Regresar del éxodo o no: el dilema de las empresas que se fueron de Cataluña en la nueva etapa postprocés
Siete años atrás, la decisión de La Caixa y Banc Sabadell de trasladar su sede social fuera de Cataluña provocó un efecto llamada al que le siguieron como mínimo 4.500 empresas. De momento, CriteriaCaixa ha confirmado a infoLibre que no está sobre la mesa cambiar su sede social, que se encuentra en Palma de Mallorca, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, descartó el pasado abril el traslado de la del otro banco catalán. No obstante, la experiencia ha demostrado que estos traslados se efectúan sin aviso previo. Es el caso de los laboratorios Ordesa, otra empresa catalana que devolvió la sede social a Cataluña, la información se publicó directamente en el Boletín del Registro Mercantil a finales de octubre y en el caso de cementos Molins, la empresa envió una comunicación aséptica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El retorno de la sede social de la empresa cimentera Molins coincide con el cambio de etapa política, social y económica que demuestran los datos demoscópicos del Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).
Los resultados del último barómetro de otoño arrojan tres conclusiones de un cambio de etapa, según el analista político y profesor de la Universitat de Girona, Mario Ríos. Por un lado, que quienes están a favor del diálogo para defender los intereses de Cataluña son más (85%) que quienes están a favor de una opción de tensión y confrontación (51%). Por otro lado, suben quienes valoran positivamente la situación política en Cataluña. Un porcentaje que se ubica por primera vez en años a niveles previos a octubre de 2017 (21%). Finalmente, el gobierno de Illa cuenta con una aprobación bastante transversal, lo aprueban votantes socialistas, de ERC y de Comuns, y los del PP se quedan a las puertas de aprobarlo.
Ríos considera que “el retorno de la empresa Molins se puede ligar con la normalidad que estamos viendo en los datos demoscópicos” porque la sociedad catalana ha entrado en “una fase de no conflicto, de acuerdo, de negociación y hay más confianza en el nuevo gobierno”. El politólogo considera que los cambios de tendencia de este último barómetro son relevantes porque se producen tres meses después de la investidura de Illa y recogen “el cambio de etapa social” postprocés.
Las presiones a empresas durante la etapa del procés
El éxodo empresarial de Cataluña incluyó a grandes nombres como CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Colonial o Abertis, entre otros. En ese momento, muchas, como la cimentera Molins alegaron “inseguridad jurídica” para justificar el cambio de su sede social. Pero el éxodo no sólo lo incentivó la inestabilidad política del referéndum y las leyes de desconexión que se promovieron en el parlamento catalán, también fue fruto de la presión de representantes del Estado como desveló en 2018 el Diari Ara.
El rey Felipe VI se involucró en las presiones a las grandes multinacionales, en las que el periódico catalán también ubica a ministros del gobierno del PP. El hecho que empujó a los dos grandes bancos catalanes, La Caixa y Sabadell, a cambiar su sede social fue la retirada del efectivo por valor de miles de millones que empresas estatales tenían depositados en ambos bancos. Unas cantidades que, aunque no se conocen con exactitud, se apunta que se devolvieron cuando las sedes sociales se reubicaron.
Fue precisamente el éxodo de estos dos grandes bancos el que empujó a muchas otras grandes empresas a hacer el paso de cambiar también su sede social, un hecho que generó un fuerte impacto político. Ahora el gobierno catalán ha querido capitalizar el retorno de la cimentera Molins para reforzar su gestión económica y política. Salvador Illa aseguró en redes sociales poder “abrir una etapa de avances”. Durante un acto con Foment del Treball aseguró que la noticia de que Molins haya devuelto su sede social a Cataluña es el indicador del “estado de salud” de la economía catalana, y añadió que su gobierno “continúa trabajando para que Cataluña sea de nuevo motor económico de España y de Europa en beneficio de todos”.
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Uno de los acuerdos entre Junts y el PSOE para la investidura de Sánchez fue promover el retorno de sedes de empresas a Cataluña. Posteriormente, la formación de Puigdemont concretó la exigencia arrancando a principios de año el compromiso del PSOE de reformar la ley de sociedades de capital. La formación independentista quiere que el domicilio fiscal de las organizaciones se vincule con el territorio dónde ejercen su actividad principal. El partido de Puigdemont habló entonces de “estímulos jurídicos para que vuelvan”.
La intención es revertir el efecto del Real Decreto de 2017 que Luis De Guindos creó ad hoc para que fuera el consejo de administración de La Caixa y de las demás empresas catalanas. El decreto permitió que fueran los consejos de administración quienes pudieran escoger dónde querían ubicar la sede social de la empresa sin que tuviera validarlo la junta de accionistas, como exigía la ley. Aunque de momento la reforma que acordaron Junts y PSOE aún está por concretar.
Por su parte, la consejera Romero aseguró tras la noticia de Molins en un encuentro con empresarios en el Barcelona Financial Hub que la voluntad del gobierno catalán es “seguir generando las condiciones” para que otras empresas también retornen su sede social como ha hecho la cimentera. Para ello remarcó que la apuesta para promoverlo es generar estabilidad política, seguridad jurídica y buena gestión de los recursos públicos, y recordó estar “dando estabilidad al país y mirando más allá”.
