Luxemburgo pide al fiscal de Málaga información sobre el desfalco de Cáritas que usó cuentas del BBVA

La justicia de Luxemburgo emitió el pasado martes una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a la Fiscalía de Málaga para pedirle su colaboración en el caso Cáritas, el desfalco de 61 millones de euros que ha dejado en la ruina a la institución benéfica. Según ha podido saber infoLibre de fuentes de la Fiscalía española, no ha sido hasta ese momento cuando Luxemburgo se ha puesto en contacto con España, pese a que la denuncia la presentó Cáritas el pasado 16 de julio.

El desfalco, que ha causado un enorme escándalo en el Gran Ducado por las numerosas subvenciones públicas que recibe Cáritas, se extiende hasta España porque el dinero robado a la institución diocesana se desvió a 14 cuentas del BBVA, de las que desapareció enseguida rumbo a un destino desconocido.

Además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers. Ni el Banco de España, el supervisor financiero español, ni el Sepblac, que depende del Ministerio de Economía e investiga los casos de blanqueo de capitales, han querido confirmar a infoLibre si están indagando en las posibles ramificaciones españolas del desfalco luxemburgués.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria.

Según explica la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2023, recién publicada, el delito predominante en las OEI recibidas por España es el de estafa y, más concretamente, el fraude telemático, el 36%. En la mayoría de los casos “se solicita información bancaria, al haberse transferido las cantidades defraudadas a cuentas abiertas en entidades bancarias” abiertas en España, explican los fiscales. Además, han aumentado las suplantaciones de identidad en “la apertura fraudulenta de las cuentas, especialmente cuentas online, como consecuencia de la falta de adecuada supervisión de la aplicación de la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales por parte de los responsables de las entidades bancarias”.

La investigación abierta por la Fiscalía del Gran Ducado es por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales.

A preguntas del medio Reporter.lu, que como infoLibre pertenece al consorcio de investigación OCCRP, la Fiscalía Europea (EPPO) y la OLAF, la autoridad anticorrupción de la UE, se han negado a revelar si están investigando el caso Cáritas, a pesar de que parte del dinero robado procedía de fondos europeos, por lo que el caso sería de su competencia.

Como se sabe, la Costa del Sol es una de las zonas favoritas de la delincuencia internacional para blanquear el dinero que obtiene de forma ilícita. Todas las grandes organizaciones del crimen organizado están presentes en esa área del sur de España. De ahí que la Fiscalía de Málaga sea la segunda fiscalía provincial con más volumen y la tercera, en términos absolutos, tras la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF) en expedientes de cooperación internacional, según destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Así, Málaga registró el año pasado un total de 1.000 expedientes de cooperación internacional, 137 más que en 2022 un 9,85% más. De esos expedientes, 413 fueron OEI, un 8,03% más que en 2022. La memoria, que considera a la Fiscalía de Málaga como “uno de los puntales y referencias en España en materia de cooperación internacional”, explica que las solicitudes ejecutadas suelen estar relacionadas con “investigaciones de delincuencia organizada compleja”.

Mientras, según informa Reporter.lu, el comité de crisis de Cáritas ha creado una organización sucesora para hacerse cargo de sus actividades Luxemburgo: Hëllef um Terrain [Ayuda sobre el terreno en luxemburgués] (HUT). A partir del 1 de octubre, HUT se encargará de la acogida de refugiados o la ayuda a los sin techo, que el Estado luxemburgués había confiado anteriormente a Cáritas. A los cerca de 350 empleados en estas actividades se les ha ofrecido la oportunidad de incorporarse a HUT.

Además, este lunes, la Archidiócesis de Luxemburgo se pronunció por primera vez sobre el caso. En un comunicado de prensa, el cardenal Jean-Claude Hollerich agradeció los esfuerzos de todos los implicados, que han permitido continuar gran parte de las actividades de la “antigua” Cáritas. La archidiócesis no estará representada en HUT y dice que respetará plenamente su independencia. Al tiempo, una treintena de empleados encargados de coordinar proyectos internacionales perderán su empleo. La misma suerte correrán 70 empleados que eran responsables de los proyectos sobre el terreno, así como cientos de socios y consultores de los países afectados, como Sudán del Sur y Laos. 

'Fraude del CEO'

El caso estalló cuando el director general de Cáritas en Luxemburgo, Marc Crochet, denunció el desfalco y, seis días después, fue detenida la directora financiera de la institución católica, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: contó que había recibido un correo de alguien que se hizo pasar por su superior y que le ordenó hacer unas transferencias urgentes. Autorizó un total de 120 transferencias a lo largo de cinco meses, desde febrero hasta julio, que no sólo dejaron a cero las cuentas de Cáritas –28 millones de euros–, sino que también dejó en manos de los ladrones otros 33 millones de créditos que la institución pidió a dos bancos de Luxemburgo, con la excusa de que eran adelantos sobre las subvenciones que iba a recibir del Gobierno. Algunas de esas transferencias alcanzaron los 500.000 euros.

La directora financiera de Cáritas fue puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio de Bélgica, tras ser interrogada y luego imputada a principios de agosto por el juez de instrucción.

Uno de los supuestos beneficiarios de esas transferencias es una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y otro es Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas.

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

El BBVA tomó “medidas restrictivas”

El BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. 

El BBVA tampoco ha querido desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Según los expertos consultados por este periódico, lo ocurrido en Cáritas Luxemburgo no se ajusta en absoluto al patrón del fraude del CEO, que suele ejecutarse con un par de transferencias a lo sumo en un periodo muy corto de tiempo, y no con más de un centenar a lo largo de cinco meses. De ahí que los medios luxemburgueses sospechen de un golpe desde dentro: alguien en Cáritas estaba compinchado con quien quiera que urdió el fraude, u otra persona suplantó a quien o quienes tenían poderes para ordenar las transferencias. No obstante, o al menos de momento, la Fiscalía del Gran Ducado mantiene la hipótesis del fraude del CEO para explicar el insólito robo en Cáritas Luxemburgo.

 

Catorce cuentas del BBVA recibieron los 61 millones del desfalco que ha hundido a Cáritas en Luxemburgo

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