Técnicos de Hacienda y expertos en datos explican a Alvise el lío en el que se mete sorteando su sueldo

De manera "transparente”. Así asegura Luis Pérez, el eurodiputado conocido como Alvise y líder de la agrupación de electores Se acabó la fiesta (SALF), que llevará a cabo el “sorteo” de su sueldo que prometió en campaña y del que nada se sabía desde el pasado junio, lo que había comenzado a provocar críticas entre sus seguidores. Ha lanzado una página web, en la que se autodefine como “un analista de inteligencia destacado por su valentía y compromiso con la justicia y la transparencia”, y en la que fija que, para poder probar suerte y hacerse con los algo más de 8.088 euros que constituyen su salario público neto, hay que suscribirse al canal "Alvise Pérez" en Telegram y rellenar un formulario, que es cambiante. Si cuando anunció el sitio de internet hace apenas dos días se requería obligatoriamente facilitar el nombre, los apellidos, el DNI/NIE, el email, el teléfono y el usuario de Instagram; este martes 13 de agosto, ya no es indispensable aportar ese último dato, aunque sí se pide, junto a los usuarios de TikTok y de X, antes Twitter.

Pérez, implicado en un puñado de procesos judiciales por presuntamente difundir bulos o noticias falsas, si bien presume de no tener ninguna condena firme, asevera que está requiriendo los datos que abogados expertos en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y lo que denomina “delegado oficial de Protección de Datos” le han indicado como necesarios para poder cumplir la legislación española y que todo se trata de una “donación”. Pero distintas fuentes apuntan que, “entonces, tal vez no esté bien asesorado”. 

Para arrancar, los técnicos de Hacienda no creen que se trata de una donación, como se afirma en la web de Alvise, en la que se advierte incluso de que este no se hace responsable de las obligaciones fiscales del supuesto donatario y de que el impuesto que habría que abonar por ese concepto es distinto por comunidades. El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, lo explica: “El sorteo que está haciendo Alvise Pérez tiene las notas características de una combinación aleatoria con fin promocional, no parece que se trate de una donación”. Idea que confirman desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que transmiten a infoLibre que, aunque no cuentan de momento con “más información de lo publicado en prensa”, consideran que esa actividad “corresponde a lo que se conoce como combinación aleatoria con fines publicitarios” y, por tanto, “queda fuera de la normativa y de la autorización necesaria" para llevar a cabo "una rifa”. “Para realizarla”, matizan las fuentes del ministerio, “no es precisa la gestión de licencia o autorización alguna, ni la comunicación previa. Está sometido únicamente al pago del Impuesto sobre Actividades de Juego”. 

Es decir, ¿el eurodiputado promotor tendrá que abonar dinero a Hacienda por el presunto sorteo? Mollinedo lo confirma y aclara que tendrán que hacerlo las dos partes: él y los ganadores de los más de 8.000 euros cada mes. “Tanto Alvise como la persona que gane el premio tendrían que pagar impuestos. El primero ha de declarar en el IRPF su sueldo íntegro –el bruto es de 10.377 euros–, aunque lo sortee y no se lo quede, y descontará las retenciones que le hayan hecho. Y, junto a ello, por el sorteo, habrá de pagar el impuesto de juego que fija la Ley de 2011, el 10% de cada premio”, expone. Por lo que respecta a la persona que resulte agraciada, el secretario general y portavoz de Gestha señala que “deberá abonar en el IRPF el importe de los alrededor de los 8.000 euros que reciba como una ganancia patrimonial que se integra en la base liquidable general”. “El importe del premio–añade– se suma con su sueldo y otras rentas y tributa con arreglo a la escala de gravamen progresiva del IRPF. Esto es, el premio se integra en la declaración de renta junto con el resto de rendimientos ordinarios de esa persona, que podrá descontar una retención del 19%, que Alvise tendrá que ingresar porque es el retenedor”. “Como no parece ser una donación, el impuesto correcto del premiado es el IRPF”, remata.

Un reguero de dudas

Fuentes del ámbito jurídico avisan de que, pese a que “la gente está dando sus datos sensibles libremente” y el europarlamentario “no está cobrando por participar en el supuesto sorteo”, sólo debería demandar la información “estrictamente necesaria para poder contactar” con el agraciado y poder hacerle entrega del dinero y sólo “podrá usarla para eso y para nada más”, a la luz de lo marcado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPF). En ese sentido, platean que Pérez solicita “más información de la aparentemente necesaria para lo que dice que va a hacer” y mantienen que habrá que estar atentos a si, “en el futuro utiliza o monetiza los emails o los móviles”, por ejemplo, porque, de hacerlo, “podría incumplir lo establecido en el artículo cinco" del mencionado Reglamento "respecto a la limitación de finalidad". 

Habrá que seguirle la pista a eso y a “los cambios que vaya habiendo en la web”, añaden, ya que tanto las fuentes de la esfera jurídica como las de Gestha hacen notar que, según lo reflejado en ella, “pueden modificarse condiciones con carácter retroactivo”, lo que “genera una cierta inseguridad jurídica que debería hacer pensar a quien ha consentido dar unos datos con arreglo a unos términos y condiciones que pueden alterarse de forma retroactiva”.

Con todo, auguran que el número de inscritos, que se encamina a los 167.000 al cierre de esta edición, seguirá subiendo durante los próximos días. “Si hubo colas para que te escanearan el iris por 70 euros, cómo no va a haber voluntarios para que te den 8.000 un mes, sin necesidad de comprar ningún cupón ni nada por el estilo”, deslizan. Se refieren a la iniciativa puesta en marcha por la empresa OpenAI que logró que miles de personas vendieran esa parte del ojo. Con todo, las fuentes sondeadas recuerdan que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó con 30.000 euros a un establecimiento hotelero por escanear el DNI de sus usuarios y usar las fotografías de los clientes para el control de acceso y la facturación de consumos durante su estancia allí. La entidad no recogía ningún detalle sobre la captura y destino de la imagen en la información que facilitaba sobre protección de datos personales y la AEPD lo estimó “desproporcionado”.

Potenciales riesgos

De vuelta a la web de Alvise, los expertos preguntados apuestan por que, “si se le pone algún límite, tal vez sea igualmente por la vía de la AEPD, que se ha mostrado restrictiva con el acopio de datos de carácter personal”, lo que no impedirá que “haya habido miles de personas bombardeadas con los mensajes ideológicos” que arroja el líder del SALF a sus fieles. Ni tampoco “la utilización que quiera hacer de la información que se le ha otorgado libremente y que, según las condiciones que aceptan, puede ser publicada y quedar a disposición de terceros”, previenen. Ello, al margen de que "no quieran pensar en la posibilidad de que el sueldo acabe en manos de gente del entorno del promotor de todo esto, como bien podría suceder".

Desde instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han alertado de que no sólo las empresas están en riesgo en la red, los particulares, al publicar o facilitar información personal a través de servicios online ponen en peligro su “privacidad” y se incrementan las opciones de “ser víctimas de algún tipo de fraude o de sufrir las consecuencias negativas de esa exposición" en el ciberespacio, "ya sea por daños reputacionales" o de otra índole. A veces se encadenan malas rachas impredecibles y otras se juega con la fortuna motu proprio.