CGPJ
De la "movilización social" de Aznar al silencio de Ayuso: las presiones a Feijóo para seguir con el bloqueo al CGPJ
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como una de sus prioridades políticas una vez superada la cita electoral del 9J. Tras más de 2.000 días en funciones, el presidente del Gobierno dio la pasada semana un ultimátum al PP para poner fin al "secuestro" del órgano constitucional. Un mensaje al que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, respondió rechazando "el chantaje" del Gobierno, aunque evitó romper los puentes. "Si el PSOE quiere un acuerdo”, señaló el lunes Feijóo desde Bruselas, "todo aquello que vaya para profundizar la independencia del Consejo es el camino correcto".
Este martes el portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró que en su formación están "dispuestos a seguir negociando" en el contexto de la Unión Europea y rebajó los requisitos exigidos hasta ahora de que "los jueces elijan a los jueces"."Esta negociación llegará a buen puerto si sabemos que se avanza también en ensanchar los espacios de independencia del CGPJ", afirmó en rueda de prensa desde Génova. "Si ese acuerdo conlleva fortalecer la independencia, habrá acuerdo", subrayó. Sémper reconoció que el PP está dispuesto a pactar la renovación con el modelo actual siempre que haya "alguna garantía de que se avanza también en paralelo en la independencia".
Sémper presumió, así, de que su formación está mostrando "flexibilidad" y "vocación de institucionalidad" ahora después del "tiempo de impass" en las negociaciones en los últimos meses por la celebración de las elecciones europeas y que ahora "se retoman las negociaciones" de manera "constructiva". "Creemos que España necesita fortalecer la independencia de los jueces, queremos que sean independientes. Si vamos en esta línea, habrá acuerdo", zanjó el portavoz del PP, destacando que Bruselas "conoce ya" su propuesta.
Los intentos para renovar el órgano de gobierno de los jueces durante estos cinco años y medio han sido un fracaso absoluto. Los conservadores siempre han encontrado un motivo para hacer descarrilar las conversaciones –desde la reforma del delito de sedición hasta la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno–. Y ni siquiera la participación en las negociaciones del comisario europeo Didier Reynders como mediador, algo que el propio PP exigió y el PSOE aceptó, ha terminado por desatascar la situación. Hasta la fecha habían mantenido su exigencia de reformar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para desbloquear la renovación como condición indispensable para desbloquear el acuerdo.
Ahora, sin embargo, el propio PP evita poner esta línea roja y Sémper ha abierto la puerta a aceptar que sea el nuevo CGPJ —ya renovado— el que elabore un dictamen sobre la reforma del método de la elección de los vocales. "Si estamos negociando y queremos que llegue a buen puerto, sería muy torpe contarle a qué estamos dispuestos y a qué no", contestó ante las preguntas de los periodistas. "No es que no le quiera responder, es que no debo", continuó. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se puso en contacto ya la semana pasada con el negociador del PP, Esteban González Pons, para retomar las negociaciones.
Presiones por parte de Aznar, Ayuso, Abascal y Alvise contra el acuerdo
El acuerdo estuvo a punto de ser una realidad hace dos años, pero uno de los motivos determinantes de ese no a la reforma vino de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Todo estaba preparado para escenificar el acuerdo. Y, de repente, con la excusa de una promesa de reformar el delito de sedición por parte del Gobierno —que ya había sido desvinculada por la propia Cuca Gamarra— se reventó la negociación. La presidenta madrileña le trasladó en privado a Feijóo que no estaba de acuerdo con el pacto del Poder Judicial. Apenas unos días antes se había pronunciado de esta manera: “A mí lo que me preocupa, sobre todo, es una negociación, con un Gobierno, el de Sánchez, que miente por sistema y que no es de fiar”.
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Ahora, como entonces, la baronesa del PP ya ha dejado claro que no es partidaria del pacto. "Es el momento más inadecuado para que Sánchez meta mano e intente dominar el CGPJ y el Tribunal Supremo", aseguró la pasada semana. Desde entonces ha mantenido un calculado silencio. Sémper, sin embargo, ha negado cualquier discrepancia. "No veo sectores en el PP. Hay gente que opina una cosa y otra, pero la posición es unívoca. Todo el PP, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, cree que tenemos que garantizar la independencia del CGPJ. Somos uniformes y estamos absolutamente unidos, no hay discrepancia en esta materia", señaló.
La presión, sin embargo, también viene por parte del expresidente José María Aznar, que recela de cualquier acuerdo con Sánchez y el lunes reclamó una “movilización” permanente contra “la coalición de ultraizquierda” que gobierna España y que pretende, a juicio del líder de FAES, quebrar "la separación de poderes y la libertad de información". "Todos los días se hace algo para dañar el Estado de Derecho en España", resumió, y pidió, en un mensaje en clave interna, "frenar la ofensiva del Gobierno contra la independencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación".
Además de las voces internas que están en contra de cualquier acuerdo, el PP también lidia con el marcaje de su socio de gobierno en varias autonomías, Vox. Su líder, Santiago Abascal, denunció recientemente que "Feijóo parece decidido a entregar más poder a Sánchez": "No es que no sean oposición, es que ya son cómplices”, afirmó este lunes Abascal. Por lo que respecta a su nuevo competidor en la derecha, Alvise, lleva semanas insistiendo en que PP y PSOE ya han pactado la renovación pero no han hecho público el acuerdo por la campaña de las europeas.