Europa señala a Francia por el poco control y la opacidad en el fraude del agua embotellada de Nestlé
“El sistema de control oficial vigente en Francia no está concebido para detectar ni para limitar el fraude en el sector de las aguas minerales naturales y de manantial. Tampoco se aplica correctamente, lo que hace posible la comercialización de productos no conformes y potencialmente fraudulentos”.
El 24 de julio, la Comisión Europea publicó un informe irrefutable para las autoridades francesas, tras una auditoría sobre el tratamiento ilegal de las aguas minerales naturales comercializadas por varios fabricantes, entre ellos Nestlé (Contrex, Hépar, Perrier, Vittel).
Esta auditoría, realizada en marzo por la dirección general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, tenía por objeto comprobar el funcionamiento de los controles efectuados por Francia a las embotelladoras de aguas minerales naturales y manantiales, así como las medidas adoptadas cuando las autoridades tuvieron conocimiento del fraude.
“La Comisión ha respondido favorablemente a nuestra petición de transparencia”, declaró a Mediapart Ingrid Kragl, Directora de Información de la ONG de protección de los consumidores Foodwatch, que en febrero pidió a la Comisión Europea que aclarara el escándalo del agua embotellada destapado por varios medios de comunicación.
“Sabemos que el Gobierno francés estaba al corriente del fraude, pero nunca advirtió a los consumidores ni tomó ninguna medida para detener la explotación de las fuentes ni la venta de estas botellas”, prosigue, señalando que la ONG también ha presentado una denuncia contra Nestlé y Alma (que comercializa el agua de la marca Cristaline).
“Se está cuestionando la responsabilidad de las empresas y de las autoridades. Han optado por la opacidad ante los consumidores, las autoridades europeas y otros Estados miembros donde también se comercializan esas aguas”. Este nuevo informe se suma a las investigaciones preliminares abiertas por la fiscalía de Épinal (Vosgos) contra el grupo Nestlé por el tratamiento fraudulento de sus aguas minerales durante más de quince años y por explotación ilegal de pozos durante más de veinticinco años.
La auditoría europea que acaba de publicarse pone de manifiesto las deficiencias de los controles del agua efectuados por las autoridades francesas, que permiten el fraude. Cerca del 30% de las marcas francesas, entre ellas Nestlé (Contrex, Hepar, Perrier, Vittel) y Alma (Cristaline), utilizan técnicas prohibidas para purificar el agua clasificada como “mineral natural”, tratamientos utilizados en particular para evitar la contaminación bacteriana o química.
Los procedimientos utilizados por estas empresas, como el uso de rayos UV, filtros de carbón activo o microfiltros (inferiores a 0,8 µm), sólo están autorizados para el agua del grifo o el “agua potable tratada”. Están estrictamente prohibidos para las “aguas minerales naturales” y las “aguas de manantial”, que no deben someterse a ninguna operación que altere su composición.
Un sistema de control deficiente
Además de la falta de personal, el informe de la auditoría europea señala la “insuficiente experiencia” de los ingenieros y técnicos de las agencias regionales de salud (ARS), responsables de los controles sanitarios de las aguas envasadas. Constatación confirmada por las autoridades francesas, que indicaron a los auditores que el personal “no recibe formación específica en aguas envasadas”.
La función de las ARS consiste en inspeccionar las instalaciones y controlar los análisis de calidad del agua. Sus inspecciones plantean muchas dudas sobre su fiabilidad. La dirección general de Sanidad (DGS), que elabora un informe anual sobre el control de la calidad del agua (basado en datos de las ARS), afirma que las muestras de calidad del agua se toman en puntos definidos por las autoridades, que no varían.
Además, las inspecciones se basan principalmente en automuestreos realizados por el fabricante. Dependiendo del lugar, las inspecciones de las ARS se realizan cada 2 o 3 años, o incluso cada 3 o 5 años. Y, como señalan los auditores, estas “visitas se suelen anunciar al industrial con antelación”.
Durante sus visitas, los inspectores de la ARS “se basan principalmente en la información facilitada por los fabricantes” y apenas realizan comprobaciones en profundidad. Algunos procesos ilegales estaban ocultos, sobre todo en armarios, “lugares inaccesibles e incontrolables. Esto limita la fiabilidad de los controles oficiales”. Además, “algunas máquinas de procesamiento no estaban ocultas, pero estaban situadas en zonas fácilmente accesibles de la planta. Estas prácticas podrían haberse detectado”.
