Cuando el PP pedía adaptar la protección del honor para adecuarla a las redes sociales (y la izquierda se oponía)

Las medidas de regeneración democrática que prepara el Gobierno incluirán una propuesta de reforma de las leyes que regulan en España el derecho de rectificación y la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La primera tiene 40 años; la segunda acaba de cumplir 42. Se aprobaron cuando Internet era un sueño que conectaba a no más de un millar de ordenadores.

El presidente del Gobierno lo enunció este domingo en una entrevista concedida al diario La Vanguardia, sin entrar en detalles, pero su objetivo declarado es acabar con la impunidad de ciertos pseudomedios financiados con fondos públicos desde administraciones de la derecha y la ultraderecha, con especial protagonismo de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital.

El PP evitó este lunes pronunciarse sobre esta propuesta del presidente, aunque mantiene vivos sus pronunciamientos en contra, en general, del paquete de regeneración democrática con el que Sánchez quiere poner coto a la desinformación. Pero el 19 de octubre de 2016 este partido, con Rafael Hernando como portavoz, presentó en el Congreso una proposición no de ley pidiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que valorase “una posible modificación de la Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen con objeto de adaptarla a la realidad social y al desarrollo tecnológico producido desde su promulgación”.

Seguridad jurídica

Para defenderla, el partido que hoy dirige Alberto Núñez Feijóo argumentaba que, habiendo “transcurrido más de treinta años desde la entrada en vigor” de la norma, “la amplia casuística de los problemas planteados y la alta litigiosidad existente entre los ‘derechos fundamentales de la personalidad’ del artículo 18 CE con otros derechos constitucionalmente protegidos como son la libertad de información y la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, pone de manifiesto que la indefinición, la falta de completitud y flexibilidad de esta norma da cabida a distintas interpretaciones jurisprudenciales sobre un mismo caso, algo que puede poner en peligro el principio de seguridad jurídica”.

A juicio del PP, al menos en 2016, “las normas deben reformarse para solventar los problemas que en la práctica ha generado la aplicación de la ley, así como para adecuarse a los cambios de la realidad social y a los avances tecnológicos alcanzados que están llamadas a regular. Pese a haber sido esta Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, objeto de algunas reformas en su parte dispositiva, reforzar la protección de estos derechos de la personalidad resulta especialmente relevante, ya que nos encontramos inmersos en la denominada sociedad de la información, en la que la creciente presencia de nuevas tecnologías permiten la obtención y la difusión de información de una manera insólita, algo que pone en especial peligro ámbitos reservados de la vida privada que son merecedores y exigen una especial protección, lo que constituye una constante y potencial amenaza para aquellos“.

La “proliferación del uso de las tecnologías de la información y su enorme influencia actual”, aseguraba la iniciativa, “han incrementado las lesiones a los derechos” al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Y ponía como “ejemplo” la “frecuente vulneración del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que se articula con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares”, en referencia al uso generalizado de memes en redes sociales. “Por todo ello, y para otorgar la debida protección a estos derechos fundamentales, deviene necesario configurar de manera más precisa el contenido de los mismos, con el objetivo de reducir el amplio margen que en la aplicación de la Ley se otorga al arbitrio judicial“.

Aquella iniciativa recibió en su día duras críticas por parte de la izquierda, en particular desde las filas de Podemos y de los medios. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) la consideró “innecesaria y una amenaza a la libertad de expresión” y defendió que la ley, tal y como está redactada, es suficientemente amplia como para contemplar las posibles vulneraciones de este derecho que se produzcan a través de cualquier canal, incluidas las redes sociales, tal como los jueces la han venido aplicando hasta el momento. “Internet no requiere leyes especiales: deben existir en la Red los mismos derechos y obligaciones que fuera de ella”, decía su presidenta, Virginia Pérez Alonso.

La necesidad de actualización

A la espera del punto y aparte de Sánchez: las medidas de regeneración todavía pendientes

Ver más

Loreto Corredoira, profesora titular de Derecho de la Información en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, no oculta sus recelos hacia las intenciones del presidente. Pero reconoce que “la ley de rectificación, efectivamente, requiere una actualización desde hace muchos años, sobre todo por el tema de los plazos que exigen a los medios para publicar la rectificación“ y que ahora, “si todo va bien”, son 21 días. Es una demanda del mundo académico y jurídico “desde los años 90”, explica en conversación con infoLibre.

La ley del honor, intimidad y propia imagen, admite, “pues sí, podría mejorarse, pero no parece urgente, y ha habido de hecho mucha jurisprudencia del Supremo y del Constitucional sobre algunos casos” y, en su opinión, “parece difícil que se pueda aceptar una reforma de esta ley para proteger a un grupo concreto de personas (cargos públicos, políticos), cuando en realidad estos tienen ‘menos derechos’ que los ‘ciudadanos normales”. 

En todo caso, Corredoira considera “poco realistas” las reformas planteadas por el presidente y advierte de que, aunque existe un debate académico y jurídico desde hace tiempo sobre el derecho de rectificación y sobre la desinformación, “siempre se ha rechazado ‘exigirla’ por ley”. Sería “tanto como pedir que nadie mienta”.