Imanol Arias reconoce que defraudó a Hacienda y acepta una pena de menos de 2 años de prisión
El actor Imanol Arias ha llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal del caso Nummaria y ha aceptado una pena de cárcel menor a dos años, lo que permitirá que no entre en prisión, al reconocer cinco de los delitos fiscales por los que se sentaba en el banquillo de los acusados. Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, que señalan que el actor ya ha satisfecho toda la responsabilidad civil que se le pedía y que además hará frente a la multa que se le imponga, cuya cuantía también se verá reducida.
Esta conformidad con el Ministerio Público se materializará en la vista oral que se celebra desde este martes en la Audiencia Nacional, a lo largo del turno de cuestiones previas. Cabe recordar que, además de a Arias, se juzga a otra treintena de personas, entre ellas la actriz Ana Duato, por presuntamente haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados, Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicitaba para Arias y Duato cerca de 30 años de cárcel, y también para el productor de la serie Cuéntamé como pasó y marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu. Por otro lado, al inicio de la sesión, el fiscal ha anunciado que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que pedía 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos fiscales.
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Por su parte, el abogado de Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria -que está en el epicentro de la supuesta trama- ha solicitado en esta primera sesión la nulidad de las actuaciones realizadas en el proceso alegando que se ha dado una infracción del derecho a la defensa dado que lo incautado en los despachos de abogados pasó directamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sin pasar por el juzgado y ninguna de las partes pudo acceder a esa documentación.
Nulidad de actuaciones
"Se ha producido una violación del derecho a la defensa", ha señalado el abogado Antonio Camacho, que ha añadido que se ha violado la igualdad de armas en el proceso hurtando a las partes la documentación en las que se basa el informe sobre las cuotas defraudadas. Camacho ha pedido, además, la nulidad de todo el material incautado en el despacho por violación del derecho a la tutela judicial efectiva dado que se han dado irregularidades en la cadena de custodia.
"La conclusión yo creo que es demoledora. Miles de archivos fueron alterados, borrados o modificados mientras se impedía a las partes, a todas las partes acceder a esa documentación", ha explicado, mencionando un informe que consta en la causa. "Con estos mimbres nos introducimos en un juicio que tiene los pies de barro", ha lamentado.