Las técnicas de desinfección, como los microfiltros (por debajo de 0,8 micrómetros) y los rayos ultravioleta, “se aplicaban para garantizar la seguridad microbiológica de varias tomas de los manantiales explotados”. Es decir, para evitar la contaminación del agua. Sin embargo, cuando se revelaron estos tratamientos, la Comisión Europea lamenta que las autoridades francesas, que sabían que se estaban aplicando desde hacía al menos 6 meses, hayan permitido que continuaran después de la inspección.
“Algunos tratamientos no se interrumpieron inmediatamente y las autoridades competentes aceptaron un periodo de desactivación de dos meses. Durante este periodo, el agua tratada siguió comercializándose y etiquetándose como agua mineral natural, a pesar de que no cumplía los requisitos de la legislación europea para ser calificada como tal.” Pero seguía vendiéndose a un precio casi 100 veces superior al del agua del grifo, de la que era equivalente.
A la Comisión le sorprende que las autoridades sanitarias no comprobaran la calidad del agua antes de desinfectarla, permitiendo así que persistiera el riesgo de contaminación. Además, cuando Nestlé se vio obligada a interrumpir la mayoría de los tratamientos, suspendió las operaciones en una de las captaciones de agua, propensa a contaminaciones frecuentes.
Pero esa gran complacencia del gobierno francés con los defraudadores no se detiene ahí. A partir de febrero de 2023, los fabricantes han sido autorizados por decretos gubernativos a utilizar microfiltros, que antes estaban prohibidos. Durante su comparecencia ante la Comisión Europea, Francia justificó esta decisión alegando que las exigencias de la directiva europea “no eran suficientemente claras”.
Los fabricantes no cumplieron ninguna obligación, al no advertir a las autoridades de los riesgos sanitarios de la contaminación del agua ni informar a los consumidores, pero el prefecto y la ARS tampoco. Según la Comisión Europea, las autoridades competentes “podrían haber ordenado la retirada de los productos o interrumpido las operaciones de transformación”.
Ninguna medida gubernamental contra la venta de agua fraudulenta
“No pidieron a los operadores que retiraran, recuperaran o reetiquetaran los productos no conformes. No se ha facilitado información al respecto a los consumidores ni a las autoridades de otros Estados miembros”.
A esto, las autoridades francesas responden que la retirada de productos del mercado se aplica “de manera proporcionada y esencialmente en caso de riesgo para la salud”, riesgo que consideran eliminado, ya que “los tratamientos, aunque prohibidos, aplicados por el productor tenían efectivamente por objeto producir un agua sin riesgo para la salud”. Pero de ahí a clasificarla como “mineral natural”…
Además, hasta la fecha, los organismos sanitarios no tienen conocimiento del estado de los manantiales tratados ni de la naturaleza de su contaminación. Así pues, las autoridades permitieron durante varios meses la venta de agua embotellada, a sabiendas de que su calidad era idéntica a la del agua del grifo, a un precio 100 veces superior, con etiquetado engañoso.
La auditoría concluye que “a pesar del gran número de análisis oficiales realizados, las autoridades competentes no han podido identificar las fuentes contaminadas, las razones para recurrir a tratamientos ilegales, ni la duración de estos tratamientos”.
Esto plantea dudas sobre la fiabilidad del propio sistema de inspección, y los auditores señalan “graves deficiencias”. Las inspecciones in situ “no se basan en los riesgos y no se llevan a cabo con regularidad. Cuando se hacen, suelen limitarse a conversaciones periódicas con los productores, en lugar de controles específicos del estado real de las instalaciones y las operaciones”.
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En cuanto a la respuesta de las autoridades ante el fraude, la Comisión denuncia de nuevo las deficiencias e incluso la falta de transparencia. Aunque se han iniciado investigaciones, “las autoridades competentes no tomaron ninguna otra medida (información al consumidor o la retirada del producto etiquetado incorrectamente)”. Los productos fraudulentos no se retiraron inmediatamente del mercado y no se han impuesto multas ni sanciones.
La Comisión ha enviado a las autoridades francesas una lista de recomendaciones encaminadas, en particular, a revisar y reforzar el modo en que se controlan las aguas minerales y a reforzar la cooperación entre los departamentos encargados de esas cuestiones. En respuesta, Francia ha asegurado a la Comisión que está trabajando en ello, y que en enero de 2024 se creará una “policía única responsable de la seguridad alimentaria”, bajo la supervisión del ministerio de Agricultura, un ministerio que escucha a menudo al lobby agroalimentario.
Traducción de Miguel López
