Nuevo frente para Ayuso: otra asociación pide a la fiscal de Madrid investigar las muertes en residencias
"No entendemos que usted actúe como escudo de la presidenta Ayuso". Es la crítica que los representantes de la nueva asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM) —nacida hace apenas un mes— entregaron por escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a la que acusan de no haber investigado lo ocurrido para que 7.291 mayores murieran en los geriátricos sin ser trasladados a los hospitales durante los peores meses de la pandemia. A su juicio, Lastra ha actuado "al margen de lo que indica la Fiscalía General del Estado". Y le instan a que deje de hacerlo. Y a que llame a declarar a los familiares de las víctimas. "Por dignidad, justicia y reparación", clamaron.
Eran poco menos de las 11.00 horas de la mañana de este martes cuando empezaron a llegar los manifestantes a las puertas de la sede de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. Frente a ella, y encadenados, desplegaron varios carteles con un número que encabeza todas sus protestas: 7.291. Y una petición: "Nos tienen encadenados al sufrimiento, ayúdanos a romper sus cadenas". De sus bocas iban saliendo varias consignas: "Por una investigación completa"; "nos dejaremos la piel para que se sepa la verdad"; "no, no se iban a morir igual".
Pero no sólo pretendían llevar a cabo una acción de protesta y de visibilización de sus demandas. Su objetivo también era que la fiscal Lastra diese un giro de 180 grados a la posición que ha mantenido todos estos años. Y para eso registraron un escrito en la que le acusan de que esa posición nada tiene que ver con la "misión de representante de un Ministerio Público plenamente comprometido con la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía". "Estamos asistiendo en estos tiempos a decisiones de fiscales basadas más en el mantenimiento de unas determinadas decisiones políticas que en la misión de promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de la ciudadanía y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados", aseguraron.
"No entendemos que usted no haya investigado la gran mayoría de los hechos ni de las pruebas que han ido apareciendo. No entendemos que usted no haya llamado a declarar a los responsables de la Policía Municipal o incluso al alcalde de Madrid con motivo de la aparición de las más de mil actas [...]. No entendemos que usted no haya llamado a declarar a los responsables de la Unidad Militar de Emergencias [...]", añadieron en su misiva.
La acompañaron del respaldo que la Fiscalía General del Estado les envió el pasado 17 de abril y en el que insistía en lo que ya había manifestado otras veces: "Siempre ha existido un especial interés en atender y dar una adecuada respuesta a las necesidades que afectan a personas en situación de vulnerabilidad así como la protección de sus derechos fundamentales".
Se lo dijo pocos días después de que la presidenta de DJRM, Mercedes Huerta, enviase una carta al organismo en la que exponía las conclusiones obtenidas por la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias. Y en la que lamentaba, igual que este martes, que es "incomprensible" lo que sucede "en la judicatura española". "Tanto fiscalías territoriales como diferentes juzgados archivan la mayoría de las diligencias sin tan siquiera investigarlas", expresó.
Este martes, frente a la Fiscalía, cifró en alrededor de 200 los procesos que todavía siguen abiertos. Oficialmente, los últimos —y únicos— datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado hablaban de 106 las causas abiertas por las muertes en residencias. Pero de eso se informó en febrero de 2023 y desde entonces no ha habido nuevas informaciones al respecto. Y eso a pesar de que el Ministerio Público se comprometió entonces a actualizar trimestralmente esos números, además de a insistir en los dos oficios que enviaron a los fiscales superiores de la comunidades autónomas para que rindieran cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para que escucharan a las familias.
No ha habido nuevas reuniones. Ni nuevos oficios. Pero la Fiscalía General del Estado sí aseguró a Huertas que su carta fue trasladada a la fiscal superior de Madrid.
"Nos preocupa muchísimo que la fiscal se muestre insumisa"
Sin embargo, poco confían en ella. Así lo expresó en la concentración de este martes Damián Caballero, secretario de la organización, que señaló les "preocupa muchísimo" que la la fiscal de Madrid haya dicho "que no va a hacer más investigaciones". Fue el pasado mes de mayo y en respuesta a otras dos organizaciones de víctimas: Marea de Residencias y Verdad y Justicia. "No procede iniciar una investigación ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial e incluso algunos han sido archivados por la Audiencia Provincial de Madrid, en vía de recurso, y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", les dijo, después de que las organizaciones le presentaran el informe de la Comisión Ciudadana. "No entendemos que después de todo lo que ha pasado la fiscal superior se muestre insumisa", criticó Caballero este martes.
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Por eso no quieren agotar sus opciones. Y anunciaron que, de no ver atendidas sus demandas, acudirán a instancias europeas. Será algo que tendrán que valorar en una conferencia estatal que pretenden organizar en septiembre con otras organizaciones de familiares. "Ahí tomaremos la decisión y veremos de qué manera lo hacemos", señaló Caballero.
En paralelo, reclaman que la política también investigue lo sucedido. Y reclaman para ello que la Asamblea de Madrid reabra la comisión de investigación que se cerró tras tan sólo ocho sesiones después del adelanto electoral. Es lo que han intentado PSOE y Más Madrid en multitud de ocasiones. "Pero PP y Vox se niegan", lamentó Huertas.
La organización que dirige lleva apenas un mes de andadura. La formaron el pasado 27 de mayo familiares de fallecidos y activistas en defensa de la sanidad pública con el objetivo de "esclarecer" lo ocurrido en los geriátricos de toda España. Según señalaron, su propósito es "emitir una radiografía real de la organización, medios técnicos y humanos, protocolos con los que contaban las residencias, así como la gestión realizada, exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma".
