La Mesa del Congreso busca el modo de cerrar la puerta de la sala de prensa a activistas y agitadores

La Mesa del Congreso ha dicho basta. A pesar de que se trata de un asunto que acumula años de controversia e inhibición, y de las protestas de la mayoría de los periodistas acreditados en el Congreso y de la práctica totalidad de los jefes de comunicación de todos los partidos y de los grupos parlamentarios, el máximo órgano de gobierno de la Cámara siempre se había mantenido al margen de lo que sucedía en la sala de prensa.

La excusa para no meterse en ese asunto era, hasta ahora, que la concesión de acreditaciones no era una de sus responsabilidades porque siempre ha estado en manos de la dirección de comunicación del Congreso. Pero la rebelión de la mayoría de los periodistas, organizados a través de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), así como la acumulación de evidencias contra Vito Quiles, el activista ultra al servicio de la ultraderecha en general y de la candidatura Se Acabó la Fiesta en particular, le ha dado la excusa perfecta a la Mesa presidida por la socialista Francina Armengol.

La Mesa va a organizar un grupo de trabajo, con participación de organizaciones profesionales, con el objetivo de redactar por primera vez criterios estables y transparentes para aceptar o denegar la solicitud de acreditaciones en la Cámara. Todo indica que entre los requisitos que se exigirán estará no participar de manera activa en política, ocupar cargos públicos o desempeñar actividades de comunicación al servicio de partidos políticos, suficientes para retirar la credencial a Quiles.

La redacción de esas normas, sin embargo, no será sencilla. La Mesa no quiere aprobar nada que suene ni remotamente a que trata de silenciar ninguna línea editorial, lo que hace suponer que planea un reglamento de mínimos.

Indefinición

Una de las complicaciones radica en que en España no existe una definición legal de periodista ni de medio de comunicación, y eso, en teoría, permite a cualquiera que se identifique a sí mismo como profesional de la comunicación o empleado de un autoproclamado medio solicitar una acreditación para acceder a la sala de prensa del Congreso.

El Gobierno envió en 2023 al Congreso un proyecto de ley sobre el secreto profesional de los periodistas que resolvía esa cuestión al establecer, por primera vez, qué es un periodista y qué es un medio de comunicación. Al primero lo definía como “el profesional que se dedica a comunicar información veraz a la ciudadanía por cualquier medio de comunicación, cuya principal misión sea hacer realidad el derecho a la información que tiene la sociedad”. Y describía al segundo como cualquier “canal (prensa, radio, televisión, digital) que difunde informaciones verdaderas y están sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria (pública o privada) comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo”.

Era una definición trascendental, porque vinculaba la condición de medio a la difusión de información verdadera y al cumplimiento de los códigos deontológicos, pero aquel proyecto de ley decayó con la legislatura y el Gobierno no lo ha vuelto a remitir a la Cámara.

Definir lo que es un medio de comunicación es complicado, como demuestra la fórmula elegida por la Unión Europea en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios. En él se dice que por “servicio de medios de comunicación” hay que entender uno “cuya finalidad principal, o la de una parte disociable del mismo, consista en ofrecer programas o publicaciones de prensa al público en general por cualquier medio, a fin de informar, entretener o educar, bajo la responsabilidad editorial de un prestador de servicios de medios de comunicación”.

No falta tampoco quien, como una sentencia de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sostiene una definición que considera periodista prácticamente a cualquiera que diga que lo es. Este fallo afirma que “el periodismo no se limita a las empresas de medios de comunicación, sino que se aplica a toda persona que ejerza dicha actividad”. Y añade que “el hecho de que las actividades periodísticas de que se trata tengan ánimo de lucro no es un elemento determinante”. “Las acciones se pueden calificar de ‘actividades periodísticas’ si su finalidad es divulgar información, opiniones o ideas”.

La incógnita del Senado

La decisión de la Mesa del Congreso de buscar una solución no necesita del concurso del PP, porque en este órgano tienen mayoría el PSOE y Sumar. Pero en el Senado, la situación es distinta. En la Cámara Alta son los conservadores los que controlan la mesa, así que dependerá del partido de Alberto Núñez Feijóo establecer normas para acreditarse como periodista o dejar que se mantenga la indefinición actual. El máximo órgano de gobierno del Senado no aclaró este miércoles a infoLibre cuáles son sus intenciones.

El ambiente en la sala de prensa del Congreso se ha enrarecido en los últimos años con la llegada de supuestos periodistas al servicio de medios de la ultraderecha especializados en propagar bulos que utilizan las instalaciones de la Cámara para provocar a los portavoces de la izquierda y utilizar después esas imágenes para sus campañas políticas en redes sociales, muchas veces al servicio de la desinformación.

La situación es tan compleja que el pasado febrero la Red de Colegios Profesionales de Periodistas y los responsables de comunicación de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en el Senado y de distintos partidos políticos se reunieron para reflexionar acerca de la acreditación de periodistas y medios para el acceso a ruedas de prensa en las instituciones públicas.

La clave sigue siendo no tanto la definición de quién es periodista y qué es un medio, como el establecimiento de algunas reglas de comportamiento y el sometimiento a los códigos deontológicos.

Por esa razón, las dos partes coincidieron en aquella reunión en la necesidad de redactar un código de buenas prácticas que rija para los periodistas acreditados que acudan a cubrir informaciones en las instituciones, así como para los representantes públicos que informen a dichos periodistas. El sometimiento a este código sería una condición para obtener una acreditación con la que acceder a las instituciones públicas. Incumplirlo, supondría, asimismo, perder la credencial.

Necesidad de regulación

Los representantes de los colegios de periodistas se comprometieron a trasladar una propuesta concreta a los responsables de comunicación de los grupos, que desde hace tiempo reclaman una regulación para poner fin a la utilización de la sala de prensa y de los pasillos de las Cámaras como escenario de la provocación.

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Precisamente este jueves la Red de Colegios remitió a los responsables de prensa de los partidos y los grupos parlamentarios un mensaje explicando que “continúa trabajando en los compromisos adquiridos” pero que, a la vista de “la situación actual”, pretenden “plantear al Congreso de los Diputados, al Senado y a distintos estamentos públicos, la necesidad urgente de ordenación de la profesión, de una autorregulación que debe ser impulsada, dirimida y desarrollada por periodistas, y dentro de la cual, deberá incluirse el trabajo específico que estamos realizando a raíz de la reunión de febrero”.

De ahí que hayan renovado su demanda para la aprobación de la ley de creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, “un órgano de autorregulación del periodismo que facilitaría la puesta en marcha de medidas que son cruciales para el correcto desarrollo de la profesión, como las tratadas en febrero, pero también otras, como el control y regulación del reparto de la publicidad institucional, con transparencia y criterios técnicos, o la puesta en marcha de un estatuto específico para la profesión periodística, así como lo concerniente al tema de los derechos de autor”.

No obstante, la Red ratifica su compromiso de proponer “un código de buenas prácticas” que, por otra parte, ya ha comenzado “a perfilar” con el objetivo de que “rija tanto para los periodistas acreditados en el Congreso y en el Senado que acudan a cubrir informaciones en las instituciones, como para los representantes públicos que informen a dichos periodistas, así como en la elaboración de un listado de requisitos mínimos para otorgar credenciales de prensa en estos organismos”.