Rueda rescata con 300 millones cuatro autovías de Feijóo en las que la Xunta pagaba de más a las concesionarias
Hace exactamente un año, el Consello de Contas (equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas) hizo público un informe en el que desvelaba que la Xunta está pagando de más por tres de las cinco autopistas con peaje en la sombra que proyectó o adjudicó Alberto Núñez Feijóo como conselleiro de Manuel Fraga o como presidente del Gobierno gallego. Ya entonces, el actual presidente, Alfonso Rueda, había avanzado que "lo ideal sería un rescate" de las autopistas y este lunes ha confirmado esa decisión para la AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión.
Por las cuatro autopistas, la Xunta tenía que pagar unos 625 millones de euros hasta el final de sus concesiones, que estaba previsto entre 2035 y 2040. Sin embargo, ahora va a pagar 297 millones a las cuatro concesionarias para rescatarlas y ahorrar así a las arcas públicas en los próximos años unos 330 millones, según calcula la conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que rechazó cuantificar la indemnización de las empresas por su lucro cesante y se limitó a asegurar que el rescate será "de mutuo acuerdo".
Las cuatro autopistas que ahora va a rescatar la Xunta se planificaron con peajes en la sombra cuando Feijóo era conselleiro de Fraga. Él mismo pasó a adjudicar en 2005 las de Santiago-Brión (a Dragados, Extraco y Francisco Gómez e Cía) y Salnés (a Copasa, Puentes y Caixanova), dejó licitada con esa fórmula la de Barbanza que acabaría adjudicando en 2006 el gobierno de PSdeG-BNG (a Sacyr e Caixagalicia) y adjudicó en 2008, ya como presidente, la de Celanova (a Copasa y Extraco).
Se trataba de unas infraestructuras cuya construcción material, acometida inicialmente por las concesionarias, costó unos 330 millones de euros, pero por las que la Xunta tiene que pagarles un cánon anual, que también incluye el mantenimiento, y que en este 2024 ascenderá a unos 45 millones de euros. Un modelo de contratación que "no era eficiente porque se podían conseguir resultados equivalentes a un coste menor", afirmó el Consello de Contas.
Una vez las autopistas entraron en servicio, fueron los gobiernos de Feijóo quienes gestionaron diversas incidencias que se estaban produciendo con las concesionarias y acordaron renegociar al alza con varias de las empresas sus condiciones económicas. Acuerdos que Contas consideró negativos para las arcas públicas porque la Xunta está pagando más de lo que debería por las infraestructuras.
El organismo supervisor puso el foco en la decisión de la Xunta, a mediados de la década pasada , con Feijóo como presidente y Agustín Hernández como conselleiro de Infraestructuras, de renegociar tres de las cinco concesiones (O Salnés, Barbanza y Celanova) "porque el tráfico estaba siendo inferior a lo previsto", lo que supuso que "los pagos realizados a las concesionarias aumentaron en 205 millones de euros". Contas llegó a considerar más beneficioso que la Xunta dejara quebrar, en aquel momento, las empresas que su decisión de renegociar al alza las concesiones.
Así, Contas recomendó a la Xunta revisar los acuerdos de reequilibrio con las concesionarias y limitar los pagos "a las cantidades indispensables para asegurar la viabilidad financiera de los contratos", ya que según sus cálculos "hay posibilidades de reducir las tarifas que paga la administración" y generar ahorros en los presupuestos públicos por valor de al menos 44 millones de euros".
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Tras conocer hace un año las conclusiones del Consello de Contas, el propio Rueda valoró que "lo ideal sería poder llegar a un rescate de esas concesiones", pero lo condicionó a la "capacidad económica" de la Xunta. Y ahora su Gobierno está dando ese paso, asegurando que el rescate ahorrará al Gobierno 330 millones hasta el final de las concesiones, unos 30 millones al año. Una vez rescatadas, tendrá que ser la Xunta la que asuma el coste del mantenimiento de las infraestructuras que hasta ahora corre a cargo de las concesionarias.
En cambio, el rescate no llegará a la quinta autopista de peaje en sombra, la de Costa da Morte, la más cara de las cinco que tiene la Xunta. Aún sin terminar, el Gobierno gallego se ha comprometido en ella unos 30 millones anuales hasta 2038.
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