oferta formativa con la vista puesta en el cambio climático. "El consejo tiene que ir avanzando en detectar las nuevas necesidades. La oferta es amplia, pero tenemos que seguir profundizándola, no podemos morir en la autocomplacencia".