Feijóo fracasa en su intento de exhibir unidad en el PP con la financiación tras las grietas de Mazón y Moreno

La unidad de acción del PP en materia de financiación autonómica ha durado apenas unos días. El pasado viernes el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, reunió a sus dirigentes autonómicos para escenificar una suerte de "cumbre" que acabó con un mensaje: la prohibición de que alcanzar pactos bilaterales sobre el modelo de financiación con La Moncloa y el compromiso de "tratar estos asuntos únicamente en los foros multilaterales diseñados para ello". Una declaración que se saldó en un acto sin preguntas de la prensa, para evitar exhibir las discrepancias entre las propias filas del PP que ahora han aflorado, y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteara una ronda de contactos a nivel individual con los distintos presidentes autonómicos.

Sin embargo el mismo viernes ya afloraron las contradicciones dentro del PP en el momento en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, realizó un llamamiento a rechazar la invitación institucional de Sánchez, mientras que el resto de dirigentes mostraron su disposición a acudir a la cita. Ahora, dos de los barones con las comunidades más infrafinanciadas por los criterios del reparto, el valenciano Carlos Mazón y el andaluz Juanma Moreno, se han mostrado partidarios de reunirse y debatir con Sánchez sobre financiación e incluso sobre la quita de la deuda en el caso del presidente de la Comunitat Valenciana.

Mazón aseguró el martes en un desayuno informativo que él tiene "claro" que su deber es asistir a la cita y que está "deseando" esa llamada para acudir a Moncloa a reivindicar "medidas excepcionales y monográficas" para la autonomía que preside. "Pedimos medidas singulares, medidas excepcionales, para estar con los demás. Llámale singularidad, llámale medidas especiales, compensación, nivelarnos a los demás", explicó. El presidente de la Generalitat reivindicó una reforma "completa y entera" del modelo de financiación y, hasta que eso suceda, aseguró que su prioridad es conseguir recursos extra a través de un fondo de nivelación que elevó a 1.700 millones de euros. "Ahí estaría el mínimo", afirmó.

En ese mismo foro el presidente valenciano reconoció que "algún presidente autonómico" de su partido "no lo ve" como él, en alusión a Ayuso. "Pero yo lo tengo claro", aseguró. "Si te llama el que te debe 3.000 millones de dependencia, tú vas y se lo recuerdas. Si además te debe 25 recortes del trasvase, el caudal ecológico de l'Albufera o ayudas a la cerámica, pues vas y se lo echas en cara. Estoy deseando ir y claro que hablaré de las medidas excepcionales y monográficas que necesitamos", reafirmó. Este miércoles, tras la polvareda que han levantado esas declaraciones, Mazón aseguró que en el PP "no hay ni una sola grieta respecto al diagnóstico de la situación de la financiación autonómica" pero volvió a insistir en que reivindicará lo que necesitan los valencianos "en cualquier lugar".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, apeló a la "vía andaluza" que se traduce, según el dirigente conservador, en una apuesta por el diálogo "con todo el mundo". "Por supuesto que me reuniré con mi presidente si me llama", aseguró en referencia a Sánchez. "Hablaré con Pedro Sánchez, con criterio y rigor, sobre el problema que tenemos a las comunidades con la financiación y en particular en Andalucía", señaló en declaraciones a Onda Cero. "Aunque sea a discutir, pero tengo la obligación de sentarme con él para decirle exactamente cuál es la posición que tiene Andalucía para debatirla, argumentarla y, en definitiva, dialogar", completó, insistiendo en el mensaje de que acudirá a la reunión con el socialista.

Las discrepancias del PP respecto a la financiación: deuda, criterios de reparto y ordinalidad

Lo cierto es que, pese a la unidad que trata de exhibir Génova, los dirigentes autonómicos de la formación discrepan en varias cuestiones sobre la financiación autonómica. En particular, en torno a la quita de la deuda —las menos endeudadas se niegan con vehemencia a aceptarla, pero las que más deben saben que acogerse a la oferta de Hacienda puede facilitarles mucho la vida en los próximos años— y en general acerca del peso que deben tener los criterios de reparto en función de la población real o de factores de corrección como el envejecimiento demográfico, la dispersión o la despoblación, entre otros. Algunas, como Andalucía, adquieren hacer valer sus problemas de déficit hídrico. Otras, como Aragón, la orografía exigente de una parte de su territorio.

