Los líos judiciales de un propagador de bulos que ahora pasará a estar aforado
Luis Pérez Fernández, alias Alvise, nunca ha tenido reparos en decir que si concurría a los comicios del 9J era, entre otras cosas, para cubrirse las espaldas a nivel judicial. "Nos presentamos para protegernos judicialmente y denunciar la gran mentira del matrix informativo español", soltaba durante la campaña. Algo que, finalmente, ha conseguido. La candidatura ultra Se Acabó La Fiesta, que se apoya sobre una comunidad cultivada desde hace años en redes sociales siguiendo los postulados clásicos del trumpismo, se ha hecho con 800.000 papeletas. Y tres escaños en el Parlamento Europeo. Uno de ellos para Alvise, un propagador de bulos profesional al que persigue algún procedimiento judicial y que a partir de ahora pasará a tener la condición de aforado.
La primera causa es la que se sigue desde hace casi tres años en el Juzgado de Instrucción nº33 de Barcelona. En julio de 2021, la Fiscalía presentó una denuncia contra Pérez por la difusión en redes sociales, durante un debate televisivo de las elecciones catalanas de ese año, de una imagen con el supuesto resultado "positivo" de una prueba PCR que se atribuía al entonces exministro de Sanidad y candidato a la Presidencia de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Un documento que el propio centro hospitalario no tardó en calificar de falso y que llevó al Ministerio Público a acusar al agitador ultra de los delitos de falsedad en documento privado e injurias.
Durante su comparecencia ante el juez, hace ya dos años y medio, el máximo exponente de la alt-right patria reconoció que había difundido la falsa prueba sin comprobar su veracidad. Pero que él no había sido el primero en mover el bulo, su principal defensa frente a una Fiscalía que le acusaba de haber confeccionado "íntegramente" la imagen falsa. La causa, confirman fuentes jurídicas, aún "sigue abierta" y Pérez continúa como "denunciado" en la misma. "Está pendiente de la respuesta a una diligencia de comisión rogatoria a Irlanda", completan esas mismas fuentes. En concreto, la instructora está en estos momentos a la espera de que Twitter aclare algunas cuestiones relativas al caso que han sido planteadas.
No es el único frente que en los últimos meses se le ha abierto al recién elegido eurodiputado. A finales del año pasado, según adelantó el periódico El Español, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, uno de los acusados en el llamado caso Kitchen, interpuso una querella por la difusión en el canal de Telegram de Alvise de varias conversaciones de Whatsapp en las que había participado el ex número dos de Interior. En febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió derivar el asunto a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla tras considerar que los hechos descritos podían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos. Pero desde el entorno de Martínez sostienen que no han recibido aún ninguna notificación sobre este asunto.
De Carmena a Pastor: los reveses judiciales por lo civil
Sobre Pérez, a pesar de todo, no pesa aún ninguna condena penal. Ahora bien, sí que ha sufrido reveses judiciales por la vía civil. En marzo del año pasado, el Juzgado de Primera Instancia nº59 de Madrid le condenó a abonar 5.000 euros en concepto de indemnización a Manuela Carmena por una intromisión ilegítima en su derecho al honor. El ultra, en concreto, fue condenado por la publicación en redes sociales de mensajes en los que aseguraba falsamente que la exalcaldesa de Madrid había recibido un respirador en su casa en los peores momentos de la pandemia. "El autor de la información no la contrastó suficientemente", recogía la sentencia, en la que también se acusaba a Pérez de mentir cuando aseguró en su Telegram que había ganado judicialmente a Carmena.
Aquel fallo, sin embargo, aún no es firme. Alvise interpuso un recurso contra el mismo que, según confirman fuentes conocedoras del procedimiento, aún está pendiente de resolución. En el aire se encuentra también la batalla judicial que inició José Luis Ábalos contra el agitador ultra. En primera instancia, Pérez fue condenado a indemnizar al exministro de Transportes con 60.000 euros por vulnerar su derecho "a la intimidad personal y familiar" tras publicar en redes sociales dos fotografías de Ábalos tomadas sin su consentimiento mientras se encontraba en su casa. Sin embargo, el pasado mes de octubre la Audiencia de Madrid ordenó repetir el juicio y la sentencia por defectos "evidentes" en el procedimiento que habían causado "indefensión" al condenado.
Hace un año, la Audiencia de Madrid también falló en contra de Alvise por hostigar en redes a la periodista Ana Pastor. En aquella ocasión, fue condenado a pagar 10.000 euros por difundir una imagen de ella comiendo acompañada del mensaje: "Cómo se tensa la mafia cuando los observados, perseguidos y desnudos ante la opinión pública son ellos". Era, en aquel momento, la segunda victoria de la informadora en la batalla contra Pérez. La primera había llegado seis meses antes, cuando le impusieron otros 1.000 euros por insinuar sin pruebas que el medio que dirigía cometía irregularidades. Una condena que, sin embargo, anuló el Supremo. "No puede exigirse que, para que estén amparados por la libertad de expresión, las opiniones y juicios de valor sean veraces", dijo el Alto Tribunal.
Otro de los que han decidido llevar a Alvise a los tribunales, de nuevo por la vía civil, ha sido el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. "Archivada la denuncia de Alvise Pérez con la que inventó que una jueza me imputó y fijo fecha para juzgarme. Me acusó de extorsión, coacciones, amenazas, injurias, calumnias, descubrimiento y revelación de secretos. Ahora soy yo quien lo lleva a los tribunales", afirmó la semana pasada en redes sociales el dirigente del colectivo de consumidores, al tiempo que añadió que las acciones se centrarían en una "intromisión ilegítima en el derecho al honor". La causa se seguiría, en este caso, en un juzgado de primera instancia de Sevilla.
El aforamiento de Pérez
Una vez que acceda a la Eurocámara, Pérez pasará a estar aforado y gozará de inmunidad parlamentaria. ¿Quiere esto decir que no se le podrá investigar o que tiene carta blanca para hacer lo que quiera? No. Simplemente significa que cualquier causa contra él la tendría que llevar el Tribunal Supremo y que la misma podría dilatarse por la exigencia de cursar con carácter previo un suplicatorio a la Eurocámara para levantar la su inmunidad. Un procedimiento que en el caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se alargó más de un año. Casi lo mismo que se demoró en su día la petición del Alto Tribunal para poder juzgar a José María Ruiz-Mateos en el caso Rumasa. El Supremo cursó el suplicatorio en enero de 1990. Y el Parlamento Europeo no dio luz verde, con 118 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones, hasta febrero de 1991.
La inmunidad de cualquier eurodiputado se puede, por tanto, levantar. Una vez que la Eurocámara recibe el suplicatorio, el presidente del Parlamento Europeo lo comunica en sesión plenaria y lo envía a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Este órgano puede solicitar, si lo considera oportuno, cualquier información o explicación. Y, por supuesto, el eurodiputado en cuestión tiene la oportunidad de ser oído en dicha comisión y presentar todo lo que estime pertinente. Tras eso, Asuntos Jurídicos adopta una recomendación sobre si aprueba o rechaza la solicitud del levantamiento de la inmunidad y la presenta a todo el Parlamento, que toma una decisión al respecto por mayoría simple.
