"Vienen a propagar odio": políticas y activistas cargan contra la red antiabortista que sacude el Senado

Hablan de una cumbre transatlántica "por la libertad y la cultura de la vida". Alrededor del acto que se celebrará dentro de dos meses, orbitan organizaciones y líderes ultras que llevan por bandera la más férrea oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La Red Política de Valores ha escogido Madrid como escenario para esparcir sus proclamas antiabortistas. Concretamente, han conseguido hacerse con un espacio privilegiado: el Senado, tal y como publicó el lunes el diario El País. La celebración del acto obtuvo en julio la luz verde de la Mesa, compuesta por cuatro miembros del PP y tres del PSOE. La izquierda parlamentaria pide vetar la cumbre, los movimientos sociales llaman a la organización en las calles para plantarles cara. Los ultras, mientras tanto, preparan su aterrizaje en la capital.

Según anuncia en su página web la organización presidida por el chileno José Antonio Kast, asistirán al acto representantes de una veintena de países, movidos por un mismo interés común: sembrar discursos contrarios a los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres. No es la primera vez que la asociación se hace con el altavoz de las instituciones públicas: en 2018, organizaron junto a otras cuatro entidades –Federación Europea One of Us, Fundación Valores y Sociedad, Asociación Familia y Dignidad Humana y la Fundación Jérôme Lejeune– un seminario contra la eutanasia en el Congreso de los Diputados. Según indican fuentes de la Cámara Baja, "todos los actos externos deben ser autorizados por la Mesa del Congreso", así que la propuesta pasó el filtro de sus miembros y se celebró finalmente en la sala Ernest Lluch.

"Asesinato a sangre fría"

El pinochetista José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano de Chile, habla sin tapujos de "dictadura gay", se posiciona en defensa de líderes de extrema derecha como Jair Bolsonaro e incluso elogia a genocidas como el peruano Alberto Fujimori. Por supuesto, el líder chileno tilda al aborto de "asesinato a sangre fría", carga contra lo que denomina "feminismo extremo" y se opone al matrimonio igualitario.

El exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja, hoy presidente de la antiabortista Fundación Neos, forma parte también del Consejo Asesor de la Red y participará en la cumbre que se celebrará en el Senado. Hay más nombres españoles en sus filas: el del exsenador conservador Javier Puente, incansable activista contra el derecho al aborto, al que se refiere con términos como "matar al ser más indefenso". Puente habla también de la "ideología de género" como un movimiento que "busca la destrucción de la familia" y ha reconocido en redes sociales comulgar con las políticas de Donald Trump.

En el listado de conferenciantes que aterrizarán en la Cámara Alta el 1 y 2 de diciembre, se encuentra la jurista y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid María Calvo, quien sostiene que las políticas de igualdad han "metido a los hombres en un gineceo". Junto a ella, líderes de Hungría, Uganda, Kenia y Argentina, entre otros países de todo el globo. El primer día de la cumbre se ceñirá a la recepción de todos los participantes y en la segunda jornada se desarrollará el programa –inaugurado con una "santa misa" y con puntos como "un llamado a la acción"– a lo largo de doce largas horas.

Una grieta en la democracia

Todas las fuerzas de izquierdas han pedido la cancelación del acto. Junts ha presentado también un recurso que exige su suspensión. Las formaciones tratan de usar las herramientas formales de las que disponen para tratar de conseguir una rectificación de la Mesa, donde el PP tiene mayoría absoluta. "Vamos a intentarlo por todos los medios. No es de recibo que venga una asociación como esta que plantea cuestiones que están fuera del debate de la sociedad", ha sentenciado Alfonso Gil, portavoz adjunto socialista, después de aclarar que su partido fue "engañado" por los conservadores, después de "colar" la cesión del espacio de "manera colateral".

Carla Antonelli, senadora por Más Madrid, defiende que la presentación del recurso para que la Mesa rectifique, "abra los ojos e impida la celebración del encuentro", es un buen "primer paso". A su juicio, los representantes políticos no deben tolerar que organizaciones ultras utilicen "una casa como la Cámara Alta, cueste o no cueste dinero, para hacer una cuña de su ideario", porque sencillamente supone una "validación de esos discursos". La red ultra está "abriendo una grieta en la democracia", para introducir unas proclamas contrarias al consenso social.

Comparte diagnóstico la senadora del BNG Carme da Silva. Cree que el acto no sólo es "una barbaridad", sino que "ataca directamente a los derechos de las mujeres que tanto costó conseguir". El hecho de que la red haya escogido el Senado "no es inocente", sino que se trata de entrar directamente en la sede del "poder legislativo y la voluntad popular", lo cual tiene una "carga simbólica muy importante". Todo ello, subraya la gallega, con la connivencia de los conservadores. "El PP debería recapacitar", sostiene.

Pero no todas las voces confían en la capacidad reflexiva de los conservadores. Para Kika Fumero, portavoz del movimiento Mi voz, mi decisión, la extrema derecha –no sólo la representada por Santiago Abascal, matiza la activista, sino también la de Alberto Núñez Feijóo– está lanzando un mensaje cristalino: "Están diciendo alto y claro lo que van a hacer una vez lleguen al gobierno". "En la medida en que se les permita, lo harán", sentencia. Y es ahí donde está el sentido de haber escogido una institución pública, a pesar de que "tienen dinero para poder alquilar cualquier sala que se les pueda antojar".

El periodista Miquel Ramos, autor del podcast Dios, Patria, Yunque, coincide. "El marco importa. Lo que han querido es conquistar un espacio, meterse en el corazón de la democracia. Es muy simbólico, pero es también una provocación".

Dar la batalla

¿Hay cabida para un debate en torno al aborto en las instituciones? Antonelli apuesta por marcar "líneas rojas" claras. "Estamos hablando de un derecho legislado, consagrado y que ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional". La red ultra que aterrizará en dos meses en Madrid, opina la senadora, "no viene a debatir, sino a propagar el odio". 

Tampoco duda la senadora nacionalista a la hora de cerrar la puerta a las voces ultra. "Una cosa es libertad de expresión, otra es ir a las Cortes Generales a posicionarte en contra de los derechos fundamentales. El PP está usando el Senado como una extensión de su partido, poniendo en la agenda el cuestionamiento del derecho de las mujeres a decidir".

Fumero reconoce ciertos recelos a la hora de limitar los debates, pero sostiene que el fondo del asunto es "muy serio". "Aquello que promueva una merma en derechos fundamentales y libertades", no debe tener cabida en el debate público, defiende la activista. 

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Ramos no termina de compartir la vía del veto como respuesta a las pretensiones de la red internacional. Lo explica: "Hablamos de una organización legal que ha usado las vías legales y que tiene no sólo el aval del Partido Popular, sino también del Partido Socialista. Es muy difícil pedir que lo prohiban", reconoce. Pero además, el periodista se pregunta qué criterios se deben poner sobre la mesa para justificar la cancelación del acto. Según los parámetros escogidos, reflexiona, existe el riesgo de que "la derecha argumente lo mismo cuando se haga un acto con el que no esté de acuerdo".

Así que más allá de los cauces formales y técnicos que ofrecen las instituciones, el periodista apuesta por dar la batalla en otros frentes. Para empezar, detalla, "hay un Gobierno que es de izquierdas" y que más allá de "pedir que se prohíban actos, puede promover que haya otros veinte en sentido contrario". Si la respuesta se limita a pedir la prohibición, "olvidando además que ya hay partidos legales en este país que defienden lo mismo que la red antiabortista", se cae en el riesgo de renunciar a "una ofensiva cultural, política y activista para hacer frente a la ola reaccionaria".

"Estamos viendo cómo las fuerzas reaccionarias están gobernando", prosigue el investigador, los grupos fundamentalistas tienen "músculo social y son capaces de reunir a miles de personas en sus movilizaciones". Existe una "masa social muy fiel y muy activa en ese entorno", pero además también "hay muchísimo dinero". Organizaciones como Hazte Oír, el Yunque y otras entidades ultracatólicas de distinto signo "llevan años asentadas" y componen ya un "lobby fundamentalista híper financiado". Ante esta coyuntura, el periodista se pregunta "qué más pruebas necesitamos para ver que hay que rearmarse". Fumero deposita su confianza en una alianza internacional que organizaciones como la suya empiezan a construir en defensa de los derechos fundamentales. "Tenemos fuerza, tenemos redes entre nosotras y tenemos puentes con formaciones políticas a nivel europeo", sentencia, "así que nos tendrán enfrente".