Génova lleva tiempo tratando de acercar posturas en torno a una propuesta que reconozca singularidades sin perjudicar la solidaridad, compatible con diferentes criterios de reparto y que incluya un fondo transitorio mientras se negocia el nuevo modelo, tal y como reclaman con insistencia Andalucía y la Comunitat Valenciana. Una postura concreta y común no parece probable. El propio Feijóo ha admitido su incapacidad para fijar una posición compartida por el PP en todas las comunidades y lo ha justificado bajo el argumento de que el PP "no es una secta" ni él "un caudillo". No obstante este miércoles, antes de dar comienzo a la sesión de control, negó cualquier discrepancia sobre las negociaciones bilaterales de los presidentes autonómicos del PP: "Este es un partido de Estado y no tiene grietas, lo que tiene son responsabilidades territoriales", justificó.

Desde que Feijóo se hizo con las riendas del partido no se ha movido ni un ápice de su posición sobre la financiación. Su tesis es que debe ser la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en la que se sientan las 15 comunidades del régimen común, la que resuelva con éxito el complicado sudoku que supone renovar las reglas de reparto de un dinero del que dependen servicios tan importantes como la educación, la sanidad o la dependencia. La estrategia del Gobierno sigue siendo que, antes de negociar en la CPFF, que PP y PSOE unifiquen criterios con sus respectivos barones y negocien entre sí cómo debe ser el nuevo modelo. De hacerlo así, el PP debería acordar una posición común y compartida por parte de Madrid, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Galicia, Aragón, Cantabria y La Rioja.

Una tarea compleja para los conservadores, a tenor de que cada autonomía tiene sus propios intereses. El reajuste del modelo enfrenta los intereses de Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana con los de Galicia y Castilla y León, por lo que el PP no quiere entrar en ese debate, más allá de clamar en contra del concierto catalán, porque no tiene una posición común. Lo que no va a hacer el líder conservador, según apuntan fuentes de su entorno, es establecer qué es lo que va a defender cada uno de ellos en materia de financiación autonómica. Y no lo hará porque sabe que las posiciones de unos y de otros territorios son irreconciliables.

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El Gobierno central es consciente de estas discrepancias y va a tratar de que afloren como lleva semanas haciendo la ministra de Hacienda. "Ustedes, en territorios donde gobiernan, defienden la ordinalidad, argumentó la número dos del PSOE recientemente en el Senado. "Pero ahora la critican para impulsar una estrategia que consiste en demonizar todo aquello que tiene relación con Cataluña", prosiguió. "Ustedes defienden la ordinalidad en otras partes del territorio", insistió. "Y cuando usted quiera se lo documento, le digo cuáles son las que quieren y pelean por la ordinalidad", añadió, aludiendo a las alegaciones que las diferentes comunidades han ido trasladando a la propuesta de nuevo modelo que Hacienda planteó en diciembre de 2021.

Aunque el PP alimenta el discurso de que Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que aumentar los privilegios de los independentistas, su razonamiento choca frontalmente con la que defienden dos de las baronesas del partido: Ayuso y Marga Prohens, presidentas, respectivamente, de Illes Balears y Madrid. Sus dos comunidades, junto a Cataluña, son precisamente las únicas que aportan al sistema en términos de recursos más de lo que reciben. Las doce restantes, en diferentes grados, son perceptoras netas de fondos.

Pese a todas estas contradicciones el portavoz del PP, Borja Sémper, garantizó el pasado lunes desde Génova que no habrá "fisuras" de sus comunidades autónomas ni con la financiación autonómica ni con la condonación de la deuda. El vicesecretario del PP insistió en que tienen que negociarse de forma "multilateral". Así, afirmó que los presidentes del PP no se van a dejar "enredar" por el Gobierno central.