Pontevedra, Madrid y Barcelona son las únicas ciudades con zonas de bajas emisiones efectivas

La situación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) empieza a ser desesperante en España. Hace año y medio que las 151 ciudades de mayor tamaño del país debían tener zonas de bajas emisiones para reducir la contaminación atmosférica, pero solo Pontevedra, Madrid y Barcelona tienen restricciones reales que reducen la suciedad del aire. Las otras 14 urbes que tienen ZBE aprovechan de la laxitud de la ley para ubicarlas en zonas peatonales o a las afueras de la ciudad, o que incluso permanecen inactivas durante la mayor parte del año. Peor todavía se encuentran las más de cien ciudades que directamente ignoran la Ley de Cambio Climático y no tienen ninguna restricción al tráfico. "Quitando Pontevedra, Madrid y Barcelona, no encontramos áreas de bajas emisiones que cumplan su función. La mayoría de las que hay activas son de risa", denunció este miércoles Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, en este momento hay 17 zonas de bajas emisiones activas en España, pero los activistas señalan que la inmensa mayoría solo se han aprobado para cumplir y recibir el dinero de las subvenciones europeas, pero no tienen una utilidad real. Por ejemplo, en Zaragoza, el área con el tráfico contaminante restringido está en el casco histórico peatonal, por donde no pueden circular los coches. En Sevilla se ubica en la Cartuja, donde solo hay oficinas y un parque de atracciones. En A Coruña se permite entrar a la ZBE a cualquier vehículo contaminante siempre que esté a nombre de un residente. Y en Valencia, las restricciones solo se activarán a partir de julio cuando se alcance un pico de contaminación, es decir, cuando ya es demasiado tarde para proteger la salud de los vecinos.

Los portavoces de Ecologistas en Acción reclaman al Gobierno que ponga orden y haga cumplir la Ley de Cambio Climático, que obliga desde el 1 de enero de 2023 a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones, lo que equivale a 151 ciudades. También fuerza a que la pongan en marcha todas las urbes con una población inferior que incumplan la normativa europea de calidad del aire, lo que incluye a otras tantas. Las que sí han implantado ya la ZBE, pero de manera laxa —todas menos tres— están también a punto de incumplir el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones de diciembre de 2022, que daba 18 meses para que las actualizasen con unos requisitos mínimos fijados por el Gobierno, entre los que se incluye multar a quien se salta la norma y fijar objetivos claros de reducción de emisiones de aquí a 2030. Este periodo de adaptación normativa termina el próximo 28 de junio.

Pontevedra es el principal ejemplo de una zona de bajas emisiones efectiva en España, una ciudad peatonal que no limita el tráfico por etiquetas, sino que solo permite el acceso a los vehículos imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad. El resultado es un aire impoluto. "Es la única ciudad de España, además de una en Canarias, que cumple con la directiva de aire que será obligatoria a partir 2030, e incluso respeta algunos de los parámetros más exigentes de la OMS", afirmó Carmen Duce, coordinadora de Ecologistas en Acción. Sobre Madrid y Barcelona, los índices de contaminación son muy altos, pero los activistas reconocen que al menos sus planes están operativos y se multa en caso de incumplimiento. En el caso de la capital, recuerdan que el mérito es de la alcaldesa Manuela Carmena, que impulsó el programa Madrid Central, luego renombrado como Madrid 360 por Luis Martínez-Almeida, tras ser anulado por el Tribunal Supremo por errores de forma en su tramitación. "El principal logro del actual ayuntamiento en materia de aire es no cargarse Madrid Central, como prometió Almeida", añadió Carmen Duce.

Desde Ecologistas pidieron este miércoles que se persiga a las ciudades que no han cumplido con la Ley de Cambio Climático, aunque como ya ha dicho varias veces la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no es posible imponer multas entre administraciones. Los activistas proponen, sin embargo, que se retiren las subvenciones entregadas para instalar las ZBE. No solo a los ayuntamientos que no han hecho absolutamente nada, sino también a quienes han fijado un perímetro absurdo o no multan a los conductores. "Queremos que se haga una evaluación de las medidas tomadas para asegurar que las ciudades realmente reducen sus emisiones. No nos vale con que se hayan gastado el dinero en autobuses eléctricos y señales", apuntó la coordinadora de la organización.

De hecho, recordaron que el Defensor del Pueblo está investigando a 15 ciudades que han recibido subvenciones de fondos europeos para instalar sus ZBE, pero que todavía siguen con el proyecto en tramitación, como Alicante, Bilbao o Palma de Mallorca. O que directamente intentar abortar su construcción, como Badalona, Elche o Majadahonda. En total, esta quincena de urbes ha recibido ayudas por valor de 263,9 millones de euros, con Valencia a la cabeza (54,6 millones), cuyo nuevo Gobierno de PP y Vox lleva meses posponiendo la actualización de su zona de bajas emisiones a las nuevas exigencias del Gobierno.

El enfado de los activistas se justifica con los pésimos datos de calidad del aire que registró España el año pasado. Por primera vez se logró por la mínima que ninguna ciudad incumpliese la directiva de calidad del aire de la Unión Europea, una norma que tiene más de 15 años de antigüedad y que está a punto de ser sustituida por la nueva directiva, mucho más exigente. "Acabamos de cumplir con unos valores que ya están obsoletos porque se pactaron en 1999 y se debían empezar a respetar en 2010. Siguiendo esta línea, la directiva que se acaba de aprobar no la cumpliríamos hasta 2048", cuestionó Juan Bárcena, responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción.

Un total de 120 ciudades están en proceso de tener zona de bajas emisiones y otras 17 ni se lo plantean

Ver más

Según el análisis de 2023 de esta organización, que también se presentó este miércoles, el año pasado toda la población española respiró aire con una contaminación superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si se atiende a los baremos de la nueva directiva de calidad del aire de la Unión Europea —que debe cumplirse antes de 2030—, dos tercios de la población respiró aire nocivo. La diferencia entre estas dos cifras radica en que la OMS tiene unos estándares muy superiores sobre lo que considera una atmósfera limpia. El 6% de los españoles, 2,9 millones, incluso respiraron el año pasado niveles por encima de la directiva antigua. Hay que matizar que la nueva directiva europea de calidad del aire todavía no ha entrado en vigor a falta de su ratificación en el Consejo Europeo. Después tendrá que ser traspuesta por el Gobierno español a la legislación nacional, y a partir del 1 de enero de 2030 se multará a los Estados que no la cumplan.

La buena noticia es que, dentro de lo malo, en 2023 se mejoraron los índices de concentración de contaminantes respecto a 2022 y años anteriores. De los cuatro tipos de partículas que se monitorizan, todos cayeron entre un 7% y un 31% respecto a la media de concentración de 2012 a 2019, con una bajada especialmente buena del ozono y del dióxido de nitrógeno. En todo caso, queda mucho camino por recorrer, según los expertos, porque gran parte del país tiene que adaptarse rápidamente para cumplir antes de 2030 con la directiva que está a punto de entrar en vigor. Por ejemplo, en dióxido de nitrógeno, el año pasado nada menos que 25 grandes ciudades españolas superaron los futuros umbrales máximos de 20 microgramos de NO2 por metro cúbico de aire. En ozono troposférico, el futuro límite se sobrepasó en 18 zonas de España, especialmente en Comunidad de Madrid y el interior de Cataluña.

Las ZBE no son la única herramienta para limpiar el aire de las ciudades. Las comunidades autónomas están obligadas a redactar planes de calidad del aire, así como documentos específicos para reducir la concentración de ozono, un contaminante olvidado hasta ahora por las administraciones. Ecologistas ya ha llevado a varias comunidades autónomas ante los tribunales para que pongan en marcha planes contra el ozono, y el TSJ de Castilla y León, Navarra, Cataluña y Valencia han dado la razón a los activistas, que recientemente han denunciado además a Madrid y Murcia